La entrada y registro en el domicilio del obligado tributario

25 May

La entrada y registro en el domicilio del obligado tributario sin advertirle de sus derechos de oposición supone un consentimiento ineficaz del interesado (TC, Sala Segunda, S 16 Mar. 2015, Rec. 2603/2013)

El acceso y subsiguiente registro en la sede social de la empresa se hizo sin respetar las exigencias legales y vulnerando el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio recogido en el art. 18 CE, siendo, por tanto, nulo de pleno derecho lo actuado.

Jurisprudencia comentada

TC, Sala Segunda, S 54/2015, 16 Mar. Ponente: González Rivas, Juan José

El Constitucional ha concedido el amparo a una entidad mercantil en cuyo domicilio social se produjo la entrada de los funcionarios de la Inspección de Hacienda acompañados de un sargento de la Policía Foral de Navarra y por un colaborador experto en informática; los socios administradores permitieron el registro, el acceso a los ordenadores de la empresa y la copia de los discos duros, sin que fueran informados de su derecho a oponerse a la entrada y registro. Fruto de dichas actuaciones de inspección se giraron las correspondientes liquidaciones y sanciones por el Impuesto sobre Sociedades, IVA e IRPF.

Tras realizar un examen sobre la doctrina del TC en relación al derecho a la inviolabilidad del domicilio, y en particular a la extensión del derecho a las personas jurídicas, precisa que si bien las personas jurídicas no gozan de la misma protección (falta la vinculación con un ámbito de intimidad –vida personal y familiar- que solo se predica de las personas físicas), sí gozan de dicho derecho en cuanto a los espacios físicos que le son necesarios para desarrollar su actividad y custodiar los documentos u otros soportes reservados del conocimiento de terceros.

¿Existió en este caso un consentimiento eficaz, esto es, válido, para que la entrada y registro de los actuarios produjera efectos? El TC entiende que no; el consentimiento eficaz necesita de una garantía formal: una información expresa y previa que incluya los términos y alcance de la actuación, y en este caso no la hubo. La entrada en las dependencias empresariales se hizo sin advertencia alguna de derechos a los interesados de su posibilidad de oponerse a la entrada y registro), y en ese contexto, la falta de oposición no podía considerarse como consentimiento tácito.

Es cierto, razona la Sala, que los funcionarios portaban una autorización administrativa para la entrada (que no fue necesario exhibir puesto que se les facilitó el acceso), pero precisamente este dato es relevante porque la autorización administrativa en modo alguno habilita la entrada en los espacios físicos que constituyen el domicilio de la persona jurídica objeto de protección constitucional. Hubo, pues, una vulneración de la garantía de información para recabar el consentimiento del informado, lo que supone la falta de un consentimiento eficaz.

También aprecia el Tribunal una vulneración de la garantía de no autoincriminación del artículo 24.2 CE (que consiste fundamentalmente en que si de acuerdo con la legislación aplicable la declaración ha sido obtenida bajo medios coactivos, esta información no puede ser alegada como prueba en el posterior juicio de la persona interesada, aunque tales declaraciones se hayan realizado antes de ser acusado).

Pues bien, el Alto Tribunal considera que en este caso Sí se produjo la vulneración de dicho derecho, y ello porque la sentencia impugnada otorgó valor de confesión a un reconocimiento de hechos que fue realizado en otro expediente, con la finalidad de regularizar la situación en relación a unas liquidaciones y sanciones concretas, sin consideración a que las actas a que se refiere el recurso contencioso-administrativo fueron firmadas en disconformidad precisamente por su conexión con los datos obtenidos de las diligencias practicadas con vulneración del art. 18.2 CE . Esta conformidad prestada para evitar un proceso penal –continúa la Sala- no se puede extender al consentimiento prestado en un procedimiento distinto de carácter administrativo sancionador.

Fuente: REAF

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