Medidas no estrictamente tributarias

Limitación de pagos en efectivo

Se prohíbe el pago en efectivo, con importe de 2.500 euros o más, de las operaciones en las que intervenga al menos un empresario o profesional. En el caso de pagadores no residentes el importe será de 15.000 euros.

Para el cálculo de las anteriores cuantías, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

En las operaciones que no pueden pagarse en efectivo, los intervinientes habrán de conservar los justificantes del pago durante 5 años, excepto de los realizados en entidades de crédito.

El incumplimiento de esta limitación lleva aparejado un régimen de infracciones y sanciones.

Así constituye infracción administrativa grave, que prescribe a los 5 años de haberla cometido, el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo, siendo infractores tanto la persona que pague como la que reciba las cantidades en efectivo, y ambos responden de manera solidaria.

La sanción será de un 25% del importe pagado en efectivo si se superan los límites establecidos.

Se exime de responsabilidad a la persona que haya intervenido en la operación cuando, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de pago, denuncie ante la AEAT el incumplimiento de la limitación. Si la denuncia es simultánea por ambos intervinientes, ninguno queda exonerado.

Por último, el procedimiento sancionador se rige por la Ley 30/1992, siendo competente en todo el territorio nacional la AEAT para tramitarlo y resolverlo, pudiendo requerir datos a los contribuyentes para la dicha tramitación.

Modificación del Código penal en materia de fraude fiscal

Se modifica la configuración del delito fiscal de tal forma que la regularización deja de ser excusa absolutoria para pasar a ser una circunstancia cuya concurrencia impide la existencia de ese delito.

Se prevé un nuevo tipo agravado de delito fiscal, que se puede sancionar con una pena de prisión de 2 a 6 años (en general es de 1 a 5 años), lo cual conlleva que la prescripción, en este caso, pase a ser de 10 años en lugar de 5. Para que se aprecie este delito debe haberse cometido en concurrencia con alguna de las siguientes circunstancias: la cuota defraudada exceda de 600.000 euros, se haya defraudado en el seno de una organización o grupo criminal o que se hayan utilizado personas físicas, jurídicas o entes interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales para ocultar o dificultar la determinación del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio de aquellos.

Por último, cabe destacar que se permite que la Administración tributaria continúe con el procedimiento de cobro de la deuda tributaria aunque el contribuyente esté inmerso en un procedimiento penal.

<Fuente> REAF

Indicadores de Actividad del Sector Servicios

Indicadores de Actividad del Sector Servicios

 
Os dejo un informe interesante sobre indicadores en este sector.

PDF:-> INdicadores_iass1112

Inconstitucionalidad de las deducciones autonómicas cuando se exige el requisito de alta en el Censo de empresarios o profesionales.

Recordamos que las Comunidades Autónomas pueden regular deducciones sobre los tributos cedidos, si bien deberán hacerlo dentro del marco fijado por la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas y por la correspondiente ley de cesión de tributos. En cuanto a la capacidad normativa sobre las deducciones propias, pueden regularlas por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales o por aplicación de renta. En este caso se interpone un recurso de inconstitucionalidad porque se considera que ciertas deducciones, reguladas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, invaden la competencia estatal.

Las deducciones controvertidas tienen como finalidad el fomento del autoempleo de jóvenes, tanto para hombres como para mujeres. Para su aplicación se exige el requisito de que los contribuyentes causen alta en el censo de empresarios, profesionales y otros obligados tributarios previsto en la normativa estatal.

El Tribunal determina que dichas deducciones son inconstitucionales porque suponen una extralimitación al encontrarse ligadas al ejercicio de actividades económicas, de manera que no resulta factible su encuadramiento dentro de las deducciones por inversiones no empresariales. Se trata así claramente de deducciones vinculadas con la obtención de rentas empresariales o profesionales, únicas para las que dicha alta constituye un requisito. A ello no obsta el hecho de que en su aplicación o cuantía se hayan tenido en cuenta elementos personales, como la circunstancia de ser mujer y/o menor de 35 años, pues no son dichos elementos los determinantes de la misma, de forma que la sola condición personal indicada no otorga derecho a la deducción.

También se declara inconstitucional el inciso final del artículo que se refiere a la comprobación de valores: (…) asimismo, el Perito de la Administración podrá aplicar los precios medios de mercado establecidos reglamentariamente conforme a lo previsto en el apartado 3 de este artículo o el valor consignado en las declaraciones presentadas por el sujeto pasivo a efectos de liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el préstamo hipotecario cuando proceda de la valoración realizada por una sociedad de tasación conforme a la legislación vigente. Entiende que lo que hace la norma autonómica no es estrictamente establecer un medio nuevo de comprobación, sino alterar el contenido y sentido de un medio ya existente y regulado por el Estado, como es el dictamen de peritos. Esta regulación autonómica desnaturaliza la finalidad de este medio, que está contemplado en la Ley General Tributaria como un mecanismo objetivo, basado en la autonomía e independencia del perito, al que por tanto no cabe imponer un medio o varios medios para llevar a cabo su valoración. En consecuencia, la norma autonómica impugnada introduce de facto un medio de valoración distinto a los del Estado, al modificar sustancialmente un medio existente.

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Tribunal Constitucional, Sentencia Nº 161/2012, de 17 de octubre de 2012

FFUENTE: REAF

Imposibilidad de aplicar la regla especial de operaciones a plazos cuando no se ha pactado la exigibilidad.

En una operación de venta de acciones, instrumentada a través de escritura pública, se pacta que el pago de la contraprestación se podrá realizar en cualquier momento, antes de transcurridos doce años desde la fecha de la escritura, quedando expresamente autorizada la parte compradora para realizar, durante dicho plazo, la entrega de cantidades parciales que estime oportuna hasta llegar al final del precio convenido. El contribuyente se acoge a la regla especial de las operaciones a plazo para imputar las ganancias patrimoniales. Recordamos que la norma del Impuesto establece que, en el caso de operaciones a plazo o con precio aplazado, el contribuyente podrá optar por imputar proporcionalmente las rentas obtenidas en tales operaciones, a medida que se hagan exigibles los cobros correspondientes.

El Tribunal, que comparte el criterio de la Administración, rechaza la regla especial de imputación temporal que aplica el contribuyente. El interesado confunde los pagos que puedan hacerse de aquel aplazamiento con la exigibilidad  de los cobros a los que se refiere la norma, que no concurren en el presente caso. El Diccionario de la Real Academia define el concepto de exigible como aquello que puede o debe exigirse, definiéndose el vocablo exigir como pedir imperiosamente algo a lo que se tiene derecho.

En esta ocasión, el comprador no se enfrenta a un calendario de pagos cuyos vencimientos determinan aquella exigibilidad y, por lo tanto, la imputación a aquel periodo impositivo en concreto de la parte proporcional de la ganancia diferida.

 Audiencia Nacional, Sentencia Nº 324/2010, de 23 de mayo de 2012

 FUENTE: REAF

Presunción de la existencia de rentas no declaradas por haber sido registradas deudas inexistentes.

En esta ocasión la Inspección de los Tributos aumenta la base imponible del Impuesto sobre Sociedades por presunción de obtención de rentas no declaradas por deudas inexistentes reflejadas en la contabilidad. El recurrente alega que las partidas regularizadas fueron deudas que, aún siendo desconocido su origen, estaban contabilizadas con anterioridad al periodo prescrito más antiguo, aportando como medio de prueba documentos contables. La Administración entiende que no es prueba la contabilidad, ya que los libros del empresario no reflejan la imagen fiel de la entidad.

El Tribunal entiende que la Ley no exige una prueba extracontable a efectos de la imputación de la renta, bien en un periodo anterior prescrito bien a otro más moderno aún cuando no estuviere prescrito, resultando válido cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluidos los libros de contabilidad, a la hora de fijar el momento en que se generó la renta así como el periodo impositivo al que resulta imputable.

Una vez apreciada por la Inspección que se trata de una deuda inexistente, es precisamente la contabilidad, si se encuentra legalizada, la que puede dar fe, entre otros medios, de la fecha del registro de la deuda que no se considera existente por la falta del debido soporte documental.

Tribunal  Supremo, Número 259/2010, Sentencia de 5 de octubre de 2012

FUENTE: REAF

La importancia del CRM en la empresa

La importancia de disponer de un CRM en nuestra empresa

Pero, ¿Qué es un CRM? [Customer relationship management]

Podríamos definirlo como un Software para administrar o gestionar la relación con los clientes, apoyar la gestión de esas  relaciones, gestionar las oportunidades de negocio, la fuerza de ventas y el marketing de la empresa.

Muchas veces nos preguntamos por qué nuestros clientes desconocen muchas de las cosas que hacemos. Es nuestra obligación mantenerlos informados tanto de nuestros productos y servicios como  incluso (y por qué no) de nuestros éxitos y logros empresariales.

Para ello, en primer lugar debemos ser muy ordenados. Manejarnos con una agenda que nos permita anotar cualquier incidencia, detalle u oportunidad relacionda con nuestros clientes o contactos (Prospect) en cualquier momento y bajo cualquier plataforma.

Mantener a mano los datos de nuestros clientes, y activar en todo momento los contactos.

Gestionar con orden y criterio las posibles oportunidades de negocio, en estos días muy escasas, por cierto.

Establecer unos protocolos de trabajo en la empresa, que hagan que nuestras tareas rutinarias tiendan a la excelencia.

En realidad, un CRM es mucho más, y cada empresa o negocio, debe enfocarlo a rentabilizar al máximo sus objetivos, siempre desde la planificación de su propia estrategia.

A través del departamento comercial, el CRM nos permitirá gestionar:

–          Procesos de Tele-marketing

–          Campañas de marketing

–          Otras acciones comerciales

–          Fuerza de ventas

–          Seguimiento de oportunidades de negocio

–          Gestionar el servicio de postventa

y todo ello, siempre con criterios claros de segmentación y análisis minuciosos para  medir los resultados obtenidos.

José María Marco Lázaro