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Impto. Sociedades 2.016 (V). Amortizaciones

10 Jul

Impto. Sociedades 2.016 (V). Amortizaciones

Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia. Se entiende que tal depreciación es efectiva cuando se practique conforme a alguno de los métodos establecidos en la normativa del Impuesto.

Amortización por tablas

Tipo de elemento Coeficiente lineal máximo Periodo de años máximo Tipo de elemento Coeficiente lineal máximo Periodo de años máximo
Obra civil Elementos de transporte
Obra civil general. 2% 100 Locomotoras, vagones y equipos de tracción. 8% 25
Pavimentos. 6% 34 Buques, aeronaves. 10% 20
Infraestructuras y obras mineras. 7% 30 Elementos de transporte interno. 10% 20
Centrales Elementos de transporte externo. 16% 14
Centrales hidráulicas. 2% 100 Autocamiones. 20% 10
Centrales nucleares. 3% 60 Mobiliario y enseres    
Centrales de carbón. 4% 50 Mobiliario. 10% 20
Centrales renovables. 7% 30 Lencería. 25% 8
Otras centrales. 5% 40 Cristalería. 50% 4
Edificios Útiles y herramientas. 25% 8
Edificios industriales. 3% 68 Moldes, matrices y modelos. 33% 6
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras. 4% 50 Otros enseres. 15% 14
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos). 7% 30 Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas. 2% 100 Equipos electrónicos. 20% 10
Instalaciones. Equipos para procesos de información. 25% 8
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía. 5% 40 Sistemas y programas informáticos. 33% 6
Cables. 7% 30 Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisuales. 33% 6
Resto instalaciones. 10% 20 Otros elementos 10% 20
Maquinaria. 12% 18
Equipos médicos y asimilados. 15% 14

 

  • Si un elemento patrimonial se ha amortizado contablemente en 2016 por un importe superior al coeficiente máximo, el gasto se acepta siempre que en algún período impositivo anterior se haya contabilizado la amortización del activo por debajo del coeficiente mínimo y, además, no exista perjuicio económico para la Hacienda Pública. Esta situación es muy común cuando se produce la venta de un activo y aparece un gasto por pérdida porque nunca se amortizó el activo o no se dotó el correspondiente deterioro en su momento.
  • Se entiende que existe perjuicio económico cuando el gasto corresponda a un ejercicio prescrito o, como consecuencia del menor gasto, la sociedad aprovechó este hecho para compensar bases imponibles negativas o para aplicar deducciones que caducaban en dicho ejercicio.
  • A la hora de aplicar la libertad de amortización, se tendrá en cuenta siempre la amortización contabilizada como amortización fiscal mínima. No es posible, por lo tanto, en virtud de una libertad de amortización hacer un ajuste extracontable positivo por toda la amortización contable (DGT V2016-12).

 

Elementos patrimoniales utilizados diariamente en más de un turno normal de trabajo

En estos casos se podrá amortizar el activo según el siguiente coeficiente:

Coeficiente mínimo + [(coeficiente Máximo – coeficiente mínimo) x (horas trabajo/8)]

Esta especialización de amortización no será de aplicación a aquellos elementos que por su naturaleza técnica deban ser utilizados de forma continuada.

 

Elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias que se adquieran usados

  • Cuando se trate de activos que no son puestos en condiciones de funcionamiento por primera vez (no se consideran usados los edificios con antigüedad menor de 10 años) el cálculo de la amortización se efectuará sobre el precio de adquisición, hasta el límite resultante de multiplicar por 2 la cantidad derivada de aplicar el coeficiente de amortización lineal máximo. Si se conoce el precio de adquisición o coste de producción originario, existe la posibilidad de amortizar el elemento aplicando, a dicho valor, el coeficiente de amortización lineal máximo.
  • Si no se conoce el precio de adquisición o coste de producción originario, el sujeto pasivo podrá determinar aquél pericialmente.

 

Amortización según porcentaje constante

Si se opta por aplicar este método, el gasto fiscal se determina aplicando, al valor pendiente de amortización del elemento patrimonial, un porcentaje constante sobre el coeficiente de tablas que varía en función del período de amortización:

  • 1,5, si el elemento patrimonial tiene un período de amortización inferior a cinco años.
  • 2, si el elemento patrimonial tiene un período de amortización igual o superior a cinco e inferior a ocho años.
  • 2,5, si el elemento patrimonial tiene un período de amortización igual o superior a ocho años.

En ningún caso el porcentaje constante podrá ser inferior al 11 por 100. El importe pendiente de amortizar, en el período impositivo en que se produzca el fin de la vida útil, se amortizará en dicho período impositivo. Los edificios, mobiliario y enseres no podrán amortizarse mediante este método.

 

Mejoras y renovación de inmovilizados

Si algún activo ha sido objeto de mejora o de renovación, la amortización deberá realizarse en los períodos que resten para completar la vida útil del activo al que esta mejora se incorpora.

Cuando la mejora aumente la vida útil del activo deberá tenerse en cuenta tanto en la amortización del activo como en la amortización de la mejora.

 

Libertad de amortización

  • Elementos de inmovilizado material e intangible, excluidos edificios, afectos a I+D. Los edificios afectos a I+D se amortizan de forma lineal en 10 años.
  • Gastos de I+D activados como inmovilizado intangible (salvo amortización de elementos que aplican libertad de amortización).
  • Elementos del inmovilizado material nuevos cuyo precio de adquisición unitario sea inferior a 300€, con límite anual de 25.000€.
  • Adquisición de activos mineros (regulado en el régimen especial).
  • Elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de las S.A. Laborales y de las S.L. Laborables, afectos a la realización de sus actividades, adquiridos durante los 5 primeros años a partir de su calificación como tales (también se aplica a los mismos activos de explotaciones asociativas prioritarias según Ley 19/1995).

 

Plan especial de amortización

Los contribuyentes pueden solicitar a la Administración tributaria un plan especial de amortización para cualquier tipo de activo. La solicitud podrá efectuarse durante toda la vida útil del inmovilizado. Si la Administración tributaria no contesta en un plazo de 3 meses, se entiende estimado el plan de amortización propuesto por el contribuyente[1].

 

Fondo de comercio por adquisiciones de negocios y operaciones de reestructuración empresarial

Aunque a partir de 2016 el fondo de comercio se amortiza en un plazo de 10 años (10 por 100), desde el punto de vista fiscal solo se permite una deducción máxima anual del 5 por 100 (20 años). Esta diferencia tiene como consecuencia que se tenga que realizar un ajuste positivo en la base imponible por la citada diferencia entre la amortización contable y la fiscal.

[1] Antes de 2015 las solicitudes solo se podían presentar dentro de los 3 meses posteriores al inicio del plazo de amortización. Si el activo se encontraba en construcción, durante el período de construcción.

Fuente : REAF

I. Soc. 2.016: Diferencias permanentes o temporarias (IV)

6 Jul

I. Soc. 2.016: Diferencias permanentes o temporarias (IV)

Como sabemos, para el cálculo de la base imponible del Impuesto se toma como punto de partida el resultado contable, efectuando sobre el mismo única y exclusivamente los ajustes que prevé la norma. A continuación recogemos algunos gastos e ingresos contables que ocasionan diferencias en la base imponible, teniendo que realizar ajustes positivos o negativos y que, por lo tanto, conviene chequearlos.

 Ajustes positivos

  • Gastos contables derivados de multas, sanciones, donaciones o donativos.
  • Gasto por el Impuesto sobre Sociedades, salvo el satisfecho en el extranjero si se puede aplicar la exención para evitar la doble imposición jurídica por la renta que provenga de actividades económicas.
  • Gasto del administrador cuyo cargo no figure en estatutos como retribuido.
  • Gastos por liberalidades.
  • Gastos por atenciones a clientes y proveedores que excedan del 1% del importe neto de la cifra de negocios.
  • Deterioros contables a excepción de los correspondientes a existencias e insolvencias de deudores, ya que estos últimos sí serán deducibles cuando se cumplan determinados requisitos.
  • Gastos derivados del exceso pagado con motivo de la extinción de una relación laboral o mercantil (que exceda de 1.000.000€ o del importe exento si es superior a esa cifra).
  • Provisión por devoluciones de ventas.
  • Excesos de amortizaciones o provisiones.
  • Por imputación temporal e gastos e ingresos antes o después de su devengo si no lo permite la norma fiscal.
  • Operaciones que a efectos fiscales deben valorarse a valor normal de mercado y a efectos contables no.
  • Amortizaciones contables de activos totalmente amortizados fiscalmente por aplicarles libertad de amortización.
  • Integración de rentas, en el ejercicio del cobro, de operaciones con pago aplazado imputadas fiscalmente según la regla especial de imputación de las mismas.
  • Rentas correspondientes a quitas y esperas en los ejercicios posteriores al que se produjeron.
  • Elementos del inmovilizado transmitidos con pérdidas y recomprados con posterioridad, cuando recuperen el valor.
  • Gastos financieros no deducibles en grupos mercantiles y el exceso de gastos financieros sobre el límite del 30% del beneficio operativo si superan el 1.000.000€.
  • Presunción de existencia de rentas por descubrimiento de bienes y derechos registrados en contabilidad (solo efectúa el ajuste la Administración, salvo presentación fuera de plazo del modelo 720).
  • Rentas negativas derivadas de transmisiones de acciones y participaciones, en la parte correspondiente a dividendos recibidos desde enero de 2009.
  • La reversión del deterioro de las participaciones en empresas no cotizadas.
  • La incorporación de la reserva de capitalización o nivelación por incumplimiento de requisitos.
  • Gastos imputables exclusivamente a actividades exentas y los imputables solo parcialmente a las actividades no exentas, en el régimen especial de entidades parcialmente exentas.

Ajustes negativos

  • Libertad de amortización.
  • Exceso de amortizaciones contabilizadas en ejercicios anteriores que no fueran deducibles en aquellos y sí en este.
  • Pérdidas por deterioro de inmovilizado contabilizadas en ejercicios anteriores, que no se pudieran deducir, y que revierten en el ejercicio al ritmo de la amortización del activo, porque se transmiten o porque se produce la pérdida definitiva.
  • Operaciones que tengan que valorarse a valor de mercado fiscalmente y no por contabilidad.
  • Reversión de pérdidas no deducidas en la transmisión de elementos a empresas del grupo.
  • Deducción de gastos financieros que vieron limitada su deducción en ejercicios anteriores.
  • Determinadas rentas obtenidas por las entidades parcialmente exentas.
  • Operaciones con pago aplazado en el ejercicio en el que se produce la transmisión.
  • El 50 por 100 de las rentas positivas derivadas de la transmisión de inmuebles urbanos adquiridos entre el 12 de mayo y 31 de diciembre de 2012.
  • Dividendos y plusvalías exentas derivadas de participaciones en entidades residentes y no residentes.
  • Reducción por los ingresos obtenidos de determinados activos intangibles (Patent Box).
  • La dotación a la reserva de capitalización o de nivelación.
  • Las rentas por quitas y esperas que no se imputen fiscalmente en el ejercicio en el que se tomó el acuerdo.

 

Fuente: REAF

Impuesto de Sociedades. Operaciones vinculadas (III)

5 Jul

Impuesto de Sociedades. Operaciones vinculadas (III)

Si ha realizado alguna operación, con las personas que enumeramos a continuación, puede que tengan que ser valorarlas a valor de mercado y, en su caso, documentar las mismas[1].

Perímetro de vinculación

  • Una entidad y sus socios o partícipes cuando la participación sea, al menos, de un 25%.
  • Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones.
  • Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores.
  • Dos entidades que pertenezcan a un grupo.
  • Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.
  • Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o de los fondos propios.
  • Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o los fondos propios.
  • Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

 

Métodos para valorar estas operaciones

Para llegar al valor de mercado habremos de aplicar uno de los cinco métodos de valoración que prevé la norma fiscal sin que ninguno sea prevalente frente a otros[2]:

  • Precio libre comparable.
  • Coste incrementado.
  • Precio de reventa.
  • Distribución del resultado.
  • Margen neto.

 

Obligación de documentación

No existe la obligación de documentar las operaciones cuya contraprestación no supere 250.000€/año, por todos los conceptos, realizadas con la misma persona o entidad vinculada.

Las empresas cuyo INCN no supere los 45.000.000€ podrán cumplir esta obligación elaborando una documentación simplificada[3] y, si además se trata de una empresa de reducida dimensión, la documentación se podrá entender cumplimentada a través del documento normalizado elaborado al efecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (al que se puede acceder en la página web de la AEAT). Estas entidades cumplirán su obligación de documentar con la documentación simplificada, pero sin tener que incluir los comparables.

Se exigirá la documentación íntegra cuando el contribuyente realice alguna de las siguientes operaciones:

  • Con contribuyentes empresarios en el desarrollo de actividades económicas que determinen las rentas de las mismas en el IRPF por el método de estimación objetiva y tengan una participación mínima de, al menos, un 25% en la entidad.
  • Transmisión de negocios.
  • Transmisiones de participaciones en cualquier tipo de entidad no admitida a negociación o admitida en mercados regulados situados en países o territorios calificados como paraísos fiscales.
  • Operaciones sobre intangibles.
  • Transmisión de bienes inmuebles.

 

Norma de seguridad para sociedades profesionales

Si es socio de una sociedad que presta servicios profesionales y no quiere que la Administración pueda discutirle la valoración de las retribuciones que obtiene de la entidad por prestar servicios profesionales a la misma, acójase a esta norma. La puede aplicar cualquier tipo de entidad que cumpla todos y cada uno de los siguientes requisitos:

  • Más del 75% de los ingresos de la entidad procedan del ejercicio de actividades profesionales y se cuente con los medios materiales y humanos adecuados para el desarrollo de la actividad.
  • El porcentaje que el importe de las retribuciones de los socios profesionales ha de representar, sobre el resultado previo a la deducción de sus retribuciones, es del 75%.
  • Las retribuciones de cada socio deben ser superiores a 1,5 veces la media de los salarios que cobren el resto de trabajadores con funciones análogas. Si la entidad no tiene empleados que realicen esas funciones, la retribución debe ser igual o mayor a 5 veces el IPREM[4].

 

Ajuste secundario

Se puede evitar la regularización del ajuste secundario si, antes de que la Administración tributaria emita una liquidación, las partes se restituyen los importes que dan lugar al ajuste secundario.

Por ejemplo, si un socio de una sociedad, con participación del 30%, presta servicios a la misma, asignándose una retribución anual de 240.000€ que, posteriormente, queda fijada en 90.000€ por la Inspección y aceptada por el contribuyente, no se realizarán los ajustes secundarios si el socio restituye a la sociedad 150.000€[5].

[1] No hay que documentar las operaciones realizadas entre partes vinculadas si han sido valoradas conforme a lo expuesto en el art. 17 dela Ley, como se ha expuesto en el apartado 4.5 anterior, por aplicarse dicho precepto como norma especial.
[2] En ejercicios iniciados en 2014 y anteriores, los tres primeros eran prevalentes frente a los demás.
[3] Consistirá en una descripción de la naturaleza, características e importe de las operaciones vinculadas. El nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del contribuyente y de las personas o entidades vinculadas con las que se realice la operación. Identificación del método de valoración utilizado y los comparables obtenidos y valor o intervalos de valores derivados del método de valoración utilizado.
[4] Para 2016 se ha fijado en 7.455,14 euros/año.
[5] Sí se realizarán los ajustes primarios: menores gastos de personal de la entidad y menores ingresos de trabajo en el socio.

fuente: REAF

Impuesto de Sociedades 2.016 (II)

4 Jul

Impuesto de Sociedades 2.016 (II)

Entidad patrimonial

Si la sociedad tiene la consideración de entidad patrimonial no podrá aplicar el régimen especial de empresas de reducida dimensión, ni el tipo reducido del 15% regulado para las entidades de nueva creación. Tampoco podrá compensar las bases imponibles negativas cuando la entidad sea adquirida con la intención, por parte del comprador, de aprovechar dichas bases negativas[1].

  • Será patrimonial cuando más de la mitad del activo esté constituido por valores o por elementos no afectos a una actividad económica, tomándose para dicho cómputo la media de los balances trimestrales del ejercicio.
    • En cualquier caso, se consideran bienes afectos los valores que otorguen al menos el 5% del capital y se posean como mínimo durante un año con la finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales.
    • También son elementos afectos el dinero o derechos de crédito procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas que se hayan realizado en el período impositivo o en los dos períodos anteriores.

 

  • La Dirección General de Tributos (DGT) considera que también son elementos afectos los valores a corto plazo, como participaciones en fondos de inversión, acciones en sociedades cotizadas o valores de deuda pública si se han adquirido con beneficios derivados de la actividad económica (DGT V2067-16).

 

Arrendamiento de inmuebles

Si una sociedad tiene inmuebles dedicados al arrendamiento calificará los rendimientos obtenidos de los mismos como actividad económica solo en el caso de que tenga contratada una persona con contrato laboral y a jornada completa. En este sentido la DGT V1458-15 y el TEAC, en Resolución de 28 de mayo de 2013, interpretan que la persona es requisito necesario para calificar tal actividad como actividad económica, pero no sería suficiente si se acreditase que la carga de trabajo que genera la actividad no justifica tener empleado y que, por lo tanto, se tiene para aparentar actividad económica.

Si la gestión del alquiler se externaliza a una tercera entidad, el arrendamiento se calificará como actividad económica si el volumen y la gestión de los inmuebles requieren disponer de medios materiales y personales destinados a esa actividad y los tiene la entidad con la que se subcontrata (DGT V0660-16 y V1843-16).

Cuando la entidad arrendadora forma parte de un grupo mercantil no es necesario que sea la misma entidad la que disponga de los inmuebles arrendados y de la persona contratada. En estos casos pueden contratar a la persona cualquiera de las entidades que forman el grupo y ser otra distinta la propietaria de los inmuebles en alquiler[2].

 

Imputación temporal de gastos e ingresos

La fiscalidad sigue el criterio contable de imputar los ingresos y los gastos según devengo, con independencia de las fechas de cobro y pago. No obstante, los contribuyentes pueden solicitar a la Administración tributaria un método de imputación temporal distinto, por ejemplo, el de caja. En estos casos la solicitud deberá presentarse en los 6 meses antes de la finalización del primer período impositivo en que dicho criterio vaya a producir efectos. Si la Administración no contesta en un plazo de 6 meses se entiende estimada la solicitud.

DGT V3873-16: si un contribuyente no ha registrado un deterioro por insolvencia de sus deudores en los años 2013 y 2014, pero en 2016 contabiliza el correspondiente deterioro, resultará fiscalmente deducible en ese año, siempre que de ello no derive una menor tributación de la que hubiera correspondido como consecuencia de la imputación del gasto en el período impositivo en que se generó y debió resultar fiscalmente deducible, debiendo tenerse en cuenta para ello el efecto de la prescripción.

En el siguiente cuadro recogemos como hay que proceder cuando se contabilizan ingresos o gastos en ejercicios distintos al del devengo en las siguientes situaciones:

 

Declaración complementaria/rectificativa Ajuste +/- en el ejercicio de la contabilización/devengo
Cambio de criterio contable NO SI
Cambio de estimación contable NO NO
Errores contables SI NO
Errores en los ajustes fiscales SI NO
Ingresos y gastos modificados conforme a Derecho NO SI
Ingreso contabilizado antes del devengo/gasto contabilizado después del devengo, sin perjuicio para HP NO NO
Ingreso contabilizado antes del devengo/gasto contabilizado después del devengo, con perjuicio para HP SI SI
Ingreso contabilizado en un momento posterior a devengo/ Gasto contabilizado en un momento anterior a devengo SI SI

 

Casos especiales de imputación

 Operaciones a plazo

Si durante el año 2016 la sociedad ha realizado alguna venta en la que el devengo y el vencimiento del último o único plazo están distanciados en más de 1 año, la renta se entiende obtenida proporcionalmente a medida que sean exigibles los cobros, salvo que la entidad decida aplicar devengo y no cuando se produzca el cobro.

A diferencia de lo que ocurría antes de 2015, si se imputa el ingreso fiscal y no se ha cobrado, la dotación contable por deterioro será fiscalmente deducible si se cumplen los requisitos generales para que dicho deterioro lo sea, como por ejemplo que hayan transcurrido 6 meses desde el vencimiento hasta el último día del cierre del período impositivo.

 

  • Si la sociedad descuenta, endosa o cobra anticipadamente algún importe pendiente de revertir, en dicho período impositivo se entiende obtenida la renta fiscal originando el ajuste positivo correspondiente.
  • Para tener derecho a la aplicación de la regla especial de operaciones a plazo es necesario que en el contrato se especifique el momento temporal en que se percibirá el precio. No se aplica cuando el precio se condiciona a hechos contingentes futuros.

 

Reversión de pérdidas de elementos transmitidos y recomprados

Si en 2016 ha vuelto a comprar el mismo activo que con anterioridad transmitió con pérdida, ésta deberá revertir (ajuste positivo en la base imponible) cualquiera que sea el plazo que medie entre la transmisión y la recompra en el momento en que el activo recupera su valor.[3]

 

Transmisión de un inmueble adquirido entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012

Si una entidad ha transmitido en 2016 un inmueble de naturaleza urbana, que hubiera sido adquirido a título oneroso, entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012, podrá reducir la renta positiva obtenida en un 50%.

No resultará de aplicación esta exención parcial cuando el inmueble se hubiera adquirido o transmitido a una persona o entidad que forme parte del grupo de sociedades, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

 

Subvenciones de capital y de explotación

Cuando la entidad contabiliza una subvención de capital para financiar ciertas inversiones empresariales, el ingreso contable se imputará en la base imponible a medida que se deduce la amortización del activo financiado. Si el activo subvencionado no se amortiza, por ejemplo un terreno, el ingreso se imputará cuando sea dado de baja el activo en cuestión.

Si se trata de una subvención corriente, el ingreso se imputa en el propio ejercicio en que se contabiliza.

 

Ingresos por prestaciones de servicios

Los ingresos por prestaciones de servicios se contabilizan cuando puedan valorarse con fiabilidad y sea probable que la empresa perciba los beneficios de la transacción, por el método del porcentaje de realización.

Cuando el resultado de la transacción no se pueda estimar de modo fiable, sólo se reconocerán ingresos a fin de ejercicio por los costes incurridos para obtener los mismos que se consideren recuperables. La fiscalidad acepta el registro contable.

 

Ingresos procedentes de reclamaciones

Si la sociedad ha contabilizado un ingreso por el reconocimiento de alguna cantidad reclamada judicialmente, desde el punto de vista fiscal deberá imputar dicho ingreso en el período impositivo en que la sentencia sea firme.

Si el ingreso contable deriva de un recurso interpuesto contra la cuota satisfecha en su día por el Impuesto sobre Sociedades, dicho ingreso no va a la base imponible, dado que el gasto por este Impuesto no es gasto fiscalmente deducible, situación que no se produce si se trata de otro tributo.

 

Ventas realizadas por empresas promotoras

Las ventas se contabilizan normalmente cuando se hayan firmado las escrituras de compraventa atendiendo a la teoría del título y modo, siempre que en dicho documento se entienda que se han entregado los inmuebles. Sin embargo, las empresas constructoras contabilizarán los ingresos de su actividad por el método del porcentaje de realización cuando el contrato para realizar la obra contenga las especificaciones de la misma, como sucede en los contratos “llave en mano”. Si el objeto de la venta es una construcción estándar, la contabilización la realizaremos cuando se transmitan sustancialmente los riesgos. Desde el punto de vista fiscal se acepta la imputación conforme al registro contable.

Ingreso de una sociedad en concurso por una quita

Si la entidad ha entrado en concurso y se ha aprobado una quita, existirá un ingreso contable por la diferencia entre los importes de la deuda antigua y de la nueva actualizada. Desde el punto de vista fiscal se podrá imputar el ingreso a medida que se contabilicen los gastos financieros correspondientes a la nueva deuda.

Si el importe de los gastos financieros es inferior a la cuantía del ingreso contable, se imputará este último según el porcentaje que resulte de prorratear los gastos financieros[4].

 

Capitalización de deudas

Si ha realizado una operación de aumento de capital por compensación de deudas y ha contabilizado un ingreso, por diferencia entre el valor contable de la deuda y su valor razonable, no deberá tributar dado que fiscalmente esta operación se valora desde el punto de vista mercantil, es decir por el importe escriturado.

Transmisión de activos que nunca se amortizaron o deterioraron

Detecte si se han transmitido activos amortizables con pérdidas y éstas responden a que el bien no se amortizó durante su vida útil, o bien a un posible deterioro deducible no contabilizado. En estos casos, para que la pérdida sea fiscalmente deducible, es necesario que no se haya producido perjuicio económico para la Hacienda Pública, pues de lo contrario toda o una parte de la pérdida no será deducible. Esta circunstancia puede ocurrir por la parte del gasto que corresponda a ejercicios prescritos.[5]

En caso de deterioros de 2015 o posteriores, aunque no son deducibles fiscalmente, sin embargo es posible deducir el deterioro fiscalmente al mismo ritmo que se amortice el bien. En caso de venta, la pérdida fiscal que falta por computar se recuperará en ese momento.

 

[1] Esto se produce cuando la mayoría del capital social o de los derechos a participar en los resultados de la entidad hubieran sido adquiridos por una persona o entidad con una participación inferior al 25% en la entidad a la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible negativa.
[2] DGT V2620-16: los grupos de coordinación (o grupos ampliados que se regulan en la NECA nº 13) no forman parte del concepto de grupo de sociedades definido en el artículo 42 del CdC, sino que constituyen una categoría propia cuya identificación origina una serie de consecuencias a los efectos de formular las cuentas anuales individuales de las sociedades que lo integran, son sociedades del “grupo”, pero en el sentido de la Norma de elaboración de las cuentas anuales 13ª del PGC.
[3] Recordamos que antes de 2015 esta regla solo se aplicaba cuando se volvía a comprar el activo antes de los 6 meses desde la transmisión.
[4] Las limitaciones para la compensación de bases imponibles negativas no aplican a las rentas correspondientes a quitas y esperas, consecuencia de un acuerdo con los acreedores del contribuyente.
[5] Si la pérdida de la venta es consecuencia de un deterioro que no se contabilizó en su día, será deducible solo cuando no exista perjuicio económico para la Administración, teniendo en cuenta también la prescripción.

 

Fuente: REAF

Los requisitos de local y persona no bastan para calificar el arrendamiento de inmuebles como actividad económica

4 May

Los requisitos de local y persona no bastan para calificar el arrendamiento de inmuebles como actividad económica

En el caso objeto de análisis la Inspección niega la aplicación del régimen especial de sociedades patrimoniales previsto en la antigua norma del Impuesto sobre Sociedades, pues el contribuyente cumple con los requisitos objetivos de local y empleado y, en consecuencia, entiende que desarrolla la actividad económica de arrendamiento de inmuebles, no tratándose por tanto de una entidad patrimonial.

En este sentido, el Tribunal interpreta que los requisitos de local y empleado añaden un dato presuntivo al elemento esencial que establece la norma, consistente en la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en el mercado. Si no se da este requisito sustantivo, será imposible localizar una actividad económica a efectos fiscales.

En este caso, la actividad de la entidad durante el periodo regularizado se ha limitado a la percepción de la renta arrendaticia de dos entidades, poniendo de manifiesto la innecesariedad del despliegue de los requisitos del local y empleado, atendida la muy escasa entidad de la actividad emprendida, que no cabe reputar empresarial.

No es posible asociar indisolublemente la observancia de los requisitos de local y empleado a la presunción de una mínima carga de trabajo que da por supuesta una actividad empresarial. Una muestra de ello es este caso, en el cual la actividad sostenida por la entidad se limita a la emisión de las facturas del arrendamiento de inmuebles y a la gestión de su cobro, claramente insuficientes para caracterizar una actividad como económica.

 

Tribunal Supremo, nº de Recurso 3748/2015, de 7 de diciembre de 2016

Posibilidad de una tercera comprobación de valor por parte de la Administración

18 Abr

Posibilidad de realizar una tercera comprobación de valor por parte de la Administración

En esta Resolución el Tribunal analiza las circunstancias que deben concurrir para que la Administración tenga vedado practicar una tercera valoración en virtud del criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal interpreta que un acto de liquidación anulado por motivos formales puede y debe ser repetido por la Administración, siempre que no reincida en el mismo error que determinó su anulación.

En este sentido, es necesario que el error cometido (en este caso el déficit de motivación de la comprobación de valor) surta efectos jurídicos frente al obligado tributario, es decir, que se incorpore a un acto administrativo, que ese acto sea anulado en vía administrativa (ya sea con ocasión de la interposición de un recurso de reposición o de una reclamación económico-administrativa) o en vía jurisdiccional, por apreciar la existencia de ese error o defecto y, finalmente, que la Administración dicte nueva resolución sobre el mismo asunto incurriendo en el mismo defecto.

Es necesario, en suma, que haya dos actos administrativos sobre un mismo asunto que incidan en el mismo error para que quede vedada a la Administración la posibilidad de practicar una tercera valoración. En caso contrario, la Administración podrá valorar por tercera vez.

T.E.A.C. Resolución nº 05240/2016, de 19 de enero de 2017

FUENTE: REAF

Compensación de bases imponibles negativas (BIN’s) -TEAC-

15 Abr

Compensación de bases imponibles negativas (BIN’s) -TEAC-

Resolución del TEAC Nº 01510/2013/00/00, de 4 de abril de 2017, en la que se considera que la compensación de bases imponibles negativas (BIN’s) en el Impuesto sobre Sociedades es una “opción” que se ejercita con la presentación de la declaración, en los términos del artículo 119.3 de la LGT: “Las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de declaración”.

En concreto, cuando el contribuyente tiene BIN’s de ejercicios anteriores, este criterio se concreta en lo siguiente:

  • Si en un ejercicio tiene una base imponible previa nula o negativa, no pudo compensar, entendiéndose que no ha ejercicio ninguna opción y, por lo tanto, posteriormente podrá optar por compensar en complementaria, rectificación de la autoliquidación o comprobación administrativa.
  • Si en un ejercicio tiene una base imponible previa positiva y decide compensarla toda con BIN’s, se entiende implícitamente que el contribuyente optó por compensarse el importe máximo y, por consiguiente, si posteriormente se incrementa la base por el propio contribuyente o en una comprobación, mantendrá el derecho a compensar el saldo compensable y no compensado.
  • Si en un ejercicio tiene una base imponible previa positiva y decide no compensar en absoluto o un importe menor a la base previa, se entiende que el contribuyente optó por no compensar BIN’s o hacerlo solo en parte, por lo que, posteriormente y fuera del plazo de autoliquidación, no podrá aprovechar el saldo de las bases compensables, sea vía rectificación o en un procedimiento de comprobación.
  • Si el contribuyente no declaró, se entiende que no ejercitó el derecho a compensar BIN’s, por lo que, posteriormente, ni mediante la presentación de autoliquidación ni en una comprobación, podrá compensar las bases negativas compensables.

Fuente: REAF

 

Para deducir las cuotas soportadas en los gastos por servicios de desplazamiento, hostelería y restauración en el IVA se exige que dichos gastos sean deducibles a efectos del IRPF o del I.Soc.

3 Abr

Para deducir las cuotas soportadas en los gastos por servicios de desplazamiento, hostelería y restauración en el IVA se exige que dichos gastos sean deducibles a efectos del Impuesto sobre la Renta o del Impuesto sobre Sociedades, sin que sea necesario comprobar esos impuestos directos

La cuestión controvertida en el presente recurso consiste en determinar si la regla recogida en la ley del Impuesto, por la cual se excluyen del derecho a deducir las cuotas de los servicios de desplazamiento, hostelería y restauración, salvo que el importe de los mismos tuviera la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o del Impuesto sobre Sociedades (IS), exige o no para su aplicación que la Administración acredite que dichos gastos han sido objeto de regularización en los impuestos directos correspondientes.

En este sentido, el Tribunal entiende que la regla aludida hace referencia a la necesidad de cumplir los requisitos objetivos de deducibilidad contemplados en los impuestos directos, pero en ningún momento determina o exige que la verificación de dichos requisitos haya de hacerse necesariamente o en primer término en el seno de una comprobación concerniente a estos impuestos directos.

Por tanto, para que las cuotas del IVA soportadas por estos servicios sean deducibles es preciso que el importe de los mismos sea también deducible a efectos del IRPF o el IS, y a la inversa, si el importe de los servicios no es fiscalmente deducible en estos impuestos directos, tampoco lo será la cuota soportada por el IVA correspondiente.

Se trata pues de una regla de vinculación objetiva, no procedimental. Lo que debe examinarse es si el gasto responde objetivamente a un concepto que se considere deducible en el IRPF o en el IS, con independencia de que el obligado tribute o no por dichos impuestos. Por este motivo no cabe condicionar la verificación de esos requisitos de deducibilidad, de cara a la regularización de las cuotas de IVA, a que haya de realizarse en el seno de una comprobación formal encaminada a regularizar los citados impuestos directos.

T.E.A.C. Resolución nº 01968/2016, de 26 de enero de 2017 (Fuente: REAF)

La protección social de los trabajadores españoles traslados por sus empresas al extranjero

31 Mar

La protección social de los trabajadores españoles traslados por sus empresas al extranjero

 1ª Cuando el traslado al extranjero por la empresa de sus trabajadores se produzca en relación con un país con el que España no tenga suscrito Convenio u otra norma internacional de coordinación en materia de Seguridad Social, dichos trabajadores, a tenor de la Orden de 27 de enero de 1982, quedarán en situación asimilada a la de alta en el Régimen General, debiendo cotizarse por los mismos en iguales términos a los existentes en el momento de causar baja en dicho régimen. Esto podría traer como consecuencia, si en el país de destino existiera la obligación de cotizar al sistema propio, un doble esfuerzo contributivo tanto de la empresa como del trabajador.

 

2ª Cuando dicho traslado tenga lugar con respecto a un país con el que el nuestro se halle vinculado por una norma internacional de coordinación en materia de Seguridad Social, se podrán dar diversas circunstancias:

  1. A) En principio, y durante un período de tiempo variable (fijado en cada instrumento internacional), en su condición de “destacado”, el trabajador permanecerá vinculado al Régimen General de la Seguridad Social, como si no se hubiese producido dicho desplazamiento.
  2. B) Transcurrido el período máximo previsto para el trabajador destacado, procederá seguir lo que sobre legislación aplicable determine la respectiva norma internacional, que, habitualmente y en función del principio de territorialidad, determinará como tal la del país en el que se desarrolla la actividad laboral.
  3. C) Si el aseguramiento obligatorio en el sistema del país extranjero comportara la ausencia de cobertura de alguna contingencia de las que quedan amparadas en el Régimen General de la Seguridad Social, respecto de esa misma operaría la asimilación al alta a que se refiere la repetida Orden de 1982, lo que comportaría la cotización, aunque sólo por la contingencia de que se trate.
  4. D) El aseguramiento obligatorio en el sistema de la Seguridad Social del país de destino no impedirá que el trabajador, a título individual, pueda acogerse voluntariamente a la protección de la Seguridad Social, mediante la suscripción del Convenio especial común regulado en la Orden TAS/2865/2003, en tanto acredite haber cotizado previamente a dicho sistema un mínimo de 1.080 días.
  5. E) Las cotizaciones satisfechas al sistema español durante la vigencia del Convenio especial, pueden causar efectos en una doble vía:

En el marco de la norma internacional, no podrán ser totalizadas con los períodos de seguro obligatorio acreditados en el país de destino para acceder al derecho a una o varias prestaciones internacionales. No obstante, en algunos ámbitos (todavía reducidos), como el comunitario y el propio de algunos Convenios, esas cotizaciones satisfechas en un régimen voluntario sí serán tenidas en cuenta para incrementar las cuantías de las prestaciones por invalidez, jubilación y supervivencia.

 

En el ámbito interno, dichas cotizaciones se podrán computar con el resto de las acreditadas para, si se alcanzan todos los requisitos, poder acceder al derecho a la prestación de que se trate, aplicando exclusivamente la legislación española (lo que podría dar ocasión a una acumulación con la prestación que, en virtud exclusivamente de la legislación del otro país, pudiera ser reconocida por éste).

  1. F) A la vista de lo enumerado, no cabe apreciar, en general, especiales casos de desamparo por la Seguridad Social española de los trabajadores desplazados al extranjero ni la necesidad de establecer un nuevo Convenio especial ad hoc para los mismos.
  2. G) La única carencia protectora se vendría a producir en el caso de que el trabajador no pudiera acreditar cotizaciones a la Seguridad Social española por un espacio de tiempo igual o superior a 1.080 días. En tal hipótesis no sería factible suscribir el Convenio especial común al que se ha venido haciendo referencia.

No obstante, en tales supuestos sí sería viable acogerse a la modalidad de Convenio especial prevista para los emigrantes españoles e hijos de éstos que trabajen en el extranjero, regulada en el Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, y en el artículo 15 de la repetida Orden TAS/2865/2003. A raíz de las modificaciones operadas en dicha regulación, en el momento presente se puede (en contra de lo que regía hasta el año 2003) suscribir este tipo de Convenio especial con independencia no sólo de que con anterioridad se haya estado o no afiliado a la Seguridad Social española sino también de que con el país en el que se vaya a trabajar el nuestro tenga o no suscrito Acuerdo o Convenio en materia de Seguridad Social. El inconveniente que en este caso representa este modelo de Convenio, con respecto al general, reside en que la base de cotización única y obligatoria coincide con la base mínima de cotización que se halle prevista, en cada momento, para el Régimen General, lo que se ha de traducir en unas prestaciones de cuantía acorde con el importe de dicha base.

Fuente: REAF

Posibles nulidadesen notificación electrónica…..

15 Mar

Las hojas en blanco que rompen el formato habitual de una notificación electrónica pueden hacerla nula

Este Recurso de casación versa sobre una Sentencia de la Audiencia Nacional en la cual, a causa de una notificación electrónica mal maquetada, la empleada de la entidad encargada de recoger la notificación hizo caso omiso de la misma. La Audiencia en este caso considera que el error de la Administración es de mayor trascendencia jurídica que el del contribuyente, que no revisó el archivo debidamente, interpretando que se trataba de un error informático.

Tras este pronunciamiento, la Administración recurre en casación al Tribunal Supremo, el cual recuerda que en materia de notificaciones lo relevante no es el cumplimiento de las normas formales que regulan la materia, sino el hecho de que los administrados lleguen a tener conocimiento del acto notificado, pues el desconocimiento de lo que se notifica hace imposible cualquier tipo de defensa.

Finalmente el Tribunal falla a favor del contribuyente, entendiendo que hacerlo en sentido contrario le colocaría en una situación de indefensión pues, cuando se trata de notificar un acto sancionador, la jurisprudencia exige extremar el celo en lo referente a la notificación del mismo.

Tribunal Supremo, Nº de Recurso 2841/2015, de 16 de noviembre de 2016

Fuente: REAF

Los ingresos financieros no ordinarios no se incluyen en el importe neto de la cifra de negocios

4 Mar

Los ingresos financieros no ordinarios no se incluyen en el importe neto de la cifra de negocios

En esta sentencia se analiza si los ingresos financieros que percibe el contribuyente deben formar parte del importe neto de la cifra de negocios, cuestión que incide directamente en la posibilidad de acogerse al régimen fiscal previsto para las empresas de reducida dimensión.dinero

En este caso, la actividad principal de la compañía es la intermediación en mercados de renta variable. La Inspección defiende que los ingresos procedentes de la enajenación de acciones tienen su origen en la actividad de negociación por cuenta de terceros, de manera que la entidad no actúa como poseedor de bienes y derechos, sino que nos encontramos ante una prolongación directa, permanente y necesaria de la propia actividad principal. Lo contrario sostiene la parte recurrente interpretando que sus ingresos ordinarios están integrados por las comisiones que obtiene por la prestación de sus servicios y no por los de compra-venta de participaciones.

El Tribunal recuerda que el concepto de importe neto de la cifra de negocios se encuentra estrechamente ligado con la actividad ordinaria de la entidad, entendiendo por tal aquella que se realiza regularmente por la empresa y de la que se derivan ingresos periódicamente. Por este motivo procede entender que los ingresos procedentes de la enajenación de acciones de la cartera permanente de la compañía, en tanto esta operación no es representativa de la actividad de la actora, no deberán ser tenidos en cuenta para la determinación del importe neto de la cifra de negocios.

Audiencia Nacional, Nº de Recurso 331/2014, de 30 de junio de 2016

Entidades patrimoniales

26 Feb

Entidad patrimonial

Debe prestar atención a los balances trimestrales para saber si una sociedad tiene o no la condición de entidad patrimonial y calcular la media de los activos de los balances trimestrales. Si más de la mitad del activo está formado por bienes no afectos, o bien por acciones y participaciones, la entidad será patrimonial. Las acciones o participaciones se consideran bienes afectos cuando otorguen al menos el 5 por 100 del capital y se posean como mínimo durante un año con la finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales para ello.

A estos efectos no se computarán ni el dinero ni los derechos de crédito procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas o valores, que se haya realizado en el período impositivo o en los dos períodos impositivos anteriores.

Si una sociedad tiene la consideración de entidad patrimonial tenga en cuenta que:

  • No podrá aplicar ningún incentivo de los regulados para las ERD.
  • Si vende acciones de una sociedad patrimonial no se podrá aplicar la exención para evitar la doble imposición por la parte del beneficio de la venta de las participaciones que se corresponda con la plusvalía tácita.
  • No podrá aplicar el tipo de gravamen reducido del 15 por 100 si la empresa es de nueva creación.
  • No podrá compensar las bases imponibles negativas si se adquiere una sociedad patrimonial en la que se participa en más del 50 por 100 si, al final del periodo impositivo en que se generó la base negativa, se ostentaba un porcentaje inferior al 25 por 100.

 

El saldo de tesorería generado por el beneficio procedente de las actividades ordinarias, como son las ventas o las prestaciones de servicios, no convierten a una entidad en sociedad patrimonial, al no computarse dicho saldo como bien no afecto (DGT V3440-15).

Si ha transmitido activos de inmovilizado y ha obtenido beneficios extraordinarios tenga en cuenta que, si no se reinvierten los importes correspondientes a esos beneficios en un plazo máximo de 3 años, es posible que pase a ser sociedad patrimonial ya que dicho saldo de tesorería pasa a computar como bien no afecto.

Fuente: REAF

 

Arrendamiento de inmuebles: Concepto de actividad económica

20 Feb

Concepto de actividad económica: arrendamiento de inmueblesvivienda

Si tiene inmuebles en alquiler y pretende que el arrendamiento sea considerado como actividad económica y, por lo tanto, que estén afectos dichos activos, debe disponer de una persona que gestione los arrendamientos a jornada completa y con contrato laboral.

– Según criterio administrativo es necesario probar que existe una carga administrativa mínima de trabajo que justifique la necesidad de contratar a la persona (T.E.A.C., Resolución de 2 de febrero de 2012).

– El requisito de la persona se puede alcanzar subcontratando con un tercero el servicio de gestión de los arrendamientos. En estos casos lo relevante no es el personal que el subcontratado tenga en nómina sino qué parte de ese personal se destina y qué tiempo emplea en la gestión de la actividad de la entidad que subcontrata (DGT V0133-16).

– En el caso de grupo mercantil, a los efectos de determinar si las entidades que lo componen realizan o no una actividad económica, los requisitos se han de cumplir a nivel del grupo y no individualmente. Es decir, en el caso de arrendamientos, una entidad puede ser la titular de los inmuebles y otra del grupo tener contratada a la persona.

Fuente: REAF

Cierre fiscal del Impuesto sobre Sociedades 2016

9 Feb

Cierre fiscal del Impuesto sobre Sociedades 2016

El período impositivo que las empresas están a punto de cerrar, segundo año de aplicación de la reforma fiscal, se caracteriza por la escasez en la publicación de normativa tributaria, sobre todo si se compara con la vorágine normativa desmesurada de los años precedentes. No obstante, traemos a colación tres normas que afectan directamente al Impuesto: la Resolución de 4 de abril (B.O.E. de 6 de abril de 2016) en la que la Dirección General de Tributos estableció la plena deducibilidad de los intereses de demora derivados de actas de inspección después de la reforma, el Real Decreto-Ley 2/2016 (B.O.E. el 30 de septiembre de 2016), que aumentó el importe a satisfacer por el segundo y tercer pago fraccionado a las empresas que facturan más de 10.000.000€, y el Real Decreto-ley 3/2016 que introdujo diversas modificaciones, alguna de las cuales son aplicables ya para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016.

Recogemos en un solo documento las novedades más significativas para 2016 así como diferentes aspectos que hay que tener en cuenta cuando preparamos el cierre fiscal de las empresas. Asimismo es conveniente reseñar algunos criterios interpretativos tanto de la Administración como de los diferentes Tribunales de Justicia para, de esta manera, poder obrar en consecuencia.

Importe neto de la cifra de negocios (INCN)

Está integrado por la cuantía de las ventas, así como de las prestaciones de servicios y del resto de ingresos procedentes de las actividades ordinarias. No se incluyen los importes por descuentos o bonificaciones, los impuestos especiales, ni el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Es la magnitud que va a determinar si procede aplicar el régimen especial de empresas de reducida dimensión (ERD).

Si en 2016 se ha iniciado una actividad económica el INCN a tener en cuenta es el correspondiente al tiempo en el que se ha desarrollado la actividad efectiva.

Si la entidad se constituyó en 2016 y el periodo impositivo fue inferior al año, o la actividad se desarrolló durante un plazo inferior al año, el INCN se eleva al año.

 

Los ingresos de ventas de acciones cuando sean operaciones no representativas de la actividad no forman parte INCN (Audiencia Nacional, de 30 de junio de 2016).

En entidades con INCN a partir de 20 millones de euros en los 12 meses anteriores al primer ejercicio iniciado en 2016, verán limitada la compensación de bases imponibles negativas y la reversión de determinados créditos fiscales al 50 ó 25% de la base imponible previa a la reducción por reserva de capitalización en función de que no se llegue a 60 millones o se supere dicha cifra, respectivamente, pudiendo compensar el importe mínimo de 1 millón de euros.

También cuando se ha llegado en los 12 meses anteriores a un INCN de 20 millones de euros al menos, se limita al 50% de la cuota íntegra la cuantía de la aplicación de las deducciones por doble imposición interna e internacional generadas en el ejercicio o de las pendientes de períodos anteriores.

Es la referencia que determina si se deben documentar las operaciones realizadas entre partes vinculadas y si ha de ser íntegra, simplificada o aportar la información país por país.

Es la cuantía sobre la que se fija el importe total de los gastos por atenciones a clientes o proveedores que son deducibles. Recordamos que la deducción fiscal se limita al 1 por 100 del INCN.

A partir del segundo pago fraccionado de 2016, si el INCN supera los 10.000.000€ la entidad deberá ingresar, con carácter general, un 24 por 100 de la base imponible o, bien, el 23 por 100 del resultado contable positivo, si esta última cuantía supera a la anterior.

Fuente: REAF

Gastos contables que no son fiscalmente deducibles

27 Ene

Gastos contables que no son fiscalmente deducibles o tiene limitada su deducibilidad

sancionesRetribución de fondos propios

Los gastos ocasionados por la retribución de fondos propios no son deducibles. Enumeramos algunos de ellos:

  • Los correspondientes a dividendos en especie, como es el gasto de compras de regalos que se entregan a los socios el día de la Junta de accionistas.
  • Los gastos financieros derivados de la remuneración a los titulares de acciones sin voto o de acciones rescatables. Esta nueva calificación fiscal es aplicable a partir de 1 de enero de 2015, con independencia de la fecha de emisión de los instrumentos financieros. (Es indiferente, por tanto, que estuvieran reconocidos como pasivo en períodos impositivos iniciados antes de esa fecha).
  • La remuneración de los préstamos participativos otorgados por entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Su remuneración se considera como un dividendo, aunque se contabilicen como gastos financieros, con derecho, si procede, a la exención para evitar la doble imposición interna o internacional. (No aplicable a préstamos participativos otorgados antes de 20-06-14. Además, no se ven afectados por el límite de los gastos financieros (30 por 100 del Bº operativo). Es decir, estos préstamos participativos no deben ser considerados como deuda a los efectos de dicho límite (DGT V3503-15).)

Si la entidad recibe un préstamo participativo de una persona física, los intereses del mismo serán gastos fiscalmente deducibles porque no provienen de un préstamo otorgado por una entidad del grupo, pero sí podrá limitarse su deducibilidad según el artículo 16 (DGT V2007-15).

 

Gastos por donativos y liberalidades

No se permite la deducibilidad de estos gastos, pero existen algunos expresamente excluidos de este concepto de liberalidad.

Así ocurre con los gastos por atenciones a clientes y proveedores, aunque se limita el importe del gasto deducible al 1 por 100 del INCN del propio ejercicio en que se contabilizan.

No se considera liberalidad la retribución que cobra un administrador por el desempeño de funciones de alta dirección, como por ejemplo por el cargo de gerente. No es necesario que en los estatutos de la empresa figure la retribución por dichas funciones ejecutivas para que el gasto sea deducible. (Las que no son deducibles son las retribuciones de consejeros y administradores percibidas por el ejercicio del cargo si no está remunerado según Estatutos.)

La retribución que percibe el administrador por una relación laboral común es deducible sin que sea necesario que la misma figure en Estatutos.

Si los miembros del Consejo de Administración incurren en gastos para realizar su labor, tales como gastos de desplazamiento o alojamiento, y estos son abonados por la entidad, serán deducibles cuando la entidad ponga a disposición del miembro del Consejo los medios para asistir a las reuniones del órgano del que forma parte, por ejemplo, satisfaciendo el desplazamiento o el alojamiento o cuando se compense al consejero estrictamente por el gasto en que haya incurrido.

Intereses de demora procedentes de actas de Inspección

 Por un lado, la Dirección General de Tributos considera que los intereses de demora tributarios son deducibles, porque contablemente se califican como gastos financieros (Resolución de 4 de abril de 2016) y, por otro lado, determina que estos intereses no encajan como gastos que provienen de una actuación contraria al ordenamiento jurídico porque, para que así fuera, el gasto tiene que ser ilícito, como es por ejemplo un soborno. ( Recordamos que desde 2015 no son deducibles los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. ) Este criterio solo está claro en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015.

La Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016 señala que los intereses de demora del ejercicio en curso se contabilizan en la partida de “Gastos financieros”, y que los intereses de ejercicios anteriores se contabilizan mediante cargo a Reservas cuando, habiendo procedido provisionarlos en ejercicios anteriores, no se hubiera hecho. No obstante, si el reconocimiento se realiza por información adicional, mayor experiencia o conocimiento de nuevos hechos, se cargará en cuentas del subgrupo 66 (gastos financieros).

Gastos financieros

No son deducibles los gastos derivados de deudas con entidades del grupo destinados a adquirir, a otras empresas del grupo, participaciones en fondos propios o a aportar capital a entidades del grupo.

En el resto de los casos, los gastos financieros se limitan al 30 por 100 del beneficio operativo del ejercicio, con un mínimo de 1.000.000€, no existiendo límite temporal para compensar los gastos no deducidos por esta limitación.

Existe una limitación adicional al límite anterior a la deducibilidad de los gastos que se producen cuando se adquieren con apalancamiento participaciones en entidades y, después, la entidad adquirida es objeto de una fusión no acogida al régimen especial, o pasa a formar grupo con la adquirida (son las denominadas operaciones LBO). En este caso opera también como límite el 30 por 100 del beneficio operativo de la entidad que realizó dicha adquisición, sin incluir el beneficio operativo correspondiente a cualquier entidad que se fusione con aquella o que forme grupo fiscal con ella en los 4 años posteriores a la adquisición (si no aplica régimen reestructuración). Asimismo, se aplicará simultáneamente el límite general de la empresa fusionada o del grupo.

Este límite adicional no resulta de aplicación en el período impositivo en que se adquieran las participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades si la adquisición se financia con deuda en un 70 por 100 o menos del precio de adquisición. Tampoco se aplicará en períodos siguientes siempre que el importe de esa deuda se minore, desde el momento de su adquisición, en la parte proporcional que corresponda, en los 8 años siguientes, para que la deuda pueda representar, como máximo, el 30 por 100 del precio de adquisición al final de dicho plazo.

Es importante chequear las siguientes cuentas contables: (661), (662), (664) y (665) para detectar cuáles son los gastos financieros del ejercicio. Pero hay que tener en cuenta que no se incluyen como gasto o ingreso financiero los intereses devengados y no cobrados de un derecho de crédito objeto de deterioro de valor; las diferencias de cambio que se integren en la cuenta de Pérdidas y Ganancias y que deriven de cualquier endeudamiento afectado por aplicación del artículo 20 de la ley; las coberturas financieras vinculadas al endeudamiento; o los resultados, tanto positivos como negativos, que correspondan al partícipe no gestor de las cuentas en participación.

 

Créditos comerciales y no comerciales

Los gastos derivados de pérdidas por deterioro de créditos de insolvencias contabilizadas solo serán deducibles cuando, a la fecha de devengo del Impuesto, han transcurrido 6 meses desde que venció la obligación, salvo que el deudor se encuentre en alguno de los siguientes casos, pues en estos casos el gasto es deducible:

  • Declarado en situación de concurso, siendo suficiente con el auto que lo declare.
  • Procesado por delito de alzamiento de bienes, siendo suficiente que esté simplemente procesado por dicho delito, aunque no haya sentencia judicial firme.
  • Cuando las obligaciones han sido reclamadas judicialmente o son objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

Aunque no son deducibles los gastos por insolvencias cuando el deudor es un ente público, sí será deducible cuando el crédito es objeto de un procedimiento arbitral o judicial sobre su existencia o cuantía.

Lo mismo ocurre con los gastos por insolvencias cuando el deudor es un vinculado, el gasto será deducible solo si el deudor vinculado ha entrado en fase de liquidación en el concurso.

Fuente: REAF

Nota aclarativa:
Todos los posts publicados sobre el impuesto de sociedades en estos días hacen referencia al ejercicio 2.016
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