Renta 2.016 (2)

23 May

Rendimientos del trabajo

El rendimiento neto del trabajo será el resultado de disminuir el rendimiento integro en el importe de los gastos deducibles. Los rendimientos del trabajo corresponden exclusivamente a quien haya generado el derecho a percibirlos. No obstante, las pensiones, haberes pasivos y demás prestaciones percibidas de los sistemas de previsión social, corresponderán íntegramente a la persona en cuyo favor estén reconocidos.

Los rendimientos netos podrán reducirse en un 30 por 100, con un límite máximo de 300.000€ cuando tengan un período de generación superior a 2 años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando, en ambos casos, se imputen en un único período impositivo.

 

A tener en cuenta

 

  • Si en 2016 ha rescatado en forma de capital alguno de los planes de pensiones que tiene contratados y tiene derecho a la reducción del 40 por 100, en lo correspondiente a prestaciones percibidas por primas aportadas hasta 31 de diciembre de 2006, solo podrá aplicar esta reducción respecto de las cantidades percibidas en este año. Si el importe a recibir en forma de capital se deja para más tarde de 2018, en ese caso tributará en su totalidad sin aplicación de la citada reducción.

 

  • Según criterio administrativo, no es posible presentar una autoliquidación complementaria para anular la reducción practicada en un año anterior, con la intención de mantener el derecho a la reducción sobre la prestación que se perciba de otro plan de pensiones en un período impositivo posterior (DGT V0500-15).

 

  • Las rentas derivadas de impartir cursos, conferencias, coloquios o seminarios, por regla general, tributan como rendimientos del trabajo y, excepcionalmente, cuando estas actividades supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción o de recursos humanos, como rendimientos de actividades económicas (DGT V3611-15).

 

  • Si ha recibido anualidades por alimentos de su ex cónyuge, deberá declararlas como una renta más del trabajo. El pagador podrá reducir la base imponible por el importe de dichas anualidades.

Gastos deducibles

Tendrán la consideración de gastos deducibles de los rendimientos del trabajo las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios; las detracciones por derechos pasivos; las cotizaciones a colegios de huérfanos o entidades similares; las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales, cuando la colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, y con el límite de 500€ anuales; y los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con el límite de 300€ anuales. También son deducibles 2.000€ en concepto de otros gastos.

 

A tener en cuenta

 

  • Si un contribuyente padece una minusvalía y se encuentra en situación laboral de “prejubilación”, no puede aplicar el gasto regulado para personas con discapacidad porque una persona que se encuentra en esa situación no tiene el carácter de trabajador en activo (DGT V3185-15).

 

  • Si un opositor a la Administración Pública se inscribe en la oficina de desempleo antes de que se publique la relación definitiva de aspirantes aprobados, y tiene que realizar las prácticas en un municipio distinto al de su residencia habitual, podrá aplicar la deducción por movilidad geográfica de 2.000€ en dicho año y en el siguiente (DGT V5454-16).

 

  • Los gastos ocasionados por la intervención de procurador en representación del funcionario en la jurisdicción contencioso-administrativa, en cuestiones de personal, tienen la consideración de deducibles, con el límite, junto con otros gastos de defensa jurídica que pudieran producirse, de 300€ anuales.

 

  • No será deducible la cuota que satisface un abogado al Colegio Profesional de la Abogacía en calidad de abogado no ejerciente, al no ser obligatoria la colegiación para el desempeño de su trabajo (DGT V2274-14).

 

  • No son deducibles las cantidades que satisface un contribuyente a una asociación profesional en concepto de cuota para la defensa de sus derechos e intereses (DGT V0490-14).

 

Rendimientos obtenidos con un período de generación superior a 2 años

Los rendimientos irregulares son aquellos cuyo período de generación es superior a 2 años y aquellos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo que regula la norma reglamentaria.

Con la finalidad de romper la progresividad de estos rendimientos se reducen en un 30 por 100, con un máximo de 300.000€ de importe reducible.

A tener en cuenta

 

 

  • La reducción no se aplica cuando en los 5 ejercicios anteriores ya se hubiera aplicado por otra renta del trabajo. Por lo tanto, puede ser interesante no aplicar ahora la reducción por la renta recibida si sabe que en los próximos 5 años tendrá derecho a percibir otra renta mayor también con derecho a reducción.

 

  • Para que los premios de jubilación se consideren generados en más de 2 años, según criterio administrativo es preciso que se exija para su percepción una antigüedad en la empresa mínima de ese período y que el convenio, pacto o contrato, en el que se estableció el premio, también tenga más de 2 años (DGT V1659-15).

 

  • Si en 2016 rescata un plan de pensiones y se jubiló en 2010 o en algún año anterior puede aplicar la reducción del 40 por 100 si percibe la prestación en forma de capital (correspondientes a primas aportadas hasta 1 de enero de 2007).[1]

 

  • Con carácter general, la contingencia de jubilación acaece cuando se produce la jubilación total, pero si en las especificaciones del plan se prevé que se puede percibir la prestación en caso de jubilación parcial y se accede a esta, se considerará que ha acaecido la contingencia de jubilación a efectos de la aplicación del régimen transitorio para reducir en un 40% las prestaciones en forma de capital (DGT V5266-16).

 

  • No procede aplicar la reducción del 30 por 100 por las cuantías recibidas como consecuencia de la suspensión por mutuo acuerdo de la relación laboral. Aparte de que la reducción queda reservada a las extinciones de relaciones laborales y no a suspensiones de contratos de trabajo, tales derechos económicos de la suspensión nacen ex-novo (DGT V5253-16).

 

  • Es aplicable la reducción del 30%, con un máximo de base reducible de 300.000€ a los rendimientos derivados del ejercicio de opciones sobre acciones concedidas a los empleados, siempre que el derecho se ejercite una vez transcurridos dos años desde la concesión y, que en los cinco períodos impositivos anteriores a aquél en el que resulten exigibles los rendimientos del ejercicio de las opciones, no haya obtenido otros rendimientos con período de generación superior a dos años a los que haya aplicado la reducción. Si se cumplen esos requisitos, el contribuyente podrá elegir entre aplicar o no la reducción (DGT V2472-16).
[1] También podrá reducir el 40% en la prestación de capital cuando la jubilación se produjo en 2010 o antes si el rescate se produce, como máximo, hasta 2018.Si la contingencia se produjo en 2011, 2012, 2013 y 2014 solo se puede aplicar la reducción del 40% si la prestación cobrada en forma de capital se perciba hasta el fin del octavo ejercicio siguiente al de la contingencia.

Fuente: REAF

Algunas recomendaciones Renta 16 (1)

8 May

Renta 2016. Algunas recomendaciones. (1)

  • Prestar atención al ejercicio de opciones que se tienen que realizar en la declaración, como puede ser la de imputación de operaciones a plazo, el criterio de caja para empresarios o profesionales, la exención por reinversión de vivienda habitual o la correspondiente a declaración individual o conjunta.
  • Si en 2016 se ha desplazado a trabajar en el extranjero, y si se cumplen una serie de requisitos, es probable que parte de las retribuciones percibidas estén exentas.
  • Analizar si le conviene o no reducir por irregularidad el cobro de rentas del trabajo generadas en más de dos años, como bonus, porque la reducción de lo cobrado en 2016 impedirá hacer lo mismo con otra renta de este tipo que se perciba en los cuatro ejercicios siguientes.
  • Si ha transmitido algún bien o derecho adquirido antes de 1995 con ganancia patrimonial, y tiene en su patrimonio otros con esa antigüedad y con plusvalías tácitas, debe sopesar si le conviene aplicar los coeficientes de abatimiento a la transmisión de 2016, porque consumirá todo o parte del máximo de valor de transmisión para aplicar los mismos, y quizás le convenga reservar remanente para otra venta.
  • Si es mayor de 65 años y ha transmitido un elemento de su patrimonio, obteniendo una ganancia patrimonial, piense si le conviene reinvertir todo o parte de la cuantía obtenida en una renta vitalicia para no tributar, considerando que dispone de un máximo importe a reinvertir en estas condiciones de 240.000 euros.
  • Revise con mucho cuidado el borrador de la declaración antes de confirmarla, atendiendo en especial a lo siguiente: titularidad real de bienes y derechos a efectos de los rendimientos de cuentas, de activos financieros o inmuebles, imputación de rentas inmobiliarias, circunstancias personales y familiares si hubieran cambiado o rentas por las que no ha tenido que retener el pagador, ya que de las mismas no se habrán facilitado datos a la Administración.
  • En casos de separación matrimonial, cuando la guarda y custodia es compartida, el cónyuge que no convive con los hijos pero les paga anualidades por alimentos, puede aplicarse la mitad del mínimo por descendientes aunque, en ese caso, no puede aplicar el tratamiento especial a las anualidades.
  • Si ya ha cobrado prestaciones de su plan de pensiones y tiene aportaciones anteriores a 2007, elija que prestaciones quiere considerar como percibidas en forma de capital para aplicarles la reducción del 40%, teniendo en cuenta los plazos del régimen transitorio.
  • Si tiene alquilado un piso no olvide que puede deducir el gasto de sustitución de elementos como instalaciones, ascensor o puertas de seguridad y el de amortización de la construcción -3% del mayor entre el valor catastral de la construcción o el valor de adquisición de esta- y hasta el 10% del mobiliario y enseres alquilados junto con el inmueble.
  • Si tiene alquilado un inmueble a familiares, tenga en cuenta que el mínimo a imputar por el mismo es el 2% del valor catastral o el 1,1% en caso de que el valor se haya revisado en 2006 o en años posteriores.
  • En caso de separación, el cónyuge que no vive en la residencia que ocupa el otro cónyuge con los hijos no tiene que imputarse ninguna renta inmobiliaria por la misma.
  • No aplicar el mínimo por descendientes o ascendientes cuando estos hayan presentado declaración por el impuesto con rentas superiores a 1.800 euros. Como este mínimo se puede aplicar cuando el descendiente o ascendiente tenga rentas que no superen 8.000 euros, en el caso de que tengan rendimientos entre 1.800 y 8.000 euros, a veces es más rentable para ambas partes que el ascendiente o el descendiente no presente la declaración, renunciando a la cantidad a devolver, y que no se pierda el derecho a aplicar el mínimo.
  • No olvidar tributar por cualquier renta que la normativa no establezca su exención como puede ser la parte correspondiente de algunas subvenciones obtenidas por la comunidad de vecinos o la del Plan PIVE.
  • Si en 2016 le han devuelto intereses que pagó en exceso por aplicación de la cláusula suelo, tiene que ver si, desde 2012 a 2015, constituyeron base de la deducción por adquisición de vivienda, estatal o autonómica, o bien fueron objeto de deducción en las bases imponibles de esos ejercicios, porque es posible que tenga que regularizar determinados importes en el plazo para presentar este IRPF.
  • Revisar las deducciones que regula la Comunidad Autónoma donde residimos por si nos son de aplicación.

Fuente: REAF

Los requisitos de local y persona no bastan para calificar el arrendamiento de inmuebles como actividad económica

4 May

Los requisitos de local y persona no bastan para calificar el arrendamiento de inmuebles como actividad económica

En el caso objeto de análisis la Inspección niega la aplicación del régimen especial de sociedades patrimoniales previsto en la antigua norma del Impuesto sobre Sociedades, pues el contribuyente cumple con los requisitos objetivos de local y empleado y, en consecuencia, entiende que desarrolla la actividad económica de arrendamiento de inmuebles, no tratándose por tanto de una entidad patrimonial.

En este sentido, el Tribunal interpreta que los requisitos de local y empleado añaden un dato presuntivo al elemento esencial que establece la norma, consistente en la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en el mercado. Si no se da este requisito sustantivo, será imposible localizar una actividad económica a efectos fiscales.

En este caso, la actividad de la entidad durante el periodo regularizado se ha limitado a la percepción de la renta arrendaticia de dos entidades, poniendo de manifiesto la innecesariedad del despliegue de los requisitos del local y empleado, atendida la muy escasa entidad de la actividad emprendida, que no cabe reputar empresarial.

No es posible asociar indisolublemente la observancia de los requisitos de local y empleado a la presunción de una mínima carga de trabajo que da por supuesta una actividad empresarial. Una muestra de ello es este caso, en el cual la actividad sostenida por la entidad se limita a la emisión de las facturas del arrendamiento de inmuebles y a la gestión de su cobro, claramente insuficientes para caracterizar una actividad como económica.

 

Tribunal Supremo, nº de Recurso 3748/2015, de 7 de diciembre de 2016

Posibilidad de una tercera comprobación de valor por parte de la Administración

18 Abr

Posibilidad de realizar una tercera comprobación de valor por parte de la Administración

En esta Resolución el Tribunal analiza las circunstancias que deben concurrir para que la Administración tenga vedado practicar una tercera valoración en virtud del criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal interpreta que un acto de liquidación anulado por motivos formales puede y debe ser repetido por la Administración, siempre que no reincida en el mismo error que determinó su anulación.

En este sentido, es necesario que el error cometido (en este caso el déficit de motivación de la comprobación de valor) surta efectos jurídicos frente al obligado tributario, es decir, que se incorpore a un acto administrativo, que ese acto sea anulado en vía administrativa (ya sea con ocasión de la interposición de un recurso de reposición o de una reclamación económico-administrativa) o en vía jurisdiccional, por apreciar la existencia de ese error o defecto y, finalmente, que la Administración dicte nueva resolución sobre el mismo asunto incurriendo en el mismo defecto.

Es necesario, en suma, que haya dos actos administrativos sobre un mismo asunto que incidan en el mismo error para que quede vedada a la Administración la posibilidad de practicar una tercera valoración. En caso contrario, la Administración podrá valorar por tercera vez.

T.E.A.C. Resolución nº 05240/2016, de 19 de enero de 2017

FUENTE: REAF

Compensación de bases imponibles negativas (BIN’s) -TEAC-

15 Abr

Compensación de bases imponibles negativas (BIN’s) -TEAC-

Resolución del TEAC Nº 01510/2013/00/00, de 4 de abril de 2017, en la que se considera que la compensación de bases imponibles negativas (BIN’s) en el Impuesto sobre Sociedades es una “opción” que se ejercita con la presentación de la declaración, en los términos del artículo 119.3 de la LGT: “Las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de declaración”.

En concreto, cuando el contribuyente tiene BIN’s de ejercicios anteriores, este criterio se concreta en lo siguiente:

  • Si en un ejercicio tiene una base imponible previa nula o negativa, no pudo compensar, entendiéndose que no ha ejercicio ninguna opción y, por lo tanto, posteriormente podrá optar por compensar en complementaria, rectificación de la autoliquidación o comprobación administrativa.
  • Si en un ejercicio tiene una base imponible previa positiva y decide compensarla toda con BIN’s, se entiende implícitamente que el contribuyente optó por compensarse el importe máximo y, por consiguiente, si posteriormente se incrementa la base por el propio contribuyente o en una comprobación, mantendrá el derecho a compensar el saldo compensable y no compensado.
  • Si en un ejercicio tiene una base imponible previa positiva y decide no compensar en absoluto o un importe menor a la base previa, se entiende que el contribuyente optó por no compensar BIN’s o hacerlo solo en parte, por lo que, posteriormente y fuera del plazo de autoliquidación, no podrá aprovechar el saldo de las bases compensables, sea vía rectificación o en un procedimiento de comprobación.
  • Si el contribuyente no declaró, se entiende que no ejercitó el derecho a compensar BIN’s, por lo que, posteriormente, ni mediante la presentación de autoliquidación ni en una comprobación, podrá compensar las bases negativas compensables.

Fuente: REAF

 

Para deducir las cuotas soportadas en los gastos por servicios de desplazamiento, hostelería y restauración en el IVA se exige que dichos gastos sean deducibles a efectos del IRPF o del I.Soc.

3 Abr

Para deducir las cuotas soportadas en los gastos por servicios de desplazamiento, hostelería y restauración en el IVA se exige que dichos gastos sean deducibles a efectos del Impuesto sobre la Renta o del Impuesto sobre Sociedades, sin que sea necesario comprobar esos impuestos directos

La cuestión controvertida en el presente recurso consiste en determinar si la regla recogida en la ley del Impuesto, por la cual se excluyen del derecho a deducir las cuotas de los servicios de desplazamiento, hostelería y restauración, salvo que el importe de los mismos tuviera la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o del Impuesto sobre Sociedades (IS), exige o no para su aplicación que la Administración acredite que dichos gastos han sido objeto de regularización en los impuestos directos correspondientes.

En este sentido, el Tribunal entiende que la regla aludida hace referencia a la necesidad de cumplir los requisitos objetivos de deducibilidad contemplados en los impuestos directos, pero en ningún momento determina o exige que la verificación de dichos requisitos haya de hacerse necesariamente o en primer término en el seno de una comprobación concerniente a estos impuestos directos.

Por tanto, para que las cuotas del IVA soportadas por estos servicios sean deducibles es preciso que el importe de los mismos sea también deducible a efectos del IRPF o el IS, y a la inversa, si el importe de los servicios no es fiscalmente deducible en estos impuestos directos, tampoco lo será la cuota soportada por el IVA correspondiente.

Se trata pues de una regla de vinculación objetiva, no procedimental. Lo que debe examinarse es si el gasto responde objetivamente a un concepto que se considere deducible en el IRPF o en el IS, con independencia de que el obligado tribute o no por dichos impuestos. Por este motivo no cabe condicionar la verificación de esos requisitos de deducibilidad, de cara a la regularización de las cuotas de IVA, a que haya de realizarse en el seno de una comprobación formal encaminada a regularizar los citados impuestos directos.

T.E.A.C. Resolución nº 01968/2016, de 26 de enero de 2017 (Fuente: REAF)

La protección social de los trabajadores españoles traslados por sus empresas al extranjero

31 Mar

La protección social de los trabajadores españoles traslados por sus empresas al extranjero

 1ª Cuando el traslado al extranjero por la empresa de sus trabajadores se produzca en relación con un país con el que España no tenga suscrito Convenio u otra norma internacional de coordinación en materia de Seguridad Social, dichos trabajadores, a tenor de la Orden de 27 de enero de 1982, quedarán en situación asimilada a la de alta en el Régimen General, debiendo cotizarse por los mismos en iguales términos a los existentes en el momento de causar baja en dicho régimen. Esto podría traer como consecuencia, si en el país de destino existiera la obligación de cotizar al sistema propio, un doble esfuerzo contributivo tanto de la empresa como del trabajador.

 

2ª Cuando dicho traslado tenga lugar con respecto a un país con el que el nuestro se halle vinculado por una norma internacional de coordinación en materia de Seguridad Social, se podrán dar diversas circunstancias:

  1. A) En principio, y durante un período de tiempo variable (fijado en cada instrumento internacional), en su condición de “destacado”, el trabajador permanecerá vinculado al Régimen General de la Seguridad Social, como si no se hubiese producido dicho desplazamiento.
  2. B) Transcurrido el período máximo previsto para el trabajador destacado, procederá seguir lo que sobre legislación aplicable determine la respectiva norma internacional, que, habitualmente y en función del principio de territorialidad, determinará como tal la del país en el que se desarrolla la actividad laboral.
  3. C) Si el aseguramiento obligatorio en el sistema del país extranjero comportara la ausencia de cobertura de alguna contingencia de las que quedan amparadas en el Régimen General de la Seguridad Social, respecto de esa misma operaría la asimilación al alta a que se refiere la repetida Orden de 1982, lo que comportaría la cotización, aunque sólo por la contingencia de que se trate.
  4. D) El aseguramiento obligatorio en el sistema de la Seguridad Social del país de destino no impedirá que el trabajador, a título individual, pueda acogerse voluntariamente a la protección de la Seguridad Social, mediante la suscripción del Convenio especial común regulado en la Orden TAS/2865/2003, en tanto acredite haber cotizado previamente a dicho sistema un mínimo de 1.080 días.
  5. E) Las cotizaciones satisfechas al sistema español durante la vigencia del Convenio especial, pueden causar efectos en una doble vía:

En el marco de la norma internacional, no podrán ser totalizadas con los períodos de seguro obligatorio acreditados en el país de destino para acceder al derecho a una o varias prestaciones internacionales. No obstante, en algunos ámbitos (todavía reducidos), como el comunitario y el propio de algunos Convenios, esas cotizaciones satisfechas en un régimen voluntario sí serán tenidas en cuenta para incrementar las cuantías de las prestaciones por invalidez, jubilación y supervivencia.

 

En el ámbito interno, dichas cotizaciones se podrán computar con el resto de las acreditadas para, si se alcanzan todos los requisitos, poder acceder al derecho a la prestación de que se trate, aplicando exclusivamente la legislación española (lo que podría dar ocasión a una acumulación con la prestación que, en virtud exclusivamente de la legislación del otro país, pudiera ser reconocida por éste).

  1. F) A la vista de lo enumerado, no cabe apreciar, en general, especiales casos de desamparo por la Seguridad Social española de los trabajadores desplazados al extranjero ni la necesidad de establecer un nuevo Convenio especial ad hoc para los mismos.
  2. G) La única carencia protectora se vendría a producir en el caso de que el trabajador no pudiera acreditar cotizaciones a la Seguridad Social española por un espacio de tiempo igual o superior a 1.080 días. En tal hipótesis no sería factible suscribir el Convenio especial común al que se ha venido haciendo referencia.

No obstante, en tales supuestos sí sería viable acogerse a la modalidad de Convenio especial prevista para los emigrantes españoles e hijos de éstos que trabajen en el extranjero, regulada en el Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, y en el artículo 15 de la repetida Orden TAS/2865/2003. A raíz de las modificaciones operadas en dicha regulación, en el momento presente se puede (en contra de lo que regía hasta el año 2003) suscribir este tipo de Convenio especial con independencia no sólo de que con anterioridad se haya estado o no afiliado a la Seguridad Social española sino también de que con el país en el que se vaya a trabajar el nuestro tenga o no suscrito Acuerdo o Convenio en materia de Seguridad Social. El inconveniente que en este caso representa este modelo de Convenio, con respecto al general, reside en que la base de cotización única y obligatoria coincide con la base mínima de cotización que se halle prevista, en cada momento, para el Régimen General, lo que se ha de traducir en unas prestaciones de cuantía acorde con el importe de dicha base.

Fuente: REAF

El arrendamiento de vivienda está exento de IVA, si el arrendatario es una persona jurídica y se indica la persona que utilizará la vivienda

24 Mar

El arrendamiento de vivienda está exento, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el caso de que el arrendatario sea una persona jurídica y se indique en el contrato la persona concreta que utilizará la vivienda

El Tribunal unifica criterio a través de dos Resoluciones desestimatorias y análogas que permiten apreciar los requisitos formales del contrato de arrendamiento exigidos en el caso de que, siendo el arrendatario una persona jurídica, el inmueble vaya a constituir la vivienda habitual de alguno de sus trabajadores.

En este sentido el Tribunal interpreta que, en base a la finalidad de la norma, la exención debe alcanzar a todos aquellos supuestos en los que el contrato de arrendamiento tiene como finalidad servir de vivienda a una persona concreta, sin que exista un negocio jurídico posterior por el que se ceda el uso de la vivienda.

En sentido contrario, el Tribunal entiende que no se incluirá en el ámbito de aplicación de la exención aquel contrato por el que se faculte al arrendatario a designar a las personas que vayan a ocupar la vivienda, pues en ese caso tendría lugar una cesión o subarriendo que impedirían la aplicación de la exención.

Por tanto, a efectos de la exención, es necesario que el contrato de arrendamiento contemple expresamente la persona que utilizará la vivienda, de tal forma que se impida la cesión a distintas personas de manera discontinua o por periodos inferiores al fijado en el contrato de arrendamiento.

T.E.A.C. Resolución nº 03857/2013, de 15 de diciembre de 2016

 

Normativa Estatal…..

18 Mar

Normativa Estatal…..

Orden HFP/1895/2016, de 14 de diciembre

Se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

B.O.E. de 17 de diciembre de 2016

 

Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre

Se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

 B.O.E. de 17 de diciembre de 2016

 

Orden HFP/1970/2016, de 16 de diciembre

 Se modifica el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.

 B.O.E. de 28 de diciembre de 2016

 

Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo

 Se aprueba el Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

 B.O.E. de 21 de enero de 2017

 

Resolución de 3 de enero de 2017, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

 Se modifica la de 11 de julio de 2014, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA).

 B.O.E. de 5 de enero de 2017

Fuente: REAF

Posibles nulidadesen notificación electrónica…..

15 Mar

Las hojas en blanco que rompen el formato habitual de una notificación electrónica pueden hacerla nula

Este Recurso de casación versa sobre una Sentencia de la Audiencia Nacional en la cual, a causa de una notificación electrónica mal maquetada, la empleada de la entidad encargada de recoger la notificación hizo caso omiso de la misma. La Audiencia en este caso considera que el error de la Administración es de mayor trascendencia jurídica que el del contribuyente, que no revisó el archivo debidamente, interpretando que se trataba de un error informático.

Tras este pronunciamiento, la Administración recurre en casación al Tribunal Supremo, el cual recuerda que en materia de notificaciones lo relevante no es el cumplimiento de las normas formales que regulan la materia, sino el hecho de que los administrados lleguen a tener conocimiento del acto notificado, pues el desconocimiento de lo que se notifica hace imposible cualquier tipo de defensa.

Finalmente el Tribunal falla a favor del contribuyente, entendiendo que hacerlo en sentido contrario le colocaría en una situación de indefensión pues, cuando se trata de notificar un acto sancionador, la jurisprudencia exige extremar el celo en lo referente a la notificación del mismo.

Tribunal Supremo, Nº de Recurso 2841/2015, de 16 de noviembre de 2016

Fuente: REAF

Los ingresos financieros no ordinarios no se incluyen en el importe neto de la cifra de negocios

4 Mar

Los ingresos financieros no ordinarios no se incluyen en el importe neto de la cifra de negocios

En esta sentencia se analiza si los ingresos financieros que percibe el contribuyente deben formar parte del importe neto de la cifra de negocios, cuestión que incide directamente en la posibilidad de acogerse al régimen fiscal previsto para las empresas de reducida dimensión.dinero

En este caso, la actividad principal de la compañía es la intermediación en mercados de renta variable. La Inspección defiende que los ingresos procedentes de la enajenación de acciones tienen su origen en la actividad de negociación por cuenta de terceros, de manera que la entidad no actúa como poseedor de bienes y derechos, sino que nos encontramos ante una prolongación directa, permanente y necesaria de la propia actividad principal. Lo contrario sostiene la parte recurrente interpretando que sus ingresos ordinarios están integrados por las comisiones que obtiene por la prestación de sus servicios y no por los de compra-venta de participaciones.

El Tribunal recuerda que el concepto de importe neto de la cifra de negocios se encuentra estrechamente ligado con la actividad ordinaria de la entidad, entendiendo por tal aquella que se realiza regularmente por la empresa y de la que se derivan ingresos periódicamente. Por este motivo procede entender que los ingresos procedentes de la enajenación de acciones de la cartera permanente de la compañía, en tanto esta operación no es representativa de la actividad de la actora, no deberán ser tenidos en cuenta para la determinación del importe neto de la cifra de negocios.

Audiencia Nacional, Nº de Recurso 331/2014, de 30 de junio de 2016

Entidades patrimoniales

26 Feb

Entidad patrimonial

Debe prestar atención a los balances trimestrales para saber si una sociedad tiene o no la condición de entidad patrimonial y calcular la media de los activos de los balances trimestrales. Si más de la mitad del activo está formado por bienes no afectos, o bien por acciones y participaciones, la entidad será patrimonial. Las acciones o participaciones se consideran bienes afectos cuando otorguen al menos el 5 por 100 del capital y se posean como mínimo durante un año con la finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales para ello.

A estos efectos no se computarán ni el dinero ni los derechos de crédito procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas o valores, que se haya realizado en el período impositivo o en los dos períodos impositivos anteriores.

Si una sociedad tiene la consideración de entidad patrimonial tenga en cuenta que:

  • No podrá aplicar ningún incentivo de los regulados para las ERD.
  • Si vende acciones de una sociedad patrimonial no se podrá aplicar la exención para evitar la doble imposición por la parte del beneficio de la venta de las participaciones que se corresponda con la plusvalía tácita.
  • No podrá aplicar el tipo de gravamen reducido del 15 por 100 si la empresa es de nueva creación.
  • No podrá compensar las bases imponibles negativas si se adquiere una sociedad patrimonial en la que se participa en más del 50 por 100 si, al final del periodo impositivo en que se generó la base negativa, se ostentaba un porcentaje inferior al 25 por 100.

 

El saldo de tesorería generado por el beneficio procedente de las actividades ordinarias, como son las ventas o las prestaciones de servicios, no convierten a una entidad en sociedad patrimonial, al no computarse dicho saldo como bien no afecto (DGT V3440-15).

Si ha transmitido activos de inmovilizado y ha obtenido beneficios extraordinarios tenga en cuenta que, si no se reinvierten los importes correspondientes a esos beneficios en un plazo máximo de 3 años, es posible que pase a ser sociedad patrimonial ya que dicho saldo de tesorería pasa a computar como bien no afecto.

Fuente: REAF

 

Arrendamiento de inmuebles: Concepto de actividad económica

20 Feb

Concepto de actividad económica: arrendamiento de inmueblesvivienda

Si tiene inmuebles en alquiler y pretende que el arrendamiento sea considerado como actividad económica y, por lo tanto, que estén afectos dichos activos, debe disponer de una persona que gestione los arrendamientos a jornada completa y con contrato laboral.

– Según criterio administrativo es necesario probar que existe una carga administrativa mínima de trabajo que justifique la necesidad de contratar a la persona (T.E.A.C., Resolución de 2 de febrero de 2012).

– El requisito de la persona se puede alcanzar subcontratando con un tercero el servicio de gestión de los arrendamientos. En estos casos lo relevante no es el personal que el subcontratado tenga en nómina sino qué parte de ese personal se destina y qué tiempo emplea en la gestión de la actividad de la entidad que subcontrata (DGT V0133-16).

– En el caso de grupo mercantil, a los efectos de determinar si las entidades que lo componen realizan o no una actividad económica, los requisitos se han de cumplir a nivel del grupo y no individualmente. Es decir, en el caso de arrendamientos, una entidad puede ser la titular de los inmuebles y otra del grupo tener contratada a la persona.

Fuente: REAF

Cierre fiscal del Impuesto sobre Sociedades 2016

9 Feb

Cierre fiscal del Impuesto sobre Sociedades 2016

El período impositivo que las empresas están a punto de cerrar, segundo año de aplicación de la reforma fiscal, se caracteriza por la escasez en la publicación de normativa tributaria, sobre todo si se compara con la vorágine normativa desmesurada de los años precedentes. No obstante, traemos a colación tres normas que afectan directamente al Impuesto: la Resolución de 4 de abril (B.O.E. de 6 de abril de 2016) en la que la Dirección General de Tributos estableció la plena deducibilidad de los intereses de demora derivados de actas de inspección después de la reforma, el Real Decreto-Ley 2/2016 (B.O.E. el 30 de septiembre de 2016), que aumentó el importe a satisfacer por el segundo y tercer pago fraccionado a las empresas que facturan más de 10.000.000€, y el Real Decreto-ley 3/2016 que introdujo diversas modificaciones, alguna de las cuales son aplicables ya para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016.

Recogemos en un solo documento las novedades más significativas para 2016 así como diferentes aspectos que hay que tener en cuenta cuando preparamos el cierre fiscal de las empresas. Asimismo es conveniente reseñar algunos criterios interpretativos tanto de la Administración como de los diferentes Tribunales de Justicia para, de esta manera, poder obrar en consecuencia.

Importe neto de la cifra de negocios (INCN)

Está integrado por la cuantía de las ventas, así como de las prestaciones de servicios y del resto de ingresos procedentes de las actividades ordinarias. No se incluyen los importes por descuentos o bonificaciones, los impuestos especiales, ni el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Es la magnitud que va a determinar si procede aplicar el régimen especial de empresas de reducida dimensión (ERD).

Si en 2016 se ha iniciado una actividad económica el INCN a tener en cuenta es el correspondiente al tiempo en el que se ha desarrollado la actividad efectiva.

Si la entidad se constituyó en 2016 y el periodo impositivo fue inferior al año, o la actividad se desarrolló durante un plazo inferior al año, el INCN se eleva al año.

 

Los ingresos de ventas de acciones cuando sean operaciones no representativas de la actividad no forman parte INCN (Audiencia Nacional, de 30 de junio de 2016).

En entidades con INCN a partir de 20 millones de euros en los 12 meses anteriores al primer ejercicio iniciado en 2016, verán limitada la compensación de bases imponibles negativas y la reversión de determinados créditos fiscales al 50 ó 25% de la base imponible previa a la reducción por reserva de capitalización en función de que no se llegue a 60 millones o se supere dicha cifra, respectivamente, pudiendo compensar el importe mínimo de 1 millón de euros.

También cuando se ha llegado en los 12 meses anteriores a un INCN de 20 millones de euros al menos, se limita al 50% de la cuota íntegra la cuantía de la aplicación de las deducciones por doble imposición interna e internacional generadas en el ejercicio o de las pendientes de períodos anteriores.

Es la referencia que determina si se deben documentar las operaciones realizadas entre partes vinculadas y si ha de ser íntegra, simplificada o aportar la información país por país.

Es la cuantía sobre la que se fija el importe total de los gastos por atenciones a clientes o proveedores que son deducibles. Recordamos que la deducción fiscal se limita al 1 por 100 del INCN.

A partir del segundo pago fraccionado de 2016, si el INCN supera los 10.000.000€ la entidad deberá ingresar, con carácter general, un 24 por 100 de la base imponible o, bien, el 23 por 100 del resultado contable positivo, si esta última cuantía supera a la anterior.

Fuente: REAF

Gastos contables que no son fiscalmente deducibles

27 Ene

Gastos contables que no son fiscalmente deducibles o tiene limitada su deducibilidad

sancionesRetribución de fondos propios

Los gastos ocasionados por la retribución de fondos propios no son deducibles. Enumeramos algunos de ellos:

  • Los correspondientes a dividendos en especie, como es el gasto de compras de regalos que se entregan a los socios el día de la Junta de accionistas.
  • Los gastos financieros derivados de la remuneración a los titulares de acciones sin voto o de acciones rescatables. Esta nueva calificación fiscal es aplicable a partir de 1 de enero de 2015, con independencia de la fecha de emisión de los instrumentos financieros. (Es indiferente, por tanto, que estuvieran reconocidos como pasivo en períodos impositivos iniciados antes de esa fecha).
  • La remuneración de los préstamos participativos otorgados por entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Su remuneración se considera como un dividendo, aunque se contabilicen como gastos financieros, con derecho, si procede, a la exención para evitar la doble imposición interna o internacional. (No aplicable a préstamos participativos otorgados antes de 20-06-14. Además, no se ven afectados por el límite de los gastos financieros (30 por 100 del Bº operativo). Es decir, estos préstamos participativos no deben ser considerados como deuda a los efectos de dicho límite (DGT V3503-15).)

Si la entidad recibe un préstamo participativo de una persona física, los intereses del mismo serán gastos fiscalmente deducibles porque no provienen de un préstamo otorgado por una entidad del grupo, pero sí podrá limitarse su deducibilidad según el artículo 16 (DGT V2007-15).

 

Gastos por donativos y liberalidades

No se permite la deducibilidad de estos gastos, pero existen algunos expresamente excluidos de este concepto de liberalidad.

Así ocurre con los gastos por atenciones a clientes y proveedores, aunque se limita el importe del gasto deducible al 1 por 100 del INCN del propio ejercicio en que se contabilizan.

No se considera liberalidad la retribución que cobra un administrador por el desempeño de funciones de alta dirección, como por ejemplo por el cargo de gerente. No es necesario que en los estatutos de la empresa figure la retribución por dichas funciones ejecutivas para que el gasto sea deducible. (Las que no son deducibles son las retribuciones de consejeros y administradores percibidas por el ejercicio del cargo si no está remunerado según Estatutos.)

La retribución que percibe el administrador por una relación laboral común es deducible sin que sea necesario que la misma figure en Estatutos.

Si los miembros del Consejo de Administración incurren en gastos para realizar su labor, tales como gastos de desplazamiento o alojamiento, y estos son abonados por la entidad, serán deducibles cuando la entidad ponga a disposición del miembro del Consejo los medios para asistir a las reuniones del órgano del que forma parte, por ejemplo, satisfaciendo el desplazamiento o el alojamiento o cuando se compense al consejero estrictamente por el gasto en que haya incurrido.

Intereses de demora procedentes de actas de Inspección

 Por un lado, la Dirección General de Tributos considera que los intereses de demora tributarios son deducibles, porque contablemente se califican como gastos financieros (Resolución de 4 de abril de 2016) y, por otro lado, determina que estos intereses no encajan como gastos que provienen de una actuación contraria al ordenamiento jurídico porque, para que así fuera, el gasto tiene que ser ilícito, como es por ejemplo un soborno. ( Recordamos que desde 2015 no son deducibles los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. ) Este criterio solo está claro en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015.

La Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016 señala que los intereses de demora del ejercicio en curso se contabilizan en la partida de “Gastos financieros”, y que los intereses de ejercicios anteriores se contabilizan mediante cargo a Reservas cuando, habiendo procedido provisionarlos en ejercicios anteriores, no se hubiera hecho. No obstante, si el reconocimiento se realiza por información adicional, mayor experiencia o conocimiento de nuevos hechos, se cargará en cuentas del subgrupo 66 (gastos financieros).

Gastos financieros

No son deducibles los gastos derivados de deudas con entidades del grupo destinados a adquirir, a otras empresas del grupo, participaciones en fondos propios o a aportar capital a entidades del grupo.

En el resto de los casos, los gastos financieros se limitan al 30 por 100 del beneficio operativo del ejercicio, con un mínimo de 1.000.000€, no existiendo límite temporal para compensar los gastos no deducidos por esta limitación.

Existe una limitación adicional al límite anterior a la deducibilidad de los gastos que se producen cuando se adquieren con apalancamiento participaciones en entidades y, después, la entidad adquirida es objeto de una fusión no acogida al régimen especial, o pasa a formar grupo con la adquirida (son las denominadas operaciones LBO). En este caso opera también como límite el 30 por 100 del beneficio operativo de la entidad que realizó dicha adquisición, sin incluir el beneficio operativo correspondiente a cualquier entidad que se fusione con aquella o que forme grupo fiscal con ella en los 4 años posteriores a la adquisición (si no aplica régimen reestructuración). Asimismo, se aplicará simultáneamente el límite general de la empresa fusionada o del grupo.

Este límite adicional no resulta de aplicación en el período impositivo en que se adquieran las participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades si la adquisición se financia con deuda en un 70 por 100 o menos del precio de adquisición. Tampoco se aplicará en períodos siguientes siempre que el importe de esa deuda se minore, desde el momento de su adquisición, en la parte proporcional que corresponda, en los 8 años siguientes, para que la deuda pueda representar, como máximo, el 30 por 100 del precio de adquisición al final de dicho plazo.

Es importante chequear las siguientes cuentas contables: (661), (662), (664) y (665) para detectar cuáles son los gastos financieros del ejercicio. Pero hay que tener en cuenta que no se incluyen como gasto o ingreso financiero los intereses devengados y no cobrados de un derecho de crédito objeto de deterioro de valor; las diferencias de cambio que se integren en la cuenta de Pérdidas y Ganancias y que deriven de cualquier endeudamiento afectado por aplicación del artículo 20 de la ley; las coberturas financieras vinculadas al endeudamiento; o los resultados, tanto positivos como negativos, que correspondan al partícipe no gestor de las cuentas en participación.

 

Créditos comerciales y no comerciales

Los gastos derivados de pérdidas por deterioro de créditos de insolvencias contabilizadas solo serán deducibles cuando, a la fecha de devengo del Impuesto, han transcurrido 6 meses desde que venció la obligación, salvo que el deudor se encuentre en alguno de los siguientes casos, pues en estos casos el gasto es deducible:

  • Declarado en situación de concurso, siendo suficiente con el auto que lo declare.
  • Procesado por delito de alzamiento de bienes, siendo suficiente que esté simplemente procesado por dicho delito, aunque no haya sentencia judicial firme.
  • Cuando las obligaciones han sido reclamadas judicialmente o son objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

Aunque no son deducibles los gastos por insolvencias cuando el deudor es un ente público, sí será deducible cuando el crédito es objeto de un procedimiento arbitral o judicial sobre su existencia o cuantía.

Lo mismo ocurre con los gastos por insolvencias cuando el deudor es un vinculado, el gasto será deducible solo si el deudor vinculado ha entrado en fase de liquidación en el concurso.

Fuente: REAF

Nota aclarativa:
Todos los posts publicados sobre el impuesto de sociedades en estos días hacen referencia al ejercicio 2.016
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