Inconstitucionalidad de las deducciones autonómicas cuando se exige el requisito de alta en el Censo de empresarios o profesionales.

16 Ene

Inconstitucionalidad de las deducciones autonómicas cuando se exige el requisito de alta en el Censo de empresarios o profesionales.      

Recordamos que las Comunidades Autónomas pueden regular deducciones sobre los tributos cedidos, si bien deberán hacerlo dentro del marco fijado por la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas y por la correspondiente ley de cesión de tributos. En cuanto a la capacidad normativa sobre las deducciones propias, pueden regularlas por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales o por aplicación de renta. En este caso se interpone un recurso de inconstitucionalidad porque se considera que ciertas deducciones, reguladas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, invaden la competencia estatal.

Las deducciones controvertidas tienen como finalidad el fomento del autoempleo de jóvenes, tanto para hombres como para mujeres. Para su aplicación se exige el requisito de que los contribuyentes causen alta en el censo de empresarios, profesionales y otros obligados tributarios previsto en la normativa estatal.

El Tribunal determina que dichas deducciones son inconstitucionales porque suponen una extralimitación al encontrarse ligadas al ejercicio de actividades económicas, de manera que no resulta factible su encuadramiento dentro de las deducciones por inversiones no empresariales. Se trata así claramente de deducciones vinculadas con la obtención de rentas empresariales o profesionales, únicas para las que dicha alta constituye un requisito. A ello no obsta el hecho de que en su aplicación o cuantía se hayan tenido en cuenta elementos personales, como la circunstancia de ser mujer y/o menor de 35 años, pues no son dichos elementos los determinantes de la misma, de forma que la sola condición personal indicada no otorga derecho a la deducción.

También se declara inconstitucional el inciso final del artículo que se refiere a la comprobación de valores: (…) asimismo, el Perito de la Administración podrá aplicar los precios medios de mercado establecidos reglamentariamente conforme a lo previsto en el apartado 3 de este artículo o el valor consignado en las declaraciones presentadas por el sujeto pasivo a efectos de liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el préstamo hipotecario cuando proceda de la valoración realizada por una sociedad de tasación conforme a la legislación vigente. Entiende que lo que hace la norma autonómica no es estrictamente establecer un medio nuevo de comprobación, sino alterar el contenido y sentido de un medio ya existente y regulado por el Estado, como es el dictamen de peritos. Esta regulación autonómica desnaturaliza la finalidad de este medio, que está contemplado en la Ley General Tributaria como un mecanismo objetivo, basado en la autonomía e independencia del perito, al que por tanto no cabe imponer un medio o varios medios para llevar a cabo su valoración. En consecuencia, la norma autonómica impugnada introduce de facto un medio de valoración distinto a los del Estado, al modificar sustancialmente un medio existente.

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Tribunal Constitucional, Sentencia Nº 161/2012, de 17 de octubre de 2012

FFUENTE: REAF

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