El caso OPEL (En Aragón)

18 Sep

En Aragón según el Instituto Nacional de Estadística hay un total de 93.283 empresas, que emplean actualmente a 575.600 trabajadores.  Lamentando profundamente el posible despido de 1.600 trabajadores de la compañía OPEL, deberíamos detenernos un momento y meditar sobre este caso. Todos los políticos aragoneses y a muy última hora el gobierno de Madrid, aparecen en los medios de comunicación e incluso en los telediarios nacionales, como los posibles salvadores de estos trabajadores ante su pérdida de empleo. Dicen que llegarán hasta donde sea necesario y que apoyarán incluso con fondos públicos esos empleos. Aragón por citar algún dato, cuenta con 9.791 empresas que emplean entre 3 y 5 trabajadores y  3.113 empresas con una media de empleo entre 10 y 19 trabajadores. ¿Qué hacen nuestros políticos ante la terrible destrucción de empleo que acarrea el cierre de cientos de microempresas y pymes? ¿Han evaluado la repercusión que tendría en la estabilidad del empleo aragonés que los millonarios avales puestos a disposición de OPEL, se ofreciesen a estas microempresas que mantienen también a muchas empresas ‘auxiliares’ y que por falta de renovaciones de pólizas de crédito, ridículas en muchos casos, se ven abocadas a destruir empleo con la ruina del empresario? ¿A cuánto ascienden las subvenciones recibidas por esta multinacional frente a las que no reciben el resto de empresas aragonesas, sin tener en cuenta los ‘tratos de favor’? La verdad es que el asunto da para mucho. Desde luego como nos dejan clarito que existen empresas y trabajadores de primera categoría, de segunda y de … , qué pregunten a los empleados de una pequeña pyme sobre excendencias, prejubilaciones – que al final pagamos entre todos los demás – qué políticos defienden sus intereses. Si OPEL representa un 5% del PIB aragonés y el 25% de nuestro sector industrial, ¿dependemos de una multinacional para nuestra supervivencia como comunidad autónoma? La clase política debería destinar sus esfuerzos a proporcionar un marco jurídico favorable para que los emprendedores podamos iniciar proyectos empresariales que generen empleo y renta y dejarse de jugar a empresarios con el dinero de todos los ciudadanos.

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