Tag Archives: clientes

I. Sociedades 2.019 (IV)

9 Jul

Residencia y domicilio fiscal

Se consideran residentes en territorio español las entidades que se hubieran constituido conforme a las leyes españolas, que tengan en territorio español su domicilio social o la sede de su dirección efectiva. A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en territorio español cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades.

Tenga en cuenta que:

  • Si en el domicilio social no está centralizada la gestión administrativa y la dirección del negocio, se atenderá al lugar en el que se realice dicha gestión o dirección. Si ninguno de los dos criterios anteriores permitiese la localización del domicilio fiscal, la norma señala que será el lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado.
  • La Administración tributaria podrá presumir que una entidad radicada en algún país o territorio de nula tributación tiene su residencia en territorio español cuando sus activos principales, directa o indirectamente, consistan en bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español, salvo prueba en contrario.
  • Si durante 2019 la empresa ha traslado su residencia fuera del territorio español, deberá, en esta declaración, integrar la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales, excepto que los mismos hayan quedado afectos a un establecimiento permanente (EP) de la entidad situado en territorio español (1)

 

Inscripción en el Registro Mercantil

 

Hasta que la sociedad no quede inscrita en el Registro Mercantil no alcanzará la personalidad jurídica y, mientras tanto, tributará por el régimen de atribución de rentas. La fecha de inscripción será la del asiento de presentación, salvo que se anule como consecuencia de la calificación defectuosa por el Registrador.

Hasta que una entidad no cause baja en el Registro Mercantil, sigue obligada a presentar la declaración del Impuesto, con independencia de que la base imponible sea cero, lo que ocurre a menudo con las sociedades inactivas.

Tenga en cuenta que:

  • En un proceso de fusión o escisión la entidad disuelta estará obligada a presentar la declaración del Impuesto, aunque sea con cuota cero, hasta que no se inscriba la operación en el Registro Mercantil. Y la entidad beneficiaria no se subrogará en los derechos y obligaciones de la entidad disuelta hasta que no se produzca la inscripción de la operación en el Registro Mercantil.
  • Para que la sociedad que se liquida pueda compensar las bases imponibles negativas pendientes sin límite, es necesario que se haya inscrito la cancelación de la entidad en el Registro Mercantil.
  • Y para que la renta negativa que se le produce al socio persona jurídica, tras la extinción de la sociedad participada, sea deducible, es necesario que se produzca la inscripción de la disolución en el Registro Mercantil (2)

 

(1)El pago de esta deuda tributaria, en el supuesto de elementos patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE), será aplazado por la Administración tributaria a solicitud del contribuyente hasta la fecha de la transmisión a terceros de dichos elementos.
(2) El socio podrá deducir la pérdida con independencia del porcentaje de participación que tenga, aunque la pérdida se reducirá por los dividendos recibidos en los últimos 10 años si no ha tributado por ellos.

Fuente: REAF

I. Sociedades 2.019 (III)

7 Jul

Obligaciones contables

Los contribuyentes por este Impuesto están obligados a llevar contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rigen.

Las entidades que utilicen, a efectos contables, un criterio de imputación temporal de ingresos y gastos diferente al devengo deberán presentar una solicitud ante la Administración tributaria con, al menos, 6 meses de antelación a la conclusión del primer período impositivo respecto del que se pretenda que tenga efectos, para que tenga eficacia fiscal.

Las entidades que apliquen el régimen especial de entidades parcialmente exentas llevarán la contabilidad de tal forma que se permita identificar los ingresos y gastos correspondientes a las rentas exentas y no exentas.

Las sociedades que apliquen el régimen especial de arrendamiento de vivienda tienen que llevar una contabilidad separada para cada inmueble cuando la sociedad realice alguna actividad distinta de la propia del arrendamiento. De esta manera se tendrá desglose suficiente para conocer la renta imputable a cada vivienda, local o finca registral.

Algunas consecuencias de no llevar contabilidad:

Se presumirá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada los elementos patrimoniales cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen registrados en sus libros de contabilidad
Se presumirá que los elementos patrimoniales no registrados en contabilidad son propiedad del contribuyente cuando éste ostente la posesión sobre ellos
Se presumirá la existencia de rentas no declaradas cuando hayan sido registradas en los libros de contabilidad del contribuyente deudas inexistentes
Una contabilidad que no estuviera debidamente legalizada no constituiría prueba válida para demostrar la procedencia de la deuda de un período prescrito (Tribunal Supremo, de 5 de octubre de 2012 y TEAC, 7722/12, de 21 de marzo de 2013)

Tenga en cuenta que:

  • Si en el balance existen deudas no pagadas de períodos prescritos civilmente, una vez transcurrido el plazo de prescripción civil (*), se deberá de cancelar la deuda con abono a reservas, constituyendo un ingreso fiscal, salvo que la cancelación de la deuda se registre una vez transcurrido el período de prescripción fiscal de 4 años.
  • Cuando existan deudas de períodos no prescritos civilmente, que la entidad no tenga que pagar, se cancelarán con abono a reservas, constituyendo también un ingreso fiscal.
  • Cuando se contabilice un activo que estuviera oculto, en un período posterior a su adquisición, el ingreso contable será ingreso fiscal, excepto que se pruebe que la adquisición se efectuó en un ejercicio ya prescrito. Además, el valor de estos elementos, en cuanto se haya incorporado a la base imponible, será válido a todos los efectos fiscales, por ejemplo, para la deducción de gastos de amortización.
  • En el caso en que la Inspección tuvo conocimiento de que una entidad tenía importantes fondos en una caja de seguridad de un banco, a primeros de febrero de 2008, que no estaban registrados en contabilidad, se alegó que era imposible que se hubiera generado ese importe con la actividad desarrollada, para intentar probar que provenían de ejercicio anterior, ya prescrito. Sin embargo, el Tribunal desestima el recurso porque la entidad no demostró ni el momento en que los fondos fueron depositados ni el origen de los mismos, afirmando que “es evidente que la suma hallada no pudo generarse con la actividad desarrollada cuyas rentas ha declarado, sino que o bien no declararon correctamente o bien aquellas tuvieron un origen o fuente que la interesada no prueba” (Audiencia Nacional, 5 de diciembre de 2019, recurso n.º 1024/2017).
(*) El art. 1.964 de C. Civil se modificó por Ley 42/2015, reduciendo el periodo de prescripción para las acciones personales, de 15 a 5 años. Las acciones hipotecarias siguen teniendo un período de prescripción de 20 años. Según la Disposición Transitoria 5ª de la ley 42/2015, solo se aplica el nuevo plazo a las acciones que no tengan término especial de prescripción y hayan nacido después de la fecha de entrada en vigor de dicha ley, el 07-10-15. No obstante, las obligaciones nacidas antes del 7 de octubre de 2015 prescribirán cuando transcurran 15 años desde su nacimiento o, si sucede antes, a los 5 años desde la entrada en vigor de la modificación, es decir el día 7 de octubre de 2020.

 

Fuente: REAF

I. Sociedades 2.019 (II)

3 Jul

Aplazamiento o fraccionamientos de la deuda tributaria

Si la cuota resulta a ingresar y está atravesando algún problema de liquidez transitoria, una buena solución es solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria.

Tenga en cuenta que:

  • Si las solicitudes se refieren a una deuda cuyo importe global es igual o inferior a 30.000€, se podrán conceder los aplazamientos, sin garantías, hasta un máximo de 6 meses, y pagando intereses de demora. La periodicidad de los plazos será, en todo caso, mensual. Se tramitarán mediante un mecanismo automatizado de resolución. Se acumulan, en el momento de la solicitud, a las deudas de la propia solicitud, otras deudas de aplazamientos solicitados y no resueltos, así como los vencimientos pendientes de otros aplazamientos o fraccionamientos acordados, salvo que se trate de deudas garantizadas.
  • También se podrá solicitar el aplazamiento sin garantía si la deuda supera los 30.000€, debiendo aportar la siguiente documentación:
    • Declaración responsable manifestando carecer de bienes para garantizar.
    • Justificación documental de la imposibilidad de obtener aval bancario en el que consten las gestiones realizadas.
    • Balance y cuenta de resultados de los últimos tres años e informe de auditoría, si existe.
    • Plan de viabilidad y cualquier otra información que justifique la posibilidad de cumplir con el aplazamiento o fraccionamiento solicitado.
  • Se podrá obtener aplazamiento o fraccionamiento siempre que se garantice la deuda con aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de crédito y caución, en cuyo caso el interés exigible no será el de demora, sino el interés legal. También la Administración podrá admitir otras garantías cuando se justifique que no se puede obtener aval o cuando su aportación comprometa la viabilidad de la actividad económica.
(*) De manera excepcional, se ha podido solicitar aplazamiento especial por el RD-ley 7/2020 por el primer pago fraccionado del año reseñado.

Fuente: REAF

Cálculo del valor de adquisición en la transmisión de un activo intangible: cómputo de la amortización mínima en el Impuesto sobre Sociedades

1 Jun

Cálculo del valor de adquisición en la transmisión de un activo intangible: cómputo de la amortización mínima en el Impuesto sobre Sociedades

Un contribuyente transmite en el año 2011 un activo intangible, en concreto los derechos de pago único de la PAC. La cuestión es si debe minorarse el precio de adquisición por la amortización mínima.

El Reglamento del Impuesto establece que el valor de adquisición de los elementos patrimoniales transmitidos se minorará en el importe de las amortizaciones fiscalmente deducibles, computándose en todo caso la amortización mínima. A estos efectos, se considerará como amortización mínima la resultante del período máximo de amortización o el porcentaje fijo que corresponda, según cada caso.

Sin embargo el Tribunal considera que no procede deducir la amortización mínima porque la normativa en vigor durante los años 2008 a 2015 estableció que los activos inmateriales de duración indefinida no podían amortizarse fiscalmente, aunque sí era posible la deducibilidad fiscal de su menor valor como deterioro. Aclara que lo que se hubiera podido deducir fiscalmente como gasto por deterioro no tiene cabida a la hora de cuantificar esa amortización mínima, pues la norma habla de amortización y no de deterioros. Sostener lo contrario supondría una aplicación analógica de la norma prohibida por el ordenamiento jurídico.

 

TEAC Resolución nº 00104/2019, de 10 de febrero de 2020

Fuente:REAF

 

Resumen de las recomendaciones de la Agencia de Protección de Datos para proteger los datos personales en situaciones de “movilidad y teletrabajo”

8 Abr

Resumen de las recomendaciones de la Agencia de Protección de Datos para proteger los datos personales en situaciones de “movilidad y teletrabajo”

 

La empresa, como responsable del tratamiento, puede tomar la decisión de que determinadas actividades de su empresa se ejecuten en situaciones de movilidad y teletrabajo. Personal que viaja con frecuencia o motivada por situaciones excepcionales e incluso de fuerza mayor.

La empresa y el personal que participa en las acciones de teletrabajo han de tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

 

RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A “RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO

 

Se tendrán que adecuar a la situación concreta de su objeto de negocio:

 

  1. Definir una política de protección de la información para situaciones de movilidad

 

  • Basada en la política de protección de datos y seguridad de la información de la entidad, es necesario definir una política específica para situaciones de movilidad que contemple las necesidades concretas y los riesgos particulares por accesos a la empresa, desde espacios que no están bajo su control.
  • Determinar qué formas de acceso remoto se permiten, qué tipo de dispositivos son válidos para cada forma de acceso y el nivel de acceso permitido en función de los perfiles de movilidad definidos
  • Definirse las responsabilidades y obligaciones que asumen las personas empleadas.
  • Proporcionar a las personas empleadas, la información que se expone en el apartado B) de este documento.
  • El personal también ha de estar informado de las principales amenazas por trabajar desde fuera de la empresay las posibles consecuencias si se quebrantan dichas directrices
  • Se debe identificar y comunicar cualquier incidente que afecte a datos de carácter personal.
  • El personal ha de firmar un acuerdo de teletrabajo

 

  1. Elegir soluciones y prestadores de servicio confiables y con garantías

 

  • Evitar utilizar aplicaciones y soluciones de teletrabajo que no ofrezcan garantías y que puedan exponer datos personales de: personal, interesados o corporativos a través de los servicios de correo y/o mensajería.
  • Recurrir a proveedores y encargados que ofrezcan soluciones probadas y garantías suficientes.
  • Si éstos acceden a datos de carácter personal, tendrán la consideración de encargados de tratamiento y la relación se regirá por un contrato que vincule al encargado respecto del responsable.

 

  1. Restringir el acceso a la información

 

  • Perfiles o niveles de acceso a equipos e información deben configurarse en función del “rol” de cada persona
  • Aplicar restricciones de acceso adicionales en función del tipo de dispositivo (portátiles de la empresa securizados, equipos personales externos, dispositivos móviles como smartphones/tablets) y ubicación desde la que se accede.

 

  1. Configurar periódicamente los equipos y dispositivos utilizados en las situaciones de movilidad

 

  • Los servidores de acceso remoto deben ser revisados y actualizados periódicamente para garantizar la seguridad en situaciones de movilidad, revisando también los perfiles de acceso.
  • Los equipos de la empresa utilizados deben:
    • o estar actualizados a nivel de aplicación y sistema operativo,
    • o tener deshabilitados los servicios que no sean necesarios,
    • o tener una configuración por defecto que no pueda ser desactivada ni modificada por el empleado
    • o instalar únicamente las aplicaciones autorizadas por la empresa
    • o contar con software antivirus actualizado,
    • o disponer de un cortafuegos local activado,
    • o tener activados solo las comunicaciones (wifi, bluetooth, NFC, …) y puertos (USB u otros) necesarios
    • o incorporar mecanismos de cifrado de la información.
    • Si se permite el uso de dispositivos personales de las personas empleadas, al suponer un mayor riesgo hay que valorar la posibilidad de restringir la conexión a una red segregada que únicamente proporcione un acceso limitado a aquellos recursos que se hayan identificado como menos críticos y sometidos a menor nivel de riesgo.

 

  1. Monitorizar los accesos realizados a la red corporativa desde el exterior

 

  • Hay que establecer sistemas de monitorización encaminados a identificar patrones anormales de comportamiento con el objetivo de evitar la propagación de malware por la red corporativa y el acceso y uso no autorizado de recursos.
  • Las brechas de seguridad que afecten a datos personales han de comunicarse a la Autoridad de Control y/o a los interesados, con el propósito de crear un entorno de teletrabajo resiliente.
  • Se debe informar al personal, sobre la existencia y el alcance de estas actividades de control y supervisión.
  • Si las actividades de monitorización se usaran además para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales del personal, el responsable del tratamiento deberá informar con carácter previo, y de forma clara, expresa y concisa a las personas empleadas y, en su caso a sus representantes, de la medida adoptada en el marco de las funciones de control previstas en el Estatuto de los Trabajadores que han de ejercerse dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo.
  • Los mecanismos de monitorización implementados en el contexto de acceso remoto a recursos corporativos en situaciones de movilidad y teletrabajo deben respetar los derechos digitales establecidos en la LOPDGDD (RGPD), en particular, el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales y el derecho a la desconexión digital2 en el ámbito laboral.
  • La configuración definida para acceder a los recursos de forma remota debe ser revisada de forma periódica para garantizar que no ha sido alterada ni desactivada sin autorización además de permanecer actualizada y adaptada a un entorno externo de riesgo que evoluciona de manera continua.

 

  1. Gestionar racionalmente la protección de datos y la seguridad

 

  • Las medidas y garantías establecidas tienen que establecerse a partir de un “análisis de riesgos” en el que se evalúe la proporcionalidad entre los beneficios a obtener de un acceso a distancia y el impacto potencial de ver comprometido el acceso a la información de carácter personal.
  • Deben contemplarse los procedimientos internos para provisionar y auditar los dispositivos de acceso remoto, los procedimientos de administración y monitorización de la infraestructura, los servicios proporcionados por encargados y la forma en que la política es revisada y actualizada a los riesgos existentes.
  • Los recursos usados, se limitarán en función de la valoración del riesgo por pérdidas de dispositivos y/o la exposición o acceso no autorizado a la información manejada.
  • Hay que planificar y evaluar la aplicaciones y soluciones usadas para el acceso remoto teniendo en cuenta los principios de privacidad.

 

 

RECOMENDACIONES DIRIGIDAS “AL PERSONAL”

 

Estas recomendaciones al personal deben estar recogidas en la política de teletrabajo del responsable, y referenciadas en el acuerdo de teletrabajo y ajustadas a la situación concreta de las tareas a realizar.

 

Recomendaciones básicas:

 

  1. Respetar la política de protección de la información en situaciones de movilidad definida por el responsable

 

Han de observarse las medidas y recomendaciones para situaciones de movilidad definidas por la empresa, especialmente, lo que concierne al deber de confidencialidad de la persona trabajadora con relación a los datos personales a los que tuviera acceso.

 

  1. Proteger el dispositivo utilizado en movilidad y el acceso al mismo

 

  • La persona debe utilizar contraseñas de acceso robustas y diferentes a las utilizadas en el ámbito de su vida personal.
  • No descargar ni instalar aplicaciones que no hayan sido autorizados por la empresa.
  • Evitar la conexión de los dispositivos desde lugares públicos, así como la conexión a redes WIFI abiertas no seguras.
  • Proteger los mecanismos de autenticación: certificados, contraseñas, … de acceso remoto a la empresa.
  • No se debe utilizar con fines particulares un equipo de la empresa evitando el acceso a redes sociales, correo electrónico personal u otras páginas web favoreciendo virus o ejecución de código dañino.
  • Si el equipo es personal, evite simultanear la actividad personal con la profesional y definiendo perfiles independientes
  • El sistema antivirus instalado en el equipo debe estar operativo y actualizado.
  • Verificar la legitimidad de los correos electrónicos recibidos, comprobando que el dominio electrónico del que procede es válido y conocido, y desconfiando de la descarga de ficheros adjuntos con extensiones inusuales o el establecimiento de conexiones a través de enlaces incluidos en el cuerpo del correo que presenten cualquier patrón fuera de lo normal.
  • Si la persona esta autorizada, conviene desactivar las conexiones WIFI/bluetooth que no estén siendo utilizadas.
  • Una vez concluida la jornada de trabajo en situación de movilidad debe desconectarse la sesión de acceso remoto y apagar o bloquear el acceso al dispositivo.

 

  1. Garantizar la protección de la información que se está manejando

 

  • Tanto en lugares públicos como en el entorno domésticos es obligado adoptar las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que se está gestionando.
  • Si habitualmente se genera y trabaja con papel, durante situaciones de movilidad es importante minimizar o evitar la entrada y salida de documentación en este soporte y extremar las precauciones para evitar accesos no autorizados por parte de terceros.
  • La información en soporte papel, no se puede desechar sin garantizar que es adecuadamente destruida. No arrojar papeles enteros o en trozos en papeleras de hoteles, lugares públicos o en la basura doméstica a los que alguien podría acceder y recuperar información de carácter personal.
  • Extremar precauciones para evitar el acceso no autorizado a la información personal, propia y de terceros, manejada, no dejando a la vista ningún soporte de información en el lugar donde se desarrolle el teletrabajo y bloqueando las sesiones de los dispositivos cuando estos estén desatendidos.
  • Evitar exponer la pantalla a la mirada de terceros si se trabaja habitualmente desde lugares públicos
  • Es aconsejable prevenir que se puedan escuchar conversaciones por parte de terceros utilizando, por ejemplo, auriculares o retirándose a un espacio en el que la persona empleada no esté acompañada.

 

  1. Guardar la información en los espacios de red habilitados

 

  • Evitar almacenar la información generada durante la situación de movilidad de forma local en el dispositivo utilizado, usando los recursos de almacenamiento compartidos o en la nube proporcionados por la empresa.
  • Si se usan equipos personales, no utilizar aplicaciones no autorizadas por la empresa
  • No se debe bloquear o deshabilitar las copias de seguridad corporativa definidas para cada dispositivo.
  • Revisar y eliminar periódicamente la información residual que pueda quedar almacenadas en el dispositivo, como archivos temporales del navegador o descargas de documentos.

 

  1. Si hay sospecha de que la información ha podido verse comprometida, comunicar con carácter inmediato, la brecha de seguridad

 

  • Notificar al responsable, a la mayor brevedad posible, a través de los canales definidos al efecto.
  • Cualquier cuestión que pueda suscitarse en el contexto de las situaciones de movilidad y que puedan representar un riesgo para la protección de la información, debe consultarse bien al Delegado de Protección de Datos o al responsable de seguridad de la información, trasladándoles toda información de interés de la que tenga constancia.

 

 

NOTA.- Este documento es un resumen realizado el día 6 de abril de 2.020, de las recomendaciones publicadas por la Agencia de Protección de Datos para situaciones de movilidad y teletrabajo.

josé maría marco

Moratorias AEAT / TGSS

6 Abr

Moratorias AEAT / TGSS

( Hoy, tras el calentón del Post de ayer, volvemos a nuestra marcha profesional… Más nos vale! )

Estimados amigos, voy a sintetizar lo máximo posible en que consisten las moratorias publicadas por el Gobierno:

A) Con respecto a AEAT

El Real Decreto-ley 7/2020 publicado estos días, abre la posibilidad de un aplazamiento fiscal al que podemos acogernos las empresas con ventas anuales inferior a 6 millones de Euros, entendiendo que el importe a aplazar sin aportar garantías debe ser inferior a 30.000 Euros. Con estas condiciones:

  • Aplazamiento máximo: 6 meses, con una carencia de los tres primeros. O sea, en principio aplazar 3 meses no implica pagar intereses.
  • Si aplazamos de 3 a 6 meses, pagaríamos la mitad de los intereses que habitualmente se pagan, pero sólo en el IVA.
  • Se podrán aplazar todas las deudas por declaraciones entre el 13 de marzo de 2020, y el 30 de mayo de 2020, ambos incluidos.
  • Los aplazamientos afectan a los siguientes modelos:
    • Retenciones e ingresos a cuenta: modelos 111, 115 y 123.
    • Pagos fraccionados del IRPF: modelo 130 y 131.
    • Pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades: modelo 202.
    • Declaración trimestral de IVA: modelo 303.

Resumiendo: Podemos aplazar todos los modelos 3 meses sin intereses y aplazar 3 meses más el IVA con el 50% de intereses que se pagaban hasta ahora.

Instrucciones_AplazamientoAEAT

B) Con respecto a la Moratoria de la Seguridad Social

El Gobierno también ha publicado una moratoria en el pago de las cuotas a la Seguridad Social de hasta 6 meses, para todas aquellas Empresas y Trabajadores por cuenta propia que quieran acogerse.

Las reglas serán:

1. Cotizaciones sociales afectadas

La moratoria afecta al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los conceptos de recaudación conjunta devengados:

  • entre los meses de abril y junio de 2020, si se trata de empresas;
  • entre mayo y julio de 2020, en el caso de los trabajadores por cuenta propia,

 

2. Solicitudes

Sin perjuicio de que la TGSS habilite otros medios electrónicos para llevarlo a cabo, las solicitudes deberán presentarse:

  • Si se trata de empresas, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), solicitudes que deberán individualizarse por CCC donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria.
  • Si se trata de trabajadores por cuenta propia, a través del Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS).

El plazo para comunicar estas solicitudes a la TGSS será el de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo objeto de moratoria.  Por ello, si como empresa, quieres acogerte a esta medida para los seguros sociales, debes comunicarlo a tu asesoría.

 

Creo que todos debemos aprovechar en lo posible cualquier medida, por ínfima que nos parezca, porque controlar la tesorería es fundamental en este lapso de tiempo.

Personalmente pienso que una variable clave para  poder reactivar la puesta en marcha de nuevo de la actividad económica, es evitar impagos a nuestros proveedores, por ello todo aplazamiento de tesorería debe ser bienvenido.

Saludos y mis mejores deseos para todos,

                 José María Marco

PD.- "Este es un artículo informativo. No es asesoría legal. "

Salario mínimo Interprofesional (2020)

6 Feb

Salario mínimo Interprofesional (2020)

Os dejo BOE de lo publicado sobre SMI

BOE_SALARIO_MINIMO_INTERPROFESIONAL_05022020

José María Marco

 

 

Imagen

Calendario Contribuyente 2020

3 Ene

Convocatoria de Junta General por email

10 Dic

Convocatoria de Junta General  por email

La Dirección General de los Registros y del Notariado ha dictado el pasado 19 de julio de 2.019, una resolución por la que se permite inscribir en escritura pública el acuerdo adoptado por la Junta General de una sociedad, si la convocatoria de la junta se realizó por email. Es importante que los estatutos de la misma así lo establezcan.

El Art. 173 de la LSC,  sobre las formas de convocatoria, indica:

  1. La junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis. Cuando la sociedad no hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se publicará en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social.
  2. En sustitución de la forma de convocatoria prevista en el párrafo anterior, los estatutos podrán establecer que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso de socios que residan en el extranjero, los estatutos podrán prever que sólo serán individualmente convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones.
  3. Los estatutos podrán establecer mecanismos adicionales de publicidad a los previstos en la ley e imponer a la sociedad la gestión telemática de un sistema de alerta a los socios de los anuncios de convocatoria insertados en la web de la sociedad.

Confirmación de lectura

La resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado establece que será válida la convocatoria por correo electrónico si el sistema utilizado dispone de confirmación de lectura, pudiendo acreditar que el correo electrónico no ha sido devuelto por el sistema aunque el socio se niegue a dicha confirmación de lectura. Acreditada la comunicación, según la forma pactada, el socio no podrá alegar una eventual falta de convocatoria .

Por otro lado, la resolución del 28 de octubre de 2014, establece que si el correo electrónico permite obtener una prueba de la remisión y recepción de la comunicación mediante el uso de firma electrónica, u otro medio telemático, la convocatoria por medio de correo electrónico sería admisible.

Por su parte, en Sentencia de 3 de abril de 2011, el Tribunal Supremo ya dejaba claro que ante una comunicación fehaciente con acuse de recibo, aunque el socio negara haber recibido el correo, será éste quien deba acreditar la falta de convocatoria.

Queda claro pues que la Ley permite a cada empresa regular en sus estatutos sociales la forma oportuna para efectuar las notificaciones, aunque parece imponer como requisito que la comunicación asegure la recepción por todos los socios.

Por ello, que mejor que contar con la colaboración de un Tercero de Confianza como www.factorymail.es para garantizar la convocatoria a Junta General.

 

José María Marco 
Socio fundador de factorymail.eu

Regularización administrativa de la cuota repercutida indebidamente y soportada por el destinatario en el IVA

7 Dic

Regularización administrativa de la cuota repercutida indebidamente y soportada por el destinatario en el IVA

Una mercantil adquiere un inmueble soportando la correspondiente cuota del Impuesto. La Administración entiende que dicha entidad no tiene derecho a deducir la cuota soportada porque la operación está no sujeta al Impuesto. La entidad vendedora presentó la autoliquidación del Impuesto consignando la cuota tributaria repercutida por dicha venta, pero no ingresó el importe, ya que solicitó el aplazamiento y sigue pendiente de ingreso.

El recurrente solicita la devolución de la cuota indebidamente soportada, pero la Administración se lo deniega, ya que el vendedor no ha ingresado la cuota repercutida. La Administración procede a minorar la deuda pendiente de la parte vendedora en la declaración del Impuesto en la que consignó la cuota repercutida.

El Tribunal da la razón a la Administración. Entiende que, si efectuara la devolución solicitada al recurrente, tendría un perjuicio del que no podría resarcirse, asumiendo un coste ajeno al ámbito tributario, al tratarse de una cuestión que debe resolverse entre los interesados como particulares, acudiendo a la correspondiente vía jurisdiccional.

 

TEAC Resolución nº1972 /2017, de 25 de junio de 2019

Fuente: REAF

 

Calendario Contribuyente (Oct.19)

20 Oct

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

Octubre 2.019


L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

  • 21-10-2019   Hasta el 21 de octubre
    • Renta y Sociedades
    • IVA
    • Impuesto sobre las Primas de Seguros
    • Impuestos Especiales de Fabricación
    • Impuesto Especial sobre la Electricidad
    • Impuestos Medioambientales
    • Impuesto Especial sobre el Carbón

 

  • 30-10-2019   Hasta el 30 de octubre
    • IVA

 

  • 31-10-2019   Hasta el 31 de octubre
    • Número de Identificación Fiscal
    • Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos
    • Cuenta Corriente Tributaria

Fuente: REAF

 

Necesidad o no del subcontratista de aportar el certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias al contratista

10 Oct

Necesidad o no del subcontratista de aportar el certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias al contratista

 

Se trata de una entidad que prestará el servicio, a una promotora, de asesoramiento técnico de control de los trabajos de edificación, no estando sujeta a la ley de subcontratación ni obligada a registrarse en el Registro de Empresas acreditadas.

Como es sabido, las personas que contratan o subcontratas ejecuciones de obras o prestaciones de servicios correspondientes “a su actividad económica principal”, son responsables de determinados tributos de los contratistas o subcontratistas que utilicen y, para evitar dicha responsabilidad, estos les deben aportar un certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

La Dirección General entiende que, en este caso, es sustancial interpretar si la subcontratación se hace de servicios correspondientes a la actividad económica principal, esto es, si la subcontratista realizará algo que tendría que realizar el contratista como parte de su objeto social. En definitiva, si realiza algo que, de no haberse contratado con ella, tendría que realizarlo el contratista.

Por lo tanto, esto habrá que verlo caso por caso y, si la actividad por la que es contratada la consultante pudiera ser realizada por la entidad que le contrata, se trataría de una subcontratación y, en ese caso, se debería exigir el certificado para no incurrir en la responsabilidad que prevé el artículo 43.1.f) de la Ley General Tributaria. 

DGT Nº V1582-19, 26 de junio de 2019

Fuente: REAF

I.Sociedades: Bases imponibles negativas

15 Jul

I.Sociedades: Bases imponibles negativas

La sociedad que ha generado el derecho a compensar las bases negativas es quien decide qué importe quiere compensar sin que exista ninguna prelación, por lo que no es obligatorio compensar las generadas en períodos más antiguos, y tampoco hay límite temporal para aplicarlas

 

Limitación a la compensación de bases imponibles negativas

Se limita la compensación de las bases imponibles negativas según el importe neto de la cifra de negocios de los 12 meses anteriores pudiendo, en cualquier caso, deducir hasta 1.000.000€:

Importe neto de la cifra de negocios (INCN) en € 2018
INCN< 20.000.000 70%
20.000.000 <INCN<=60.000.000 50%
INCN>60.000.000 25%

 

No se aplica la limitación cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

  • Por el ingreso contable registrado a raíz de una quita o de una espera.
  • Si se produce la extinción de la sociedad, salvo que sea como consecuencia de una operación de reestructuración empresarial acogida al régimen especial.
  • Si se trata de entidades de nueva creación durante los tres primeros ejercicios en que se genera una base imponible positiva.
  • Cuando el ingreso es consecuencia de una reversión correspondiente a un deterioro en participaciones en empresas no cotizadas, siempre que las pérdidas por deterioro anteriores a 2013 se hubieran producido en el ejercicio de generación de la base negativa y representaran, como poco, el 90% de los gastos deducibles de ese período.

Medidas para evitar la compra de sociedades inactivas que tienen bases imponibles negativas

El legislador regula una serie de supuestos que impiden que la entidad pueda compensar sus propias bases negativas.

Esto se produce cuando una persona o entidad, con un porcentaje de participación inferior al 25% en el momento de la conclusión del período impositivo al que corresponde la base negativa, adquiere un porcentaje que le otorga la mayoría del capital. En este supuesto se prohíbe la compensación de las bases negativas generadas con anterioridad a la adquisición cuando se de cualquiera de las siguientes circunstancias:

  • La entidad se encontraba inactiva en los tres meses anteriores a la adquisición.
  • La actividad económica en los dos años siguientes a la adquisición es diferente de la realizada con anterioridad (según CNAE) y la cifra de negocios superior al 50% del importe de la cifra de negocios de los dos años anteriores.
  • Si se trata de una entidad patrimonial.
  • Si la entidad se ha dado de baja en el índice de entidades por no presentar, durante tres períodos impositivos consecutivos, la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

 

Al no existir en la actual norma un régimen transitorio, la limitación a la compensación de bases imponibles negativas es aplicable con efectos de los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015, siempre que haya bases imponibles negativas pendientes de compensar en esos períodos impositivos, con independencia de que los requisitos y condiciones exigidos se hubiesen producido en períodos iniciados antes de esa fecha (DGT V1677-18).

 

Comprobación de las bases imponibles por la Administración

Si se tienen bases imponibles negativas pendientes de compensar y pueden aplicarse en este ejercicio, os recordamos que pueden ser comprobadas por la Administración en los 10 años siguientes al final del período de declaración del ejercicio en el que se generaron.  (El mismo plazo de comprobación se aplica a las deducciones).

Si ha transcurrido ese plazo, para acreditar la procedencia y cuantía de las bases negativas, solo es necesario exhibir la autoliquidación del ejercicio en el que se generaron y la contabilidad, con acreditación de su depósito (habrá que entender de las Cuenta Anuales) en el Registro Mercantil durante el plazo de 10 años antedicho.

Opción para compensar las bases imponibles negativas

  • Según la Resolución del TEAC 01510/13, de 4 de abril de 2017, el criterio administrativo es que la compensación de las bases imponibles negativas es una “opción” que se ejercita con la presentación de la declaración, en los términos del artículo 119.3 de la LGT: “Las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de declaración” (en sentido contrario STSJ de la Comunidad Valenciana de 23 de enero de 2015). En concreto, el Tribunal analiza las siguientes circunstancias:
  • Si la base imponible de un ejercicio es nula o negativa, se considera que la base imponible negativa pendiente de aplicar no pudo ser compensada, por lo que no se ha ejercido ninguna opción y, por lo tanto, posteriormente el contribuyente podrá optar por compensar la base negativa pendiente bien a través de declaración complementaria, rectificación de la autoliquidación o comprobación administrativa, en la cuantía que considere oportuno.
  • Si en un ejercicio se tiene una base imponible previa positiva y se decide compensar toda con bases imponibles negativas, se entiende implícitamente que se optó por compensar por el importe máximo y, por consiguiente, si posteriormente se incrementa la base por el propio contribuyente o en una comprobación, mantendrá el derecho a compensar el saldo compensable y no compensado.
  • Si en un ejercicio se tiene una base imponible previa positiva y se decide no compensarla en absoluto o hacerlo por un importe menor a la base previa, se entiende que el contribuyente optó por no compensar la base imponible negativa o hacerlo solo en parte, por lo que, posteriormente y fuera del plazo de autoliquidación, no podrá aprovechar el saldo de las bases compensables, sea por la vía de la rectificación o en un procedimiento de comprobación.
  • Si el contribuyente no declaró en el plazo establecido, estando obligado a ello, se entiende que no ejercitó el derecho a compensar la base imponible negativa por lo que, posteriormente, ni mediante la presentación de autoliquidación ni en una comprobación, podrá compensar las bases negativas pendientes.
  • La Resolución del TEAC 6356/2013, de 16 de enero de 2019 analiza un caso no contemplado en la Resolución anterior. Interpreta que sí es posible compensar un importe superior a la compensación de bases negativas aplicadas en autoliquidaciones cuando, con posterioridad a la presentación de la autoliquidación, se produzca un aumento de las bases imponibles negativas de periodos anteriores susceptibles de compensación como consecuencia de una resolución de un órgano revisor económico-administrativo o contencioso- administrativo.

 

Fuente: REAF

Impuesto de Sociedades. Novedades para 2018

4 Jul

Impuesto de Sociedades. Novedades para 2018

 

Exención de determinadas rentas obtenidas por las Autoridades Portuarias (con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2017)

Quedan exentas las rentas obtenidas por las Autoridades Portuarias como consecuencia de la transmisión de elementos de su inmovilizado, siempre que el importe total de la transmisión se destine a la amortización de préstamos, concedidos por Puertos del Estado o por entidades oficiales de crédito, para financiar inversiones en elementos del inmovilizado relacionadas con su objeto o finalidad específica.

Efectos fiscales de la aplicación del criterio de valor razonable (Real Decreto-ley 27/2018)

Con carácter general, las variaciones de valor originadas por la aplicación del criterio de valor razonable, que hasta ahora solo tenían efectos fiscales cuando se imputaban en la cuenta de pérdidas y ganancias, a partir de ejercicios iniciados en 2018, también lo tendrán cuando se deban imputar, por norma legal o reglamentaria, en una cuenta de reservas.

Integración en la base imponible de las entidades de crédito de los ajustes contables por la primera aplicación de la Circular 4/2017 del Banco de España (Real Decreto-ley 27/2018)

Estos ajustes, consecuencia de la adaptación del régimen contable de las entidades de crédito a los cambios que provienen de dos nuevas NIIF, la 9 y la 15, que originan cargos y abonos a reservas, cuando tengan efectos fiscales, se tienen que integrar en la base imponible, en los 3 primeros ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2018 por terceras partes.

En caso de baja del elemento en balance, deberá continuar la integración por terceras partes, pero si se extingue el contribuyente, y no es por una operación de reestructuración, el saldo que reste se integrará en el período de la extinción.

Además, se obliga a estas entidades a mencionar en la memoria el saldo integrado y pendiente de integrar de estos ajustes.

El Real Decreto 17/2018, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre

Se modifica, con efectos para ejercicios impositivos iniciados a partir del día 10 de noviembre de 2018, el artículo 15 de la LIS para impedir la deducción en el prestamista de la deuda tributaria por Actos Jurídicos Documentados en las operaciones de préstamos hipotecarios, pero solo con efectos para ejercicios iniciados a partir de 10 de noviembre de 2018.

Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles “Patent box” (con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2018)

  • Se especifica que solo las rentas positivas son las que tienen derecho a la reducción en la base imponible (antes no se diferenciaba entre rentas positivas o negativas).
  • Se actualizan los supuestos en los que se puede aplicar la reducción. En concreto, por la cesión del derecho de uso o de explotación, por las patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, dibujos y modelos, o de software avanzado registrado que haya sido obtenido como resultado de proyectos de I+D, produciéndose la exclusión de las rentas derivadas de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, “know how”.
  • Las rentas positivas susceptibles de reducción son los ingresos que superan a los gastos incurridos directamente con la creación de los activos que no hubieran sido incorporados al valor de los activos, la amortización y los gastos directamente relacionados con el activo que se hubieran integrado en la base imponible.
  • Si en un período impositivo se obtienen rentas negativas éstas se reducirán cuando no superen el importe de las rentas positivas integradas en períodos impositivos anteriores que hubieran aplicado la reducción.

Régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2018)

Se regula un régimen transitorio que será de aplicación para los activos intangibles del contribuyente disponibles con anterioridad a 1 de julio de 2016.

  • Cesiones del derecho de uso o explotación realizadas con anterioridad al 27 de septiembre de 2013: se podrá optar por aplicar, en todos los periodos impositivos que resten, hasta la finalización de los contratos correspondientes, el régimen establecido en el artículo 23 del RDL 4/2004. A partir del 1 de julio de 2021 se deberá aplicar el nuevo régimen.
  • Cesiones del derecho de uso o de explotación que se hayan realizado desde el 27 de septiembre de 2013 hasta el 30 de junio de 2016: en estos casos el contribuyente podrá optar por aplicar el régimen establecido en la Ley del Impuesto según redacción vigente a 1 de enero de 2015. Lo dispuesto anteriormente resultará de aplicación hasta el 30 de junio de 2021, excepto en el caso de que los activos intangibles se hubieran adquirido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016 a una entidad vinculada y en el momento de la adquisición no hubieran estado acogidos a un régimen de reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles, en cuyo caso, lo dispuesto en este apartado resultará de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2017. A partir de 1 julio de 2021, o de 1 de enero de 2018, respectivamente, se deberá aplicar el nuevo régimen.
  • Transmisiones de activos intangibles que se realicen a partir del 1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2021: podrán optar, del mismo modo, por el régimen establecido en el artículo 23, según redacción vigente a 1 de enero de 2015, excepto en el caso de que los activos intangibles se hubieran adquirido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016 a una entidad vinculada y en el momento de la adquisición no hubieran estado acogidos a un régimen de reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles, en cuyo caso, únicamente podrán aplicar dicho régimen las que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2017. Se ejercitará la opción en la declaración del período de transmisión.

 

Régimen Especial de Canarias

Con efectos para ejercicios iniciados a partir del 7 de noviembre de 2018, la ley 8/2018 modificó la Ley 19/1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, A estos efectos se indica que se considerarán beneficios no distribuidos los destinados a nutrir las reservas, excluida la de carácter legal, no teniendo la consideración de beneficio no distribuido el que derive de la transmisión de elementos patrimoniales cuya adquisición hubiera determinado la materialización de la reserva para inversiones dotada con beneficios de periodos impositivos a partir de 1 de enero de 2007.

En caso de elementos patrimoniales que solo parcialmente se hubiesen destinado a la materialización de la reserva a partir de dicha fecha, se considerará beneficio no distribuido la parte proporcional del mismo que corresponda al valor de adquisición que no hubiera supuesto materialización de dicha reserva. También se modifican las inversiones en las que las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse y la determinación de ciertos elementos que se entienden situados y utilizados en el archipiélago canario.

Otra modificación de la Ley 19/1994 fue para introducir modificaciones en la regulación del tipo de gravamen especial de la Zona Especial Canaria, y la disposición adicional decimocuarta de la misma, que regula los límites de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias para incluir, con respecto al importe mínimo de gasto que fija la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en caso de ejecución de servicios de post-producción o animación de una producción extranjera, un importe mínimo para los gastos realizados en Canarias.

Con efectos para períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018 la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, añade una nueva disposición adicional a la Ley 19/1994, de 6 de julio, donde se indica que la aplicación del tipo de gravamen especial establecido el artículo 43 de esa Ley en el caso de sucursales de la Zona Especial Canaria de entidades con residencia fiscal en España no impedirá a dichas entidades formar parte de un grupo fiscal que aplique el régimen de consolidación fiscal previsto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, lo anterior, la parte de la base imponible de la entidad que forme parte de un grupo fiscal y que sea atribuible a la sucursal de la Zona Especial Canaria no se incluirá en la base imponible individual de la entidad a efectos de la determinación de la base imponible del grupo fiscal, siendo objeto de declaración separada en los términos que reglamentariamente se determinen.

Otra importante modificación se produjo en la deducción por inversiones en Canarias, regulada en el artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, elevándose el límite conjunto sobre la cuota en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

Por último, se incorporó un nuevo artículo 94 bis, en la Ley 20/1991, de 7 de junio, por el que aquellas entidades, que contraten un trabajador para realizar su actividad en Canarias, tendrán derecho al disfrute de los beneficios fiscales que por creación de empleo se establezcan por la normativa fiscal conforme a los requisitos que en ella se establezcan, incrementándolos en un 30%.

Modificación de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (con efectos desde el 5 de julio de 2018)

Con efectos desde el 5 de julio de 2018, el artículo tercero del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre (RDLey 26/2018) modifica el artículo 36.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS). Este artículo regula la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, que entró en vigor para períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015.

El artículo tercero RDLey 26/2018 deroga las obligaciones impuestas al productor que se introdujeron por el artículo 69 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, por considerar que puede tener consecuencias indeseadas sobre los proyectos de rodaje en curso en España.

No obstante, se ha añadido en el artículo 36.2 LIS que “reglamentariamente se podrán establecer los requisitos y obligaciones para tener derecho a la práctica de esta deducción”, con el objeto de que mediante modificación del Reglamento se establezcan las obligaciones que se considere que deben asumir los productores que se acojan a este incentivo fiscal, que resulten proporcionadas y acordes a la finalidad del incentivo.

El Real Decreto-ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo

Se suprimen los tipos de contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores por lo que los incentivos fiscales regulados en la norma por contratación de trabajadores dejarán de aplicarse a partir de 2019.

Pagos fraccionados (con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2018)

La novedad es que las entidades de capital-riesgo, que tengan que aplicar el pago fraccionado mínimo (23% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 meses primeros meses del cada año natural), tomarán como resultado positivo el correspondiente exclusivamente a las rentas no exentas.

Actividades prioritarias del mecenazgo y opción a destinar parte de la cuota para actividades de interés social

La Ley de Presupuestos para 2018 ha regulado las actividades que se considerarán prioritarias de mecenazgo durante ese año, así como los eventos que tendrán la consideración de acontecimientos de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto la Ley 49/2002.

Asimismo, se incorpora la opción para que el Estado destine el 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades para actividades de interés general consideradas de interés social, aunque esta nueva posibilidad solo se puede aplicar efectos para períodos impositivos finalizados a partir del 5 de julio de 2018.

Facultades de la Administración para determinar la base imponible y otros elementos tributarios (con efectos desde el 5 de julio de 2018)

En el caso del derecho a la conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria, se podrá comprobar cualquiera de las circunstancias determinantes de dicha conversión, en particular las pérdidas contables.

Fuente: REAF

Tratamiento, en el IRPF, de los vales comida entregados a empresas…

27 Jun

Tratamiento, en el IRPF, de los vales comida entregados a empresas para utilizar esta retribución en especie, como pago a sus empleados, satisfaciendo los empleadores a las empresas que los emiten su valor facial más una comisión

1. El Centro Directivo distingue entre bonos univalentes y polivalentes, decidiendo que estos vales comida, emitidos por un empresario o profesional distinto del que va a prestar el servicio de hostelería, se deben de considerar polivalentes, porque cuando se emiten no se conoce el lugar de la entrega de bienes o de la prestación de servicios a los que se refiere el bono, ni la cuota devengada en la operación, porque pueden ser utilizados tanto en territorio de aplicación del IVA como en Canarias, Ceuta o Melilla.

2. La transmisión del vale de comida por el emisor no tendrá la consideración de prestación de servicios de hostelería, siendo esta la operación subyacente en el bono. Sin embargo, la operación quedará gravada, como prestación de servicios de distribución o promoción, si el emisor tiene su sede de actividad o un establecimiento permanente que intervenga en la operación situado en el territorio de aplicación del impuesto.

3. La cuota impositiva del servicio prestado por la consultante se calculará hallando la base imponible a partir de la diferencia entre el precio de venta de los vales a la empresa que los entregará al trabajador y la cantidad que se obliga a entregar el emisor a las empresas de hostelería, considerando que dicha diferencia incluye el IVA. El devengo del impuesto correspondiente a esta operación realizada por el emisor se produce cuando los vales se pongan a disposición de la empresa empleadora.

 

El servicio de hostelería se devengará cuando se preste el mismo, la cuota del IVA será la resultante de aplicar el tipo reducido a una base calculada a partir del valor facial del vale, IVA incluido.

DGT Nº V0324-19, de 15 de febrero de 2019

Fuente: REAF

A %d blogueros les gusta esto: