¿Hacia dónde va el barco España

¿Hacia dónde va el barco España?

Si observamos, como simples espectadores, las noticias que los medios de comunicación españoles proclaman a los cuatro vientos desde las elecciones de julio, podemos concluir con rotundidad que las posturas que unos y otros defienden están totalmente enfrentadas y parece que no va a cambiar durante la legislatura.

La investidura sí ha sido legal, puesto que en España un Presidente se elige por mayorías en el Congreso de los Diputados, otra cosa distinta será la posible inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y las que vengan detrás, que si se llegasen a aprobar, serán recurridas de inmediato por aquellas Instituciones del Estado no controladas todavía por el Ejecutivo y por otros estamentos españoles y europeos con consecuencias más que previsibles, puesto que nuestro Ordenamiento jurídico pondrá toda su artillería legal para contrarrestar este despropósito.

Pero no quiero hablar de política, sino de como esta investidura puede afectar a los ciudadanos y a las empresas, porque según el Plan Presupuestario 2024 enviado a Bruselas, se planea un incremento en 14 impuestos para 2024, buscando ingresos adicionales a través de diversas medidas fiscales. Algunos de ellos son:

1. Aumento de los tipos en ganancias patrimoniales
2. Cambio en las reglas de las cuotas de autónomos
3. Ajustes a nivel regional del impuesto sobre la Renta de las personas físicas
4. Limitaciones en la compensación de pérdidas en grupos empresariales
5. Aumento de la Tasa del impuesto especial sobre electricidad (5,11%) así como el fin de exenciones sobre la producción de energía eléctrica
6. Cambios en las contribuciones a la Seguridad Social
7. Eliminación de ciertos gastos, deducibles hasta ahora en el impuesto de sociedades, así como la subida de 5 puntos en la repatriación de ganancias.
8. Impuesto a los ricos, en realidad por encima de los 60.000 euros brutos/año, así como el incremento de 1 punto en el Impuesto sobre patrimonio.

… entre otros muchos.

También hay que mencionar que en la legislatura pasada se crearon nuevas imposiciones como la Tasa Tobin (para operaciones financieras), la Tasa Google (para servicios digitales) o modificaciones como el impuesto sobre envases de plástico no reutilizable, o la subida del 10 al 21% en el IVA de bebidas azucaradas y edulcoradas… entre otras.

Se legisla sin ningún análisis serio y previo que proyecte las consecuencias que cada medida pueda ocasionar, sino a golpe de Decreto, y a la vista de las últimas normas sancionadas, podríamos afirmar que el legislador sencillamente carece de oficio.

El discurso de investidura parecía más una carta a los Reyes Magos que una propuesta seria y acorde a nuestra realidad económica actual: Más Bono Joven, habilitar 183.000 viviendas públicas (que ya suena a coña), transporte público gratuito para menores, jóvenes y desempleados, viajes gratis para jóvenes, subida del SMI un 12% cada año (lleva ya un incremento acumulado importante), reducción de la jornada laboral, ajuste de las pensiones al IPC, más medidas acerca de los créditos con garantía hipotecaria, … y mil ocurrencias más, siempre terminando con “este Gobierno no deja a nadie atrás”, “comprometido con las clases trabajadoras” y demás sandeces.

En materia de flexibilización de la jornada y su reducción inmediata, quieren pasar de las 40 horas actuales a 38,5 horas semanales en 2024, 37,5 horas semanales en 2025 y de 32 a 35 horas semanales al final de la próxima legislatura, eso sí, sin reducción salarial. El impacto sobre la productividad industrial será letal, parámetro que viene cayendo en la última década y es uno de los principales talones de Aquiles de la economía española.

La realidad económica española es que la previsión de crecimiento ha bajado 2 puntos en dos meses y se fija en el 1,7, que nuestra Deuda absoluta es de 1,5 Billones de euros convirtiendo el coste de los intereses en una espada de Damocles, que el impacto fiscal ha subido 5 puntos sobre PIB, que la inversión extranjera ha bajado un 26% durante este año precisamente por el escenario de incertidumbre y esto si es una mala noticia porque estas inversiones atraen empleo, desarrollo tecnológico, mejora la competitividad…, que España ha pasado al Club de los países pobres de la Unión Europea, al bajar nuestra Renta per cápita por debajo del 90% de la media europea, que 19 millones de personas están recibiendo ayudas del Estado, lo que convierte a nuestro país en dependiente, subordinado y adicto al papá Estado que sigue proporcionando las paguitas, esas de las que tanto presume el Gobierno.

Una subida indiscriminada de impuestos (un 7,7% de media) provoca, con toda certeza, una reducción de la recaudación además de propiciar la economía sumergida.

Para concluir, cuantas más ayudas públicas estés obligado a ofrecer a los ciudadanos para que te respeten, más te desacreditas como Ejecutivo, demostrado tu fracaso como gestor de lo público. Favorecer una situación de estabilidad, un marco jurídico seguro y trasparente debe ser la misión de un buen Gobierno. Lo demás sólo es demagogia.

José María Marco

Seguridad Jurídica: Maldita locura…

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Seguridad Jurídica: Maldita locura…

Tiempo de lectura: 4 minutos

Mucho se está hablando del traslado de la Sede Social de FERROVIAL a Países Bajos, pero debemos recordar, que el referéndum de independencia celebrado en Cataluña de forma ilegal, provocó que un total de 3.208 compañías, de manera inmediata, decidieran trasladar sus domicilios sociales a otros puntos de España: CaixaBank (a Valencia),  Banco de Sabadell (a Alicante), Gas Natural FENOSA (a Madrid), Abertis (a Madrid), Catalana Occidente (a Madrid), …etc., y un sin fin de pequeñas empresas a poblaciones limítrofes en Aragón, por la incertidumbre que generan las decisiones políticas en la economía real.

Las operaciones económico-financieras, exigen un alto grado de confianza acerca del contenido de las leyes y de su aplicación por los jueces. Esto es lo que llamamos “Seguridad Jurídica” y es una condición indispensable para que la economía de mercado pueda desarrollarse con equidad y genere prosperidad en la sociedad.

Si consultamos los índices internacionales sobre “Seguridad Jurídica”, éstos sitúan a España como un país con exceso de normas muy cambiantes y de mala calidad y con una deficiente jerarquía jurisdiccional en el terreno legislativo por la presencia de fallos estructurales. A eso debemos añadir también la lentitud de la Justicia, su escasa independencia y la ineficacia en la ejecución de sus sentencias.

Me refiero a temas como: a) la falta de protección que sufren los derechos de propiedad, derivada de los cambios legales y de regulación, que superan los criterios racionales imperantes tanto en la Unión Europea como en el ámbito internacional, p.e. desahucios, ocupación ilegal de viviendas; b) la contratación privada, interferida por el sistema judicial excediéndose en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales por un exceso de normas “imperativas” (de obligado cumplimiento) y un déficit de reglas “dispositivas” (de libre incorporación a los contratos) que favorecerían las operaciones y reducirían los costes contractuales; c) una muy baja calidad técnica de las leyes, que se multiplican sin sentido y cambian  muy rápidamente y de manera inesperada; y d) el funcionamiento de la Justicia, por su lentitud, pero sobre todo por las sentencias que vemos cada día con más frecuencia, basadas en el criterio de “justicia de redistribución” o “justicia material” donde se incorporan ‘nuevas reglas’ orientadas a proteger a la “parte más débil” en contratos ya existentes, poniendo en peligro, – al romper el principio de “pacta sunt servanda” -,  la suscripción de futuros contratos de similares características que soportarían las personas a las que se pretende proteger.

            A título de ejemplo de ayer mismo, IPGSoft envió a nuestros clientes un comunicado sobre la finalización del KIT Digital para uno de los segmentos que finalizaba el próximo 15 de marzo de 2.023. Pues bien, una hora después de enviarlo, recibimos un comunicado como Agentes Digitalizadores, donde nos indicaban que el plazo ahora se extiende hasta el 31 de diciembre de 2.024. ¿Cómo es posible esta modificación con tan largo horizonte temporal? ¿A qué reglas obedece?

            Bajo este escenario es imposible planificar ni tan siquiera a un año en el mundo empresarial, ya sea desde el punto de vista contable, fiscal, laboral o financiero.

            Los economistas de empresa, desgraciadamente, estamos pasando de ser “Consultores en planificación fiscal” a “Expertos en cumplimiento normativo”, por la diarrea normativa contradictoria existente.

            Es vergonzoso que varios miembros de un gobierno como España, e incluso el propio presidente, señalen a empresarios con nombre y apellidos de una manera tal vil, cuando las empresas cumplimos con la normativa exigida, contratamos con empleados, con clientes, con proveedores, con otros terceros, pagamos nuestros impuestos sin rechistar, aceptamos la tan debatida “carga de la prueba” en las Notificaciones por Requerimientos de la Agencia Tributaria, nos adaptamos a Sedes Electrónicas de todo tipo, …etc.

            Pero las empresas, sobre todo, se deben a sus socios, que somos quienes invertimos nuestro capital y ponemos los medios necesarios con la sana intención de generar Riqueza (INNOVACION->INVERSION->EMPLEO->PIB-> RENTA), que en definitiva es la que se redistribuye económica y socialmente. Esa si es nuestra responsabilidad, pero jamás he visto en mi larga experiencia profesional ningún Estatuto Social donde aparezca como objeto social de la empresa, el “Patriotismo”. Si así fuese, seguro que como objeto social de una empresa, sería un concepto totalmente contrario a como lo percibe y lo concibe este Gobierno.

José María Marco Lázaro

Algunas consideraciones, para no cambiar el nombre a una calle

Hace ya muchos años, me refiero a 1.982 – bueno casi mejor 1.983 – un cambio democrático de Gobierno ya dejó ‘patas arriba’  el callejero del Estado Español. Y no me pareció del todo mal, puesto que efectivamente las calles que aparecían en nuestros pueblos y ciudades habían sido impuestas por el régimen ganador de una contienda civil. Hoy, tras una larga andadura democrática, estas medidas populistas que algunos grupos políticos están poniendo de moda, me parecen más que otra cosa, sintéticas, y traen consigo  consecuencias.

A título de ejemplo, consideremos que debería hacer una empresa ante estas medidas:

– Acudir a la imprenta para sustituir tarjetas de visita, folios, sobres, catálogos, carpetas, …etc.

– Modificar la dirección en la página web, catálogos digitales, pies de firma de emails y cuentas de correo.

– Si estamos antes una mercantil, debemos acudir a Notaría para cambiar el domicilio social.

– Comunicar cambios a la Tesorería y a la AEAT

– Por supuesto comunicarlo a todos los clientes y proveedores

Me he limitado sencillamente al impacto directo que tiene sobre las empresas, porque nuestros navegadores, sin los que, al parecer, ahora no podemos ni salir de casa con el coche, también tendrán que actualizar sus ‘nombres de las calles’…. entre otras muchas cosas.

Obviamente todo esto, no es gratuito, pues además del tiempo invertido, que nunca sobra, va a tener un coste que hay que afrontar, sencillamente porque algunos ha tomado esa decisión de manera arbitraria, y sin medir las consecuencias … que afectan siempre a ‘otros’, bueno mejor dicho, a los mismos de siempre.

José María Marco L.

Los Gestores de lo Público

Cada vez se habla más de los gestores públicos, abundando en la idea de lo bien que lo hacen los que lo hacen bien. Y la pregunta es: ¿Pero lo pueden hacer mal?

Quería dejar algunas sencillas reflexiones, aunque haya mucho de que hablar sobre el tema.

En primer lugar, un gestor de lo público, gestiona una sección, departamento o empresa pública que en principio  cuenta con una asignación de ingresos predeterminada, y a la vez maneja un presupuesto de gastos conocido. ¿Que puede salir mal? Se trata sencillamente de ejecutar un plan llevando a cabo un exigente Control de Gestión, que debería estar protocolizado de antemano. A pesar de todo ello, hay muchos responsables que lo hacen fatal, generando deficit inexplicables. Obviamente esos deficit no se solucionan con préstamos contra los accionistas, o con despidos de directores o responsables, sino sencillamente con un mayor presupuesto asignado en el ejercicio siguiente. A los Tribunales de Cuentas, tanto nacional como territoriales, compite auditar a los gestores de lo público.

Otra cosa muy distinta son los directivos y gestores de empresas privadas. También cuentan con presupuestos de gastos y de ingresos. Los gastos si son concocidos, pero los ingresos hay que conseguirlos día a día. En este caso, si se puede hablar de éxito en la gestión cuando se consiguen los objetivos planteados o de fracaso cuando esas metas no son alcanzadas, pero con consecuencias muy diferentes a las mencionadas en el caso de los gestores públicos.

 

 

Acerca del Estado de las Autonomías…

Ayer por la tarde, en el programa “Pulso Empresarial” de Gestiona Radio, aprovechando mi visita a Madrid, tuve la oportunidad de participar como  contertulio. Varios fueros los temas sobre los que tratamos, pero uno de ellos fue la masiva participación catalana el día de la Diada. Quiero dejar algunas reflexiones personales.

Desde que entró en nosotros la “crisis”, voces por doquier hablan de los desmanes de esos ‘reinos de taifas’ que son las autonomías, acusándolos del origen de todos nuestros problemas.

Nuestra Constitución explica con todo tipo de detalles como se configuró este sistema (seguramente el menos malo para contentar al ‘monstruo nacionalista’) encuadrado entre el modelo Federal alemán (10 estados o länder ) y del modelo Regional italiano (20 regiones, 5 con estatuto especial).

Todas las provincias, sin ninguna obligatoriedad, agrupadas con otras o de forma individual, accedieran a esta Autonomía jurídico-política, y además no partieron inicialmente con las mismas competencias.

Nuestro sistema autonómico, por sí mismo es bueno, quizás no lo sea la gestión que nuestros gobernantes han hecho del mismo, pues en ningún caso se está cumpliendo la Constitución. Y no voy a citar los artículos que se incumplen, que son varios y algunos, muy graves, objeto incluso de recurso de amparo ante el  Tribunal Constitucional, por tratarse de quebrantos de derechos fundamentales y libertades públicas.

El Artículo 2 de nuestra Constitución, dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”

Mi pregunta es ¿Solidaridad?, ¿Cuántos códigos penales hay?, ¿Qué han hecho los Gobiernos de la Nación durante estos casi 35 años para ceder ante lo que estaba pasando en las distintas nacionalidades y regiones?, ¿Por qué no se hizo, ni se hace, nada cuando son nuestros gobernantes autonómicos los primeros que incumplen normas constitucionales de manera habitual?

Esta dejación de obligaciones del Gobierno Central, durante tantos años, ha hecho que algunas autonomías hayan actuado como la carcoma sobre la madera. Ahora, ya no hay marcha atrás y todo el edificio está destrozado por la ‘quera’, que decimos en Aragón.

Cada Comunidad Autónoma está en la carrera de conseguir el máximo del Estado, pasando por encima de otra si es necesario y a cualquier precio. ¿Dónde queda el artículo 139 de la Constitución Española, que en el punto 1, dice: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.” O el artículo 158.2:” Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad se constituirá un Fondo de Compensación …..”

Debemos seguir preguntándonos: ¿Qué sentido tienen estas instituciones u órganos en las comunidades autónomas: Defensores de Pueblo, Tribunales de Cuentas, Consejo Económico y Social, Agencias Tributarias, Consejos de Justicia, Consejos Generales, similares al Consejo de Estado, Consejos Audiovisuales, … si también están a nivel estatal?

Se trata por tanto, no de criticar el sistema autonómico sin más, que a buen  seguro es el menos malo, sino de replantear de una manera seria las  funcionalidades, a nivel de la titularidad de competencias, que tienen los ejecutivos Central y Autonómicos y evitar estas duplicidades en organismos e instituciones. No debemos olvidar que las competencias que tienen las Comunidades Autónomas son enormes, y para ello deben disponer, lógicamente de recursos financieros.

Con respecto a los famosos y temidos recortes, por supuesto que soy partidario del «equilibrio presupuestario», pero recomendaría formularlo (como hacemos los responsables de Control de Gestión en tiempos de ajustes ) con los criterios del Presupuesto de Base Cero. Claro que es más complejo, pero sin duda también más justo y en concordancia con el principio de eficiencia en la asignación de recursos. La formulación del Presupuesto Convencional, tan mayoritariamente aplicado por los ejecutivos Estatal y Autonómico, no conseguirá los objetivos buscados.

El Estado debe ejercer su función de control ante las Comunidades Autónomas y no temblarle la mano, ante situaciones como las que estamos viviendo actualmente. Para ello dispone del art. 161.2 y de las leyes de Armonización (150.3)

José María Marco Lázaro

El Impuesto de Patrimonio

Mucho se está hablando estos días de la recuperación del Impuesto de Patrimonio por algún político de relieve nacional.

Creo que debemos dejar claras una serie de puntualizaciones:

1. El Impuesto de Patrimonio es un impuesto CEDIDO a las Comunidades Autónomas.
2. Es difícil recuperar aquello que todavía no está derogado, pues a fecha de hoy sigue VIGENTE.
3. El Gobierno Central lo que sí hizo fue, con la mayoría en las Cortes obviamente, BONIFICAR un 100% la cuota íntegra en el año 2008, potestad que si tiene el Gobierno Central, dentro de ese reparto de competencias.
4. El Gobierno Central no puede establecer mínimos exentos o incluso variar  los tipos de gravamen, ya que son competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas.

Con estos condicionantes, ¿por qué hacer tanta demagogia si son las propias Comunidades Autónomas quienes tienen las principales competencias para actuar sobre ese impuesto?

¿Cómo va a modificar – si no puede- los parámetros del impuesto para hacer tributar sólo a los más ricos, dejando a las llamadas ‘clases medias’ – posibles votantes- exentos?

NO COMMENT!

Sobre imbéciles y malvados

Os dejo un magnífico artículo de Arturo Pérez Reverte, de su sección Patente de Corso, que me parece una perla del peridismo ya no sólo por el uso de un vocabulario rico, fluido y exacto a la hora de expresar, que para nada envidia al mejor Don Francisco de Quevedo de sus primeros tiempos en sus opúsculos burlescos, sino a la hora de exhibir un ingenio sinigual en la narrativa.

Ahí va el enlace a su blog:

http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/617/

¡Un placer poder compartirlo …!

Fuente: perezreverte.com

La Reforma de la Constitución. Regulación

La Reforma de la Constitución. Regulación

Durante estos días, estoy escuchando verdaderas sandeces con respecto a la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución. Y lo que más me molesta, en realidad, es que algunos de los famosos ‘contertulios’ de radios y televisiones sean tan atrevidos (por no decir ignorantes) que ni siquiera sepan cual es el procedimiento legal para llevar a cabo una reforma en nuestra Constitución.

Intento resumir en cuatro puntos cómo funciona la reforma ordinaria de nuestra CE.

1. La reforma de nuestra Constitución se regula en los artículos 166 al 169.
2. La iniciativa la puede tomar: El Gobierno, el Congreso de los Diputados y el Senado. También pueden promover una reforma constitucional las Comunidades Autónomas, pero nunca una iniciativa popular, ya que no está previsto.
   1. Si la iniciativa la adopta el Congreso, debe suscribirse o bien por 2 Grupos Parlamentarios o por 1/5 parte de los Diputados.
   2. Si es el Senado, quien la promueve, serán al menos 50 Senadores los que suscriban la proposición, siempre que no pertenezcan al mismo Grupo Parlamentario.
   3. Se exige MAYORIA de 3/5 tanto en el Congreso como en el Senado para aprobar dicha iniciativa. Si no se consigue, termina el propósito reformador.
   4. El referéndum será necesario si así lo solicitan la DECIMA parte de los miembros de cualquier Cámara dentro de los 15 días siguientes a su aprobación.

NO ACUERDO: En el caso de que no haya acuerdos entre las dos Cámaras,  se creará una COMISION paritaria de Diputados y Senadores que presentará el texto a dichas Cámaras que tendrán que aprobarlo mediante MAYORIA de 3/5, salvo en el caso de que el Senado lo aprobase por mayoría ABSOLUTA. En ese caso, el Congreso necesitaría una mayoría de 2/3 para aprobar la reforma.

Existe también el llamado procedimiento agravado, (Revisiones totales o parciales extraordinarias) que no afecta a la reforma objeto de estudio.

No hay más.

PD.- A algunos contertulios: “Si vas a la radio o a la televisión para hablar de un tema concreto y no sabes de qué va, pues te quedas en tu casita”. (A no ser que te paguen por mentir)

José María Marco Lázaro

Nuevo Artículo 135 de la CE (¿?)

Así es como va a quedar la reforma acordada por los portavoces de  PSOE y PP. No se si pensar que es una broma pesada o ……..

Vean:

El artículo 135 de la Constitución Española queda redactado como sigue:

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias. Disposición adicional única.

Disposiciones adicionales

1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.
2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.
3. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.

Disposición adicional única.
La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España”.

No comment……

Pero por cierto, ¿qué dice actulmente este articulo 135?:

Artículo 135.

1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir

Deuda Pública o contraer crédito.

2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de

la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el

estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de

enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de

la ley de emisión.

 

 

Nuestros nuevos Cargos Públicos

Nuestros Cargos Públicos

Ayer tomaron posesión nuestros nuevos cargos públicos. Son impresionantes las ganas que tienen algunos ciudadanos por “prestar servicio” a la sociedad, sabiendo de antemano que tanto las Comunidades Autónomas como las Corporaciones Locales están “en las últimas”, por no decir absolutamente arruinadas y qué gestionar en estos momentos es una auténtica aventura.

Desde el día 23 de mayo han tenido lugar las reuniones de rigor para ver como se reparten los “sillones” en cada una de estas corporaciones. ¿Qué primará en estos acuerdos, el bien común o su propio interés?

No debemos olvidar nunca que la sociedad está orientada hacia el bien de las personas que la forman: «La sociedad es para las personas, no las personas para la sociedad«. Que la estructura política que unifica una sociedad es el Estado, el encargado de hacer realidad ese bien común con la cooperación de todos los ciudadanos. Decía Maritain respecto al Estado: «Aquella parte del cuerpo político cuyo peculiar objeto es mantener la ley, promover la prosperidad común y el orden público y administrar los asuntos públicos«. ¿Tienen esto claro todos nuestros cargos públicos que tomaron posesión ayer?

Durante los años de bonanza, se han dedicado a realizar grandes inversiones faraónicas, algunas de ellas sin motivo aparente, que nos obligan hoy a mantener gasto corriente por encima de lo deseado y por tanto menos margen de maniobra a la hora de diseñar los presupuestos futuros.

¿ Cómo me recuerdan a los cargos públicos de las Magistraturas Romanas durante la República? Igualito. El cargo se desempeñaba de forma gratuita, incluso en algunas ocasiones gravoso para ellos. Es cierto que gozaban también de ciertos servicios gratuitos. Con respecto a la responsabilidad, no podían ser demandados durante el mandato, pero al salir, además de jurar haber cumplido legalmente con sus obligaciones asumían la responsabilidad por los actos lesivos realizados. Vamos, como ahora. Destrozan una ciudad o una comunidad, la dejan absolutamente arruinada y se van “de rositas” sin nada que hacer y encima con un sueldo, si no vitalicio, casi,  que asusta.

Y tadavía hay quien dice que están muy mal pagados y que esa es la razón por la que no entran personas más válidas en la vida pública. ¡Vamos, hombre!

Hay que decir que no todos los políticos son así. Julio Anguita, hace más de 7 años renunció por escrito a la paga de pensión máxima vitalicia a la que tenía derecho como ex-parlamentario, argumentando que “con la pensión que le correspondía como maestro tenía bastante”.

Un verdadero  ejemplo.

Foto: extremaduraprogresista.com

Reducción a 110 Km/hora, ¡De idiotas!

De verdad, ¿estamos rodeados de idiotas o es una sensación individual? Pero, esta tropa, ¿de dónde ha salido?

Os dejo las 65 razones de Alberto Artero http://twitter.com/albertoartero

pero seguro que podéis añadir otras tantas….Es un  disparate de tal magnitud que se cae por su propio peso.

1.     Porque los precios de los suministros van a permanecer estructuralmente altos.

2.     Porque, por tanto, los potenciales descenso de consumo pueden verse neutralizados por los aumentos de los costes de compra de energía.

3.     Porque la oferta de crudo de calidad es cada vez más escasa.

4.     Porque los nuevos yacimientos están sujetos a un mayor coste de extracción (fosas marinas) y a un mayor riesgo geopolítico.

5.     Porque alternativas como las oil sands canadienses tienen unos costes de refino asociados muy superiores.

6.     Porque algún productor notable como Rusia prefiere dedicar una parte sustancial de su producción a autoconsumo ante el crecimiento de su propia economía.

7.     Porque en un entorno de carestía de alimentos (en su doble acepción de elevado coste y escasez), la capacidad sustitutiva del biofuel es muy limitada.

8.     Porque la demanda ha crecido de forma radical con la incorporación de gigantes como India o China al universo capitalista.

9.     Porque además, especialmente en el caso chino, están llegando a acuerdos de petróleo por infraestructuras, gracias a su capacidad financiera, que les pueden permitir asegurarse el suministro preferente muchos años.

10.   Porque no es un problema de consumo el de España, sino de aprovisionamiento.

11.   Porque la medida no va acompañada de una política energética nacional que minimice la dependencia española del exterior.

12.   Porque el 81% del combustible que se gasta en nuestro país procede de importaciones.

13.   Porque urge, por tanto, diversificar las fuentes de energía.

14.   Porque se han perdido siete años negando la necesidad de ampliar un parque de nucleares que ahora se echa en falta. Y más teniendo en cuenta el largo proceso de implantación de infraestructuras de este tipo.

15.   Porque se ha hundido la oportunidad renovable por un problema de planificación insuficiente e incentivos excesivos.

16.   Porque la inseguridad jurídica creada por la retroactividad normativa ha paralizado la actividad en las energías alternativas.

17.   Porque su prelación en la estructura de precios ha expulsado del sistema a las centrales de ciclo combinado que funcionan a medio gas, nunca mejor dicho.

18.   Porque se sigue subvencionado el ineficiente y contaminante carbón nacional, el cierre de cuya minería sí que supondría un ahorro cierto para este país.

19.   Porque el efecto de la medida en términos de ahorro es residual, apenas un 3%.

20.   Porque hay muchas actuaciones sobre el lado de la demanda que tendrían un impacto muy superior al anunciado.

21.   Porque, por ejemplo, se podrían mejorar los procesos de generación ya que nuestra intensidad energética, o cantidad de energía para producir una unidad de PIB, es un 20% superior a la media europea.

22.   Porque, por ejemplo, se podría eliminar el modo latente en todos los dispositivos tecnológicos de hogares y oficinas.

23.   Porque, por ejemplo, se podría obligar, como hacen algunas corporaciones en sus sedes centrales, a un apagado general de luces a una determinada hora de oficinas e instalaciones con objeto de evitar que se queden lámparas encendidas.

24.   Porque son solo tres muestras de lo que se podría hacer, simplemente recogiendo las recomendaciones de expertos sobre la materia.

25.   Porque, recordemos, lo importante no es el uso de la energía en sí, sino su eficiencia en términos de mayor eficacia y menor coste.

26.   Porque centrarse en la velocidad y no en el vehículo es absurdo.

27.   Porque consume mucho más un coche antiguo que uno moderno.

28.   Porque el 13% de los vehículos existentes en España tienen más de 20 años.

29.   Porque el parque automovilístico español es el segundo más viejo de la UE tras Grecia.

30.   Porque un 40% de los coches, autobuses y camiones que van por nuestras carreteras tienen más de 10 años de antigüedad.

31.   Porque los últimos planes de renovación de flota han acabado en demandas administrativas o judiciales contra la Administración por parte de aquellos llamados a implantarlos.

32.   Porque el problema no está en las vías principales sino en las ciudades.

33.   Porque no es en las autovías y/o autopistas donde el consumo se dispara sino en la ciudad y o las carreteras secundarias.

34.   Porque se consume mucho más con marchas cortas que con marchas largas.

35.   Porque los atascos se concentran a la entrada y salida de las capitales de provincia o, puntualmente, en zonas costeras y de montaña, no en las vías rápidas.

36.   Porque no se ha adoptado ninguna medida seria de restricción del tráfico en las urbes, a la Londres por poner sólo un ejemplo.

37.   Porque las medidas en los grandes municipios son de tipo disuasorio, no obligatorio, como los parquímetros, con un claro afán recaudatorio.

38.   Porque no se ha abordado con claridad el problema del transporte de mercancías en España.

39.   Porque éste se realiza fundamentalmente por carretera, con incidencia directa sobre la demanda de carburante.

40.   Porque su limitación y/o reordenación sí que supondría un ahorro energético cierto.

41.   Porque, además, al reducir la congestión de tráfico que los camiones ocasionan, bajaría la factura del resto de los conductores y la demanda total.

42.   Porque con una iniciativa como ésta se evitarían gastos asociados al deterioro del firme de las carreteras más transitadas, otra fuente de reducción presupuestaria.

43.   Porque se ha ninguneado el ferrocarril como alternativa a favor de los fastos que rodean el AVE.

44.   Porque apenas hay pasillos ferroviarios que articulen el comercio interior y nos comuniquen con el exterior.

45.   Porque solo Irlanda y Grecia mueven menos toneladas por habitante y año que España a través de las vías férreas.

46.   Porque supone apenas el 3% del total nacional, la mercancía transportada por raíles. Del resto, la gran mayoría es camión.

47.   Porque esto provoca que nuestras exportaciones pierdan competitividad frente a las de otros países, que cuentan con un sistema de transporte por tren bien estructurado, debido al coste de combustibles y/o peajes.

48.   Porque pone de manifiesto la errática política de infraestructuras española.

49.   Porque la misma persigue conectividad y, por tanto, una rapidez que ahora se cercena.

50.   Porque de hecho, muchas autopistas/autovías nacen como alternativas a otras carreteras de buen diseño simplemente por esta finalidad.

51.   Porque la tendencia a nivel europeo es justamente la contraria, lo que nos aleja aún más de nuestros socios comunitarios.

52.   Porque cualquier inversión lleva aparejada un aumento de seguridad que chirría con una reducción paralela del límite de velocidad.

53.   Porque no es aquí donde se concentran los puntos negros sino en otras vías secundarias donde tendría más sentido tal restricción.

54.   Porque gran parte del “exceso de consumo” se deriva de la superación de los máximos fijados por lo que no tiene sentido reducir estos sino aumentar el control.

55.   Porque las nuevas tecnologías permiten establecer mecanismos de vigilancia y sanción de carácter extensivo.

56.   Porque la medida va a provocar un cambio de todas las señales de 120 existentes en la actualidad.

57.   Porque va a suponer un ajuste proporcional del resto de los límites establecidos, con revisión de toda la señalización de la red de autopistas/autovías española.

58.   Porque va a exigir un recalibrado de los radares existentes.

59.   Porque tal adaptación supone un dispendio innecesario en tiempos como los actuales.

60.   Porque, además, la medida no va a reducir el consumo en términos monetarios.

61.   Porque gran parte se concentra en tramos de menor velocidad, como ya hemos señalado.

62.   Porque gran parte de los desplazamientos en coche que se producen a diario en España son de trayectos cortos.

63.   Porque los que más consumen son los vehículos más antiguos y los camiones que difícilmente superan el límite de velocidad antes citado.

64.   Porque aquellos que superan tal restricción, lo van a seguir haciendo aún a riesgo de sanción y, por tanto, no les va a afectar.

65.   Porque, además, si IPIC ha comprado CEPSA es, entre otras cosas, porque la demanda en nuestro país es inelástica al mayor precio de los carburantes.

Fuente:   http://twitter.com/albertoartero

Sondeo del CIS de enero 2011

Sondeo del CIS de enero 2011

La intención de voto, situa al PP 10,1 puntos por encima del PSOE, pero los políticos suspenden todos y con muy poca nota……

Os dejo el documento completo. Merece la pena.

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Entrevista en RadioIntereconomia

Entrevista en RadioIntereconomia Zaragoza

Entrevista en Radio Intereconomia de Zaragoza, lunes 24 de enero, a las 12:45 horas, sobre:

«El Empresario/Emprendedor de Base Tecnológica«.

El programa lo dirije D. Olivier Vilain con la colaboración del Doctor Luis Ferruz, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza.

Escuchar entrevista (25 minutos)

¿Qué modelo de Estado queremos?

¿Qué modelo de Estado queremos?

Estamos soportando durante estos últimos meses subidas de impuestos de manera indiscriminada: Desde el incremento de las rentas del ahorro, a los impuestos especiales, pasando por la subida de más de un 10% en el impuesto de IVA, la disminución de la ayuda de los famosos 400 euros, o la desaparición del cheque bebé, medidas estas últimas que el Gobierno Central anunció a bombo y platillo, porque la crisis – todavía no reconocida en aquellos momentos e incluso retaba a Francia e Italia-  no afectaba a la economía española. Incrementos del IPT (Impuesto de transmisiones patrimoniales) o AJD (Actos jurídicos documentados) y cambios en los tramos autonómicos del IRPF por citar a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y si entramos en los Ayuntamientos que vamos a decir de las subidas a discreción del IBI. Madre mía que pandilla tenemos gobernando este país, que atrevida es la ignorancia o como diría el Conde Romanones: ¡Joder, qué tropa!…

Siempre que ha subido el impuesto del IVA, nunca ha vuelto a bajar. Este hecho nos hace pensar que el Estado en épocas de bonanza económica sigue recaudando muchísimo más de lo que necesitaría, pero ¿cómo se redistribuyen estos excedentes entre los ciudadanos?

Francamente, con los dirigentes que tenemos, escasos de experiencia en gestión, carentes de ideas y sin el más mínimo respeto al Estado, la INEFICACIA en la asignación de recursos está garantizada. ¿Qué no lo creen? Miren lo que decía una ex-ministra socialista de cultura, Carmen Calvo, en mayo de 2004: “Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie”. ¡Qué barbaridad!

Para conseguir objetivos diferentes hay que hacer las cosas de manera distinta. Hay que tener una estrategia, llevarla a cabo mediante tácticas e instrumentarlas a través de acciones que nos permitan logar esos objetivos previstos. No se puede gobernar a base de bandazos, y tomar las decisiones cuando el agua ya nos está llegando al cuello.

La subida de impuestos nos permite, es verdad,  dotar al Sistema de más recursos, permitiendo más intervención del Estado en la economía, pero ¿qué recibimos a cambio?

Es importantísimo y urgente negociar y/o debatir cual es o va a ser en un futuro próximo la dimensión del sector público que pretendemos tener en España antes de iniciar subidas de impuestos indiscriminadas.

Debemos asegurarnos de que nuestros impuestos, convertidos en Recursos para el Estado se gestionen de la manera más eficiente para conseguir unas prestaciones sociales realmente atractivas para el ciudadano. Hay que medir, hay que supervisar, hay que auditar la gestión que realizan nuestros representantes públicos, y si no aprueban el examen, pues ya saben: A la escuela de nuevo, si es que fueron o ‘a la p … calle’.

El paradigma del camionero

El pasado martes, 17 de agosto de 2010, Salvador Sostres, escribió un artículo en el Diario El Mundo llamado «EL PARADIGMA DEL CAMIONERO» . Francamente no tiene desperdicio.  Ahí os lo dejo … 

 El ministro Blanco ha dicho que España es un país donde los impuestos son muy bajos si tomamos en consideración los servicios sociales prestados. José Blanco es hijo de un camionero y de una costurera, nunca ha trabajado y lo único que ha hecho es medrar en el Partido Socialista hasta su actual cargo ministerial. No me extraña que crea que en España se pagan pocos impuestos para lo que proporciona el Estado. Entre otras cosas, porque las únicas circunstancias que conoce Pepiño son las de su padre camionero y las de su madre costurera, y las suyas propias, de empleado socialista. Seguro que los tres han pagado mucho menos de lo que han recibido a cambio. Por eso he pensado siempre que nadie se tendría que poder dedicar a la política sin haber demostrado alguna solvencia en la empresa privada. No tengo nada en contra de los orígenes humildes. Mi abuela crió a mi madre en una cocina, al no poderse permitir los dos alquileres, el del piso y el de la charcutería. Mi bisabuelo, republicano, conoció el exilio. Pero tú, Pepiño, ¿qué empresa has creado?, ¿qué puestos de trabajo?, ¿qué nómina has pagado? No es razonable poder ser ministro si no sabes de qué estás hablando, si jamás has sufrido por pagar los sueldos a fin de mes, si no tienes ni idea de la angustia que causa arriesgar lo que tienes -y a a veces hasta lo que no tienes- para poder defender tu negocio, tu sustento, el de tu familia y los famosos derechos de los trabajadores que, como todo el mundo sabe, los paga el empresario. ¿Tú quién te crees que eres, Pepiño Blanco? ¿Contra quién has empatado? ¿Qué beneficio has aportado a las arcas del Estado? ¿Qué sabrás tú de qué impuestos pagamos? Seguramente, en tu familia todas las declaraciones salieron negativas. Pero muchos ciudadanos que tienen que aguantar tus impertinencias indocumentadas no sólo pagan lo que cuesta la enseñanza pública, sino que además tienen que costear un colegio privado para sus hijos porque las sucesivas reformas educativas socialistas han sido siempre un desastre y se han cargado la escuela pública. Muchos de los ciudadanos que tú crees que pagan poco por lo que reciben mantienen viva la sanidad pública a la vez que tienen que contratar una mutua privada para no morirse de asco en las listas de espera. Eso, por no hablar de los absurdos impuestos con que especialmente las administraciones socialistas acribillan al empresario, poniéndole la supervivencia cada vez más difícil y más cara. Uno que en su vida no ha sido capaz de crear nada, no tendría que tener permitido el acceso a la política. Si los medradores y los jetas pueden llegar a ministros, nos gobernarán siempre los peores, los más necios, los más incapaces. España no irá nunca a ninguna parte con políticos de talla tan escasa y si se intenta construir a partir del paradigma del camionero. La política tendría que ser considerada algo sagrado y tendría que ser un honor poder participar en ella; y no el último refugio, como ahora, de los más desgraciados y que no sirven para nada. Si en tu vida has pagado una nómina, ni has creado un mísero puesto de trabajo, ¿quién coño te crees que eres tú, Pepiño Blanco, para hablar de qué tipo de impuestos pagamos?