Archivo | marzo, 2017

La protección social de los trabajadores españoles traslados por sus empresas al extranjero

31 Mar

La protección social de los trabajadores españoles traslados por sus empresas al extranjero

 1ª Cuando el traslado al extranjero por la empresa de sus trabajadores se produzca en relación con un país con el que España no tenga suscrito Convenio u otra norma internacional de coordinación en materia de Seguridad Social, dichos trabajadores, a tenor de la Orden de 27 de enero de 1982, quedarán en situación asimilada a la de alta en el Régimen General, debiendo cotizarse por los mismos en iguales términos a los existentes en el momento de causar baja en dicho régimen. Esto podría traer como consecuencia, si en el país de destino existiera la obligación de cotizar al sistema propio, un doble esfuerzo contributivo tanto de la empresa como del trabajador.

 

2ª Cuando dicho traslado tenga lugar con respecto a un país con el que el nuestro se halle vinculado por una norma internacional de coordinación en materia de Seguridad Social, se podrán dar diversas circunstancias:

  1. A) En principio, y durante un período de tiempo variable (fijado en cada instrumento internacional), en su condición de “destacado”, el trabajador permanecerá vinculado al Régimen General de la Seguridad Social, como si no se hubiese producido dicho desplazamiento.
  2. B) Transcurrido el período máximo previsto para el trabajador destacado, procederá seguir lo que sobre legislación aplicable determine la respectiva norma internacional, que, habitualmente y en función del principio de territorialidad, determinará como tal la del país en el que se desarrolla la actividad laboral.
  3. C) Si el aseguramiento obligatorio en el sistema del país extranjero comportara la ausencia de cobertura de alguna contingencia de las que quedan amparadas en el Régimen General de la Seguridad Social, respecto de esa misma operaría la asimilación al alta a que se refiere la repetida Orden de 1982, lo que comportaría la cotización, aunque sólo por la contingencia de que se trate.
  4. D) El aseguramiento obligatorio en el sistema de la Seguridad Social del país de destino no impedirá que el trabajador, a título individual, pueda acogerse voluntariamente a la protección de la Seguridad Social, mediante la suscripción del Convenio especial común regulado en la Orden TAS/2865/2003, en tanto acredite haber cotizado previamente a dicho sistema un mínimo de 1.080 días.
  5. E) Las cotizaciones satisfechas al sistema español durante la vigencia del Convenio especial, pueden causar efectos en una doble vía:

En el marco de la norma internacional, no podrán ser totalizadas con los períodos de seguro obligatorio acreditados en el país de destino para acceder al derecho a una o varias prestaciones internacionales. No obstante, en algunos ámbitos (todavía reducidos), como el comunitario y el propio de algunos Convenios, esas cotizaciones satisfechas en un régimen voluntario sí serán tenidas en cuenta para incrementar las cuantías de las prestaciones por invalidez, jubilación y supervivencia.

 

En el ámbito interno, dichas cotizaciones se podrán computar con el resto de las acreditadas para, si se alcanzan todos los requisitos, poder acceder al derecho a la prestación de que se trate, aplicando exclusivamente la legislación española (lo que podría dar ocasión a una acumulación con la prestación que, en virtud exclusivamente de la legislación del otro país, pudiera ser reconocida por éste).

  1. F) A la vista de lo enumerado, no cabe apreciar, en general, especiales casos de desamparo por la Seguridad Social española de los trabajadores desplazados al extranjero ni la necesidad de establecer un nuevo Convenio especial ad hoc para los mismos.
  2. G) La única carencia protectora se vendría a producir en el caso de que el trabajador no pudiera acreditar cotizaciones a la Seguridad Social española por un espacio de tiempo igual o superior a 1.080 días. En tal hipótesis no sería factible suscribir el Convenio especial común al que se ha venido haciendo referencia.

No obstante, en tales supuestos sí sería viable acogerse a la modalidad de Convenio especial prevista para los emigrantes españoles e hijos de éstos que trabajen en el extranjero, regulada en el Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, y en el artículo 15 de la repetida Orden TAS/2865/2003. A raíz de las modificaciones operadas en dicha regulación, en el momento presente se puede (en contra de lo que regía hasta el año 2003) suscribir este tipo de Convenio especial con independencia no sólo de que con anterioridad se haya estado o no afiliado a la Seguridad Social española sino también de que con el país en el que se vaya a trabajar el nuestro tenga o no suscrito Acuerdo o Convenio en materia de Seguridad Social. El inconveniente que en este caso representa este modelo de Convenio, con respecto al general, reside en que la base de cotización única y obligatoria coincide con la base mínima de cotización que se halle prevista, en cada momento, para el Régimen General, lo que se ha de traducir en unas prestaciones de cuantía acorde con el importe de dicha base.

Fuente: REAF

El arrendamiento de vivienda está exento de IVA, si el arrendatario es una persona jurídica y se indica la persona que utilizará la vivienda

24 Mar

El arrendamiento de vivienda está exento, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el caso de que el arrendatario sea una persona jurídica y se indique en el contrato la persona concreta que utilizará la vivienda

El Tribunal unifica criterio a través de dos Resoluciones desestimatorias y análogas que permiten apreciar los requisitos formales del contrato de arrendamiento exigidos en el caso de que, siendo el arrendatario una persona jurídica, el inmueble vaya a constituir la vivienda habitual de alguno de sus trabajadores.

En este sentido el Tribunal interpreta que, en base a la finalidad de la norma, la exención debe alcanzar a todos aquellos supuestos en los que el contrato de arrendamiento tiene como finalidad servir de vivienda a una persona concreta, sin que exista un negocio jurídico posterior por el que se ceda el uso de la vivienda.

En sentido contrario, el Tribunal entiende que no se incluirá en el ámbito de aplicación de la exención aquel contrato por el que se faculte al arrendatario a designar a las personas que vayan a ocupar la vivienda, pues en ese caso tendría lugar una cesión o subarriendo que impedirían la aplicación de la exención.

Por tanto, a efectos de la exención, es necesario que el contrato de arrendamiento contemple expresamente la persona que utilizará la vivienda, de tal forma que se impida la cesión a distintas personas de manera discontinua o por periodos inferiores al fijado en el contrato de arrendamiento.

T.E.A.C. Resolución nº 03857/2013, de 15 de diciembre de 2016

 

Normativa Estatal…..

18 Mar

Normativa Estatal…..

Orden HFP/1895/2016, de 14 de diciembre

Se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

B.O.E. de 17 de diciembre de 2016

 

Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre

Se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

 B.O.E. de 17 de diciembre de 2016

 

Orden HFP/1970/2016, de 16 de diciembre

 Se modifica el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.

 B.O.E. de 28 de diciembre de 2016

 

Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo

 Se aprueba el Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

 B.O.E. de 21 de enero de 2017

 

Resolución de 3 de enero de 2017, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

 Se modifica la de 11 de julio de 2014, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA).

 B.O.E. de 5 de enero de 2017

Fuente: REAF

Posibles nulidadesen notificación electrónica…..

15 Mar

Las hojas en blanco que rompen el formato habitual de una notificación electrónica pueden hacerla nula

Este Recurso de casación versa sobre una Sentencia de la Audiencia Nacional en la cual, a causa de una notificación electrónica mal maquetada, la empleada de la entidad encargada de recoger la notificación hizo caso omiso de la misma. La Audiencia en este caso considera que el error de la Administración es de mayor trascendencia jurídica que el del contribuyente, que no revisó el archivo debidamente, interpretando que se trataba de un error informático.

Tras este pronunciamiento, la Administración recurre en casación al Tribunal Supremo, el cual recuerda que en materia de notificaciones lo relevante no es el cumplimiento de las normas formales que regulan la materia, sino el hecho de que los administrados lleguen a tener conocimiento del acto notificado, pues el desconocimiento de lo que se notifica hace imposible cualquier tipo de defensa.

Finalmente el Tribunal falla a favor del contribuyente, entendiendo que hacerlo en sentido contrario le colocaría en una situación de indefensión pues, cuando se trata de notificar un acto sancionador, la jurisprudencia exige extremar el celo en lo referente a la notificación del mismo.

Tribunal Supremo, Nº de Recurso 2841/2015, de 16 de noviembre de 2016

Fuente: REAF

Los ingresos financieros no ordinarios no se incluyen en el importe neto de la cifra de negocios

4 Mar

Los ingresos financieros no ordinarios no se incluyen en el importe neto de la cifra de negocios

En esta sentencia se analiza si los ingresos financieros que percibe el contribuyente deben formar parte del importe neto de la cifra de negocios, cuestión que incide directamente en la posibilidad de acogerse al régimen fiscal previsto para las empresas de reducida dimensión.dinero

En este caso, la actividad principal de la compañía es la intermediación en mercados de renta variable. La Inspección defiende que los ingresos procedentes de la enajenación de acciones tienen su origen en la actividad de negociación por cuenta de terceros, de manera que la entidad no actúa como poseedor de bienes y derechos, sino que nos encontramos ante una prolongación directa, permanente y necesaria de la propia actividad principal. Lo contrario sostiene la parte recurrente interpretando que sus ingresos ordinarios están integrados por las comisiones que obtiene por la prestación de sus servicios y no por los de compra-venta de participaciones.

El Tribunal recuerda que el concepto de importe neto de la cifra de negocios se encuentra estrechamente ligado con la actividad ordinaria de la entidad, entendiendo por tal aquella que se realiza regularmente por la empresa y de la que se derivan ingresos periódicamente. Por este motivo procede entender que los ingresos procedentes de la enajenación de acciones de la cartera permanente de la compañía, en tanto esta operación no es representativa de la actividad de la actora, no deberán ser tenidos en cuenta para la determinación del importe neto de la cifra de negocios.

Audiencia Nacional, Nº de Recurso 331/2014, de 30 de junio de 2016

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